El Mercurio Legal
“Son 22 atentados con artefacto explosivo desde el 2019 a la fecha. Y durante el 2023 tenemos la misma cantidad de explosivos colocados en el año 2022”, afirmó el fiscal jefe de la jurisdicción metropolitana Sur, Héctor Barros, ayer tras reunirse con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, para coordinar acciones que mejoren la persecución de estos delitos, luego de que se registraran tres atentados en los últimos días en las regiones de Valparaíso, Ñuble y Biobío.
El encuentro tuvo lugar en las oficinas de la fiscalía y contó con la presencia además del general Alex Chaván, director de Control de Drogas e Investigación Criminal de Carabineros.
Respecto de las cifras aludidas por Barros, desde la fiscalía metropolitana Sur detallaron que este año ya van seis casos, los mismos que los ocurridos en todo 2022.
El persecutor destacó, además, el respaldo de la Fiscalía Nacional para seguir investigando estas causas relacionadas con artefactos explosivos, que se les asignan desde 2010, e hizo referencia a algunos casos, “con muy buenos resultados en cuanto a condenas”, ejemplificando con el caso del Subcentro de Escuela Militar, donde el tribunal acogió la calificación de delito terrorista y condenó a 23 años de presidio a Juan Flores Riquelme. O el caso del denominado “lobo solitario”, que fue vinculado al grupo ecoterrorista ITS (Individualistas Tendiendo a lo Salvaje), y se le sindicó como el responsable de la colocación de cuatro artefactos explosico, logrando una condena de 47 años de cárcel, según el fiscal Barros.
“Y estamos a la espera del próximo mes para iniciar el juicio oral de la colocación de cuatro artefactos explosivos del grupo de Solar y Caballero”, afirmó el jefe regional.
Gobierno los califica como “actos terroristas”
Luego de la cita, el subsecretario Monsalve destacó que los hechos ocurridos recientemente “son actos terroristas”, e indicó que se está trabajando para establecer “cuál es la mejor herramienta para perseguirlos”.
Esto, porque desde la perspectiva del Gobierno “la ley Antiterrorista no es la mejor herramienta, porque el nivel de prueba que hay que lograr en tribunales para finalmente condenar a una persona, muchas veces no se puede alcanzar”.
En ese sentido, expresó sobre el proyecto de ley para una nueva norma antiterrorista, que “queremos presentar una buena propuesta, más cerca de julio que de diciembre”.
Además, aseguró que para enfrentar estos fenómenos criminales “es muy importante la inteligencia criminal, justamente por las amenazas terroristas”, para lo que se requiere “fortalecer el sistema de inteligencia del Estado, y creo que es una necesidad que compartimos transversalmente”.
Abogados abordan las complejidades que hoy presenta el invocar la ley Antiterrorista en estos casos.
Tatiana Vargas, por ejemplo, explica que desde su análisis “nos movemos en extremos”. Se refiere a que de un tiempo a esta parte pasamos de “aplicar el delito presumiendo una finalidad terrorista a no aplicarlo aparentemente nunca, a pesar de haber derogado la presunción”.
Reflexiona que el presidente habla de modernizar la ley, pero “sin mencionar qué requiere modernización”.
En ese sentido, profundiza en que “el delito contemplaba una presunción de finalidad que efectivamente contradice principios básicos de presunción de inocencia y de culpabilidad. El problema era legal, no de mala aplicación. Las condenas no obedecían a la aplicación. Hoy ya no existe la criticada presunción”.
“La dificultad de prueba no supone negar su presencia”
Respecto de las complejidades para alcanzar altos estándares probatorios, Vargas asegura que “la dificultad de prueba no supone negar su presencia”. Y en ese sentido, concluye que “lamentablemente la falta o muy limitada aplicación de la ley parece requerir una modificación que refuerce lo obvio, solo que de modo determinante, como ocurrió con la Ley Naín-Retamal en la necesaria capacitación o la procedencia de la necesidad racional del medio en la legítima defensa. Al parecer, se debe reforzar la exigencia de elementos objetivos que revelen o den cuenta de la finalidad de infundir temor en la población”.
Por su parte, el penalista y académico UC, Alex van Weezel, comenta que “la legislación que ya existe más la ley sobre Crimen Organizado que se publicó hoy (ayer) basta y sobra en el plano legal. Esto no es asunto de leyes, sino de instituciones para la investigación y persecución de las organizaciones terroristas”.
Respecto de cómo se mejora este ámbito de la investigación, propone que se debe reforzar “desde la coordinación entre las instituciones del Estado para compartir e integrar información hasta las técnicas y tecnologías criminalísticas, que están disponibles en los países que han tenido que lidiar durante años con el terrorismo”.
Nueva institucionalidad de inteligencia
Gonzalo Medina, penalista y académico de la U. de Chile, en tanto, complementa con que “no solo debería evaluarse la revisión de la propia ley sobre conductas terroristas, sino que se requiere tener una institucionalidad de inteligencia, de persecución e investigación que permita abordar los desafíos que estas clase de hechos presenta”.
Para poder abordar la dificultad probatoria, Medina añade que se debe “revisar la estructura y la forma en la cual se entiende que una conducta puede ser calificada como terrorista y el modelo actual chileno parece ser inadecuado para ello”.
Finalmente, el abogado y profesor de la U. Adolfo Ibáñez, Javier Wilenmann, acota que “cuando se habla de problemas técnicos de la norma, esos problemas no son independientes, sino que consecuencias de la politización en la aplicación de la norma”. Y en esa línea, alude que “mejorar es despolitizar. Es romper con las inhibiciones a su aplicación, y esas inhibiciones están dadas por el modo en que se discutió a su respecto durante 20 años”.
