Diario El Mercurio
Desde 2011, para constituir una fundación o corporación el trámite ya no debe hacerse en el Ministerio de Justicia, sino que en la municipalidad respectiva. Se trata de un proceso sencillo, después del cual el organismo queda en un listado de personas jurídicas sin fines de lucro, a cargo del Registro Civil.
Es más, pese a que deben contar con memorias, balances e informaciones de sus actividades, estos no se entregan a ningún organismo, sino que permanecen en manos de las propias entidades, en el caso de que sean solicitados por esta cartera ante alguna denuncia o reclamo.
Aunque algunos profesores de Derecho Público creen que solicitarles mayores exigencias afectaría su existencia, la mayoría estima que se debe mejorar el cruce de datos y la coordinación, así como avanzar en prácticas de transparencia que permitan hacer efectiva la fiscalización, hoy casi inexistente.
Y tras el caso de Democracia Viva, representantes de fundaciones han pedido estandarizar la entrega de información para agilizar el control del Estado.
Solo registros, pero sin fiscalización
Para el profesor Jaime Alcalde, de la Universidad Católica, 'hay varios problemas relativos a las personas jurídicas sin fines de lucro. De hecho, algunos casos han sido públicos, como pagos a directores de fundaciones y corporaciones, ya que la ley dice que no pueden recibir retribución por sus servicios'.
Aunque no cree que el encargado de esa supervigilancia deba ser el Ministerio de Justicia: 'Si ya se le sacaron las funciones de creación y se les entregó a las municipalidades, quizás son ellas las que deberían hacerlo'.
Su par de la Universidad Diego Portales (UDP) Íñigo de la Maza recuerda que 'todas las fundaciones informan al Ministerio de Justicia de su existencia', pero su labor de fiscalización, dice, 'es más panorámica, no tiene que ver con el día a día de estos organismos'.
Luego, añade, 'por supuesto que tendrá que privarlos de personalidad jurídica si es que tiene noticia de que se están comportando ilícitamente, pero es más bien algo represivo'.
Alcalde explica que actualmente la causa de disolución de estas entidades es una sentencia judicial derivada de un juicio iniciado por requerimiento del Consejo de Defensa del Estado (CDE), tras una petición 'fundada' de Justicia.
La docente de la UDP Claudia Bahamondes recuerda que 'cuando se dictó la ley, se dijo que era un problema radicarlo en las municipalidades, porque todo depende mucho de la que toque, va a depender un poco de la administración de turno, lo que no debe ocurrir'.
Mientras que el profesor de la Universidad del Desarrollo (UDD) Pedro Pablo Vergara cree que 'el punto está en cuanto sirvan de ‘vehículo' para otras cosas o sea receptora de fondos públicos. En el primer caso, el tema podría ser más bien policial; en el segundo, tendría sentido que se las fiscalizara'.
Plantean posibles modificaciones
Los académicos concuerdan en que podría existir mayor coordinación entre quienes reciben la información o deben fiscalizar distintas etapas del trabajo de las fundaciones.
Bahamondes plantea que como para constituir uno de estos organismos 'no hay nada detallado que señale qué se tiene que presentar y en qué orden, no hay un formulario o algo parecido', una posibilidad sería crear una entidad a cargo de ello.
'A lo mejor, dependiente de la municipalidad o del Ministerio de Justicia, pero especializada —precisa—, porque o si no, siempre se va a diluir la fiscalización, ya que es mucha la información y no es posible procesarla en tan poco tiempo', estima.
Alcalde agrega que la secretaría de Estado podría dictar un reglamento que 'unifique determinados criterios, porque, de lo contrario, sigue entregado a cada municipalidad', y solicitarse medidas de transparencia activa, como que tengan un sitio web con información actualizada de sus actividades.
Y De la Maza advierte que 'el problema está en el órgano administrativo que pasa el dinero, porque es él quien tiene que verificar que se trate de una persona jurídica apta'.
Frente a ese escenario, puntualiza, 'podríamos decir que falta una mejor coordinación'.
Vergara, en tanto, afirma que 'no cabe duda de que con aquellas que tienen un aporte público debería haber un sistema cruzado, pero no hay que generalizar'.
Muchos organismos dificultan el control
El profesor de la UDD comenta que debido a que son miles las fundaciones existentes en el país, 'el Ministerio de Justicia carece de la facultad de controlarlas a todas; pero, además, tampoco tendría mucho sentido, porque la mayor parte de ellas son personas jurídicas de poco patrimonio, que sirven a sus fines razonablemente bien'.
Agrega que si a estas entidades de menor tamaño se les piden más requisitos 'será imposible cumplirlos, porque muchas son clubes sociales o pequeñas organizaciones, y al exigirles un directorio con toda clase de responsabilidades, nadie se interesará en participar'.
El resto de los especialistas describe como cierta esta dificultad de la cartera de Justicia para fiscalizar, ya que —indican— necesitaría un departamento de personas de gran tamaño, dejando de lado otras actividades.
