El Mercurio
Una mirada de conjunto al proceso constituyente desde 2019 permite apreciar que ha sido, hasta el momento, empujado por las pasiones y por algunos acuerdos circunstanciales y fluctuantes. A partir del 7 de mayo pasado, sin embargo, nos enfrentamos con lo que podría ser un último proceso, ahora más maduro. ¿De qué depende que el actual procedimiento sea realmente sensato y que sus protagonistas se sientan empujados a darlo todo para arribar a buen puerto?
Algunos elementos necesarios ya están presentes: el trabajo de la Comisión Experta, que supera con creces la propuesta rechazada por el pueblo, y la actitud abierta y dialogante de la mayoría republicana que ha asumido el liderazgo en el Consejo que acaba de comenzar su andadura.
Esto no es, con todo, suficiente. Es necesario asegurar una moratoria constitucional. El proceso avanza y Chile tiene derecho a que sea, esta vez, serio y definitivo. Por eso debe dársele la seriedad que tienen las oportunidades únicas.
Incluso el Presidente de la República ha expresado que, de fracasar el intento actual, no habría condiciones para un tercer proceso constituyente. Su diagnóstico de la situación política es certero; pero a esta visión —probablemente compartida transversalmente— debe añadirse el compromiso de respetar el resultado en forma duradera.
No es admisible tomar un veredicto negativo solo como una mera postergación, para seguir con una especie de extorsión a los chilenos, que quieren cerrar de una vez este capítulo revolucionario. Sería como decirles: 'o aprueban alguna vez o seguiremos con la repetición interminable de los intentos'.
A decir verdad, en el proceso anterior muchos entendimos que el inciso final del Artículo 142 de la Constitución no era una simple reiteración de lo obvio, es decir, de que, mientras no se deroga la Constitución y no es reemplazada, sigue vigente la actual. Pensábamos de buena fe que esa permanencia respetaba la preferencia del pueblo, puesto a elegir entre dos constituciones, y que, por consiguiente, se enunciaba el resultado firme del eventual Rechazo en el plebiscito de salida: 'Si la cuestión planteada al electorado en el plebiscito ratificatorio fuere rechazada, continuará vigente la presente Constitución' (Art. 142, inc. final).
Por eso muchos ciudadanos —no solo los republicanos— se han sentido manipulados y abusados cuando, tras la derrota del texto extremo propuesto por la Convención fracasada, hubo una alianza cupular de las élites para eludir el sentido natural y obvio de ese Artículo 142.
Seamos serios. No sería aceptable para nadie que semejante maniobra se reiterara una y otra vez, hasta que el pueblo finalmente les dijera que sí a sus élites políticas, casi por cansancio. Eso no es serio; no es democrático; no es respetuoso del veredicto de la mayoría.
Por tanto, las palabras del Presidente deben ser confirmadas mediante una reforma constitucional urgente, que imponga una moratoria constitucional de diez o quince años antes de que pudiere proponerse otro proceso de reemplazo constitucional, con obligado plebiscito de entrada.
Esa reforma es tan sencilla como añadir el siguiente texto al final del inciso 5º del Artículo 159 (análoga al Artículo 142 actual, que no rige el presente proceso): 'Por el contrario, si la opción ‘En contra' resultare vencedora en el plebiscito nacional, solamente a partir del año 2033 [2038] podrá proponerse a la ciudadanía, mediante otro plebiscito, el inicio de un nuevo proceso de reemplazo constitucional, sin perjuicio de la introducción de reformas parciales en conformidad con los artículos 127 a 129 de esta Constitución'. Naturalmente, la propuesta deja intacto lo obvio, que no es necesario mencionar entre personas de buena fe: continuaría en vigor la actual Constitución.
La ausencia de un precepto semejante al propuesto —o incluso del simple Artículo 142, inciso final, que fue excluido en este segundo procedimiento— es señal de la poca seriedad de nuestros líderes políticos, a la hora de jugar con las certezas básicas del orden jurídico. Una oportuna reforma de moratoria constitucional es necesaria para comenzar a recuperar nuestra seriedad constituyente.
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