El Mercurio
Señor Director:
Ayer, su diario da cuenta de que el Gobierno, a través de los ministerios de Obras Públicas y del Medio Ambiente, está llevando a cabo la instalación de 16 consejos de cuenca, bajo la eufemística expresión de que serían pilotos, pero para ello ha movilizado a los gobiernos regionales y a numerosos cuadros administrativos locales, todo lo cual tiene como objetivo explícito sustituir a las actuales juntas de vigilancia del país en su función de distribuir el agua.
Las juntas de vigilancia de los ríos están en el centro del modelo de Derecho de aguas vigente, y es difícil exagerar la importancia secular que han tenido en la equitativa y pacífica distribución de las aguas, rol que ha sido reafirmado por dos recientes manifestaciones de la voluntad soberana.
Primero, la unanimidad del Congreso Nacional aprobó importantes reformas al Código de Aguas, publicadas como ley en abril de 2022, en que se mantuvo de manera explícita la atribución autónoma de tales juntas. Luego, la ciudadanía rechazó en septiembre pasado, por una amplia mayoría, la propuesta constitucional que intentaba la capitis deminutio de tales juntas, las que serían sustituidas por los consejos de cuenca, que es la misma denominación con que ahora el Gobierno tozudamente las desea instalar de facto.
Lo democráticamente correcto es que previamente se manifieste el Congreso Nacional sobre la materia, y mientras ello no ocurra debiera cancelarse esta actuación en que se intenta una verdadera usurpación de las atribuciones que el vigente Código de Aguas entrega a las juntas de vigilancia.
