El Mercurio
Hace un par de días se ha publicado el Índice de la Capacidad para combatir la Corrupción, informe que abarca el desempeño en este ámbito de distintos países de Latinoamérica. En él, aunque Chile sigue tercero en la región, nuestra puntuación global bajó un 3% respecto del año pasado, y nuestro rubro general con el peor puntaje es el de capacidad legal.
La publicación de este informe ha coincidido con la conmoción pública derivada de actuaciones estatales que eventualmente comprometerían el respeto a la probidad y la legalidad.
A partir de estos antecedentes, parece oportuno preguntarse si las normas propuestas en el anteproyecto constitucional responderían adecuadamente a las exigencias de un efectivo control del Estado.
Una vista panorámica muestra que el anteproyecto se ha ocupado de este tema, pero que aún requiere mejoras importantes. En tal sentido, este lunes se destacó en 'El Mercurio' que, semanas atrás, en la Comisión Experta se había presentado una enmienda por la cual se garantizaba 'la concursabilidad en el acceso a los cargos, contratos y bienes públicos', pero que ella no había llegado a integrar el texto definitivo.
Con todo, es importante tener en consideración que hay otras mejoras que, en materia de control del Estado, podrían introducírsele al anteproyecto por el Consejo Constitucional.
Un primer tipo de mejoras concierne a aspectos estructurales o conceptuales del Derecho Administrativo. Tal es la situación del Derecho Administrativo Sancionatorio, que el anteproyecto ha optado por separar de la matriz del Derecho Penal (art. 16.9). Ello producirá al menos dos efectos adversos. Por una parte, se generará una desprotección de las personas, dado que las garantías constitucionales penales no regirían en la esfera administrativa, ni siquiera 'con matices', como hoy. Por otra parte, dado que el Derecho Penal, de competencia de los tribunales, sí queda sujeto a un estatuto constitucional robusto, existirá una tentación permanente de evitar los mayores controles penales radicando la actividad sancionatoria en la esfera administrativa. Por lo anterior, el anteproyecto clama por una modificación en esta materia a fin de garantizar un debido control de la actividad sancionatoria.
Un segundo tipo de mejoras se refiere al robustecimiento de la labor de control de la Contraloría General de la República. Esto puede implicar varios aspectos. Por ejemplo, la introducción en dicho organismo de un Consejo que pueda favorecer el buen desempeño de sus funciones. En la Comisión Experta se propuso un Consejo Técnico Asesor, de carácter consultivo, pero dicha propuesta no alcanzó la mayoría requerida. Parecería muy favorable reintentar su introducción.
Otro aspecto que parece indispensable es que, dado que el anteproyecto aumenta las prerrogativas actuales de las autoridades regionales y locales, ello sea objeto de contrapesos contralores. Una opción lógica sería reforzar el rol de las contralorías regionales e implementar mecanismos de control que actualmente no existen sobre estos niveles territoriales, como la toma de razón (control preventivo de legalidad de los actos administrativos).
Un tercer tipo de mejoras apuntaría a perfeccionar la forma en que el texto ha abordado mecanismos judiciales de defensa de los derechos de las personas. Por ejemplo, dos acciones muy importantes para ello —la de nulidad de Derecho Público (que protege frente a las inconstitucionalidades e ilegalidades cometidas por el Estado) y la de responsabilidad del Estado (que protege frente a los daños que este produzca)— se han abordado inadecuadamente en el anteproyecto, con normas nuevas, susceptibles de blindar al Estado frente a sus atropellos o, al menos, de debilitar los controles actualmente existentes.
Sin un efectivo y profundo control del Estado y de la función pública, incluso la arquitectura política más sofisticada sería incapaz de combatir debidamente el flagelo de la corrupción y de resguardar poderosamente nuestro Estado de Derecho. La tarea que el Consejo Constitucional tiene por delante, afinando el anteproyecto en estas materias, es de la mayor relevancia para el futuro del país.
