El Mercurio
El 7 de abril, Nil Zapata, ciudadano venezolano sin RUT provisorio en Chile, se convertía en el primer detenido al que se le decretó prisión preventiva tras una solicitud del Ministerio Público enmarcada en la entonces reciente instrucción del fiscal nacional, Ángel Valencia, para aquellos extranjeros que cometieran delitos y no contaran con documentos para acreditar su identidad. ¿El motivo? Intentó atropellar a un carabinero en Maipú.
La Corte de Apelaciones de Santiago —en decisión unánime— acogió los argumentos del organismo de persecución penal y dio por acreditado que existía peligro de fuga del imputado por el delito de homicidio frustrado.
Este nuevo criterio, que ya suma casi dos meses de aplicación, ha tenido defensores y detractores entre los actores del sistema de justicia penal, y también —según un estudio del Ministerio Público— ha dividido las opiniones en los tribunales.
Al 23 de mayo se han presentado 494 solicitudes de prisión preventiva por parte de la fiscalía. De ellas, en 45% de los casos la medida cautelar fue decretada por el juzgado, mientras que en 55% se desestimó.
Sobre las ampliaciones de detención —que es también parte del instructivo de Valencia, cuando el imputado es extranjero y no posee documentos de identificación—, se han registrado 113 peticiones de los investigadores y, en el período analizado, el resultado es similar.
¿En qué casos procede una y otra medida? El jefe de la Unidad Jurídica de la Fiscalía Nacional, Marcos Pastén, explica que, 'en general, respecto de las solicitudes de prisiones preventivas que hemos hecho solo bajo este criterio, los tribunales han accedido a ampliar la detención, para que el Registro Civil de cada una de las regiones proceda a hacer el trámite de enrolamiento y, en aquellos casos donde no habiéndose podido hacer o, simplemente, no habiendo antecedentes distintos, el tribunal ha estimado que el hecho de no contar con una identidad registrada en Chile respecto de estas personas sí es constitutivo de un peligro de fuga'.
Sobre las nacionalidades de los imputados en estos casos, los datos del Ministerio Público arrojan que 53% corresponde a ciudadanos venezolanos, seguidos por colombianos (18%), bolivianos (9%) y peruanos (6%).
'En ningún momento se ha cuestionado la legalidad'
Pastén plantea que, pese a los porcentajes a favor y en contra, las solicitudes son bastante parejas, por lo que se hace 'un balance positivo. El objetivo de la instrucción que emite el fiscal nacional buscaba visibilizar una situación de funcionamiento del sistema'. Es decir, advertir que había un problema.
De acuerdo al estudio del Ministerio Público, además, se han presentado 199 recursos ante las cortes de Apelaciones del país y, de ellos, han sido rechazados el 59%, mientras que en 41% de los casos se concedió la petición de la fiscalía.
La valoración es positiva, insiste el directivo, porque 'cuando uno pide prisión preventiva por peligro para la (seguridad de la) sociedad es porque el sujeto tiene antecedentes, porque el delito tiene pena de crimen, el hecho es grave, son casos donde es más o menos indubitado que procede la prisión preventiva; ahí, por supuesto que los porcentajes de otorgamiento de prisión preventiva son muy altos, pero cuando hablas solo de peligro de fuga —como en estos casos—, acercarnos a un 55% versus un 45% para nosotros es un tremendo éxito comparado con los casos generales'.
También releva que en 'la Corte Suprema los recursos de amparo que ha conocido en ningún momento se ha cuestionado la legalidad del denominado ‘criterio Valencia'. Nadie ha discutido la facultad que tenemos. Podemos discutir si se dan o no los presupuestos, pero lo que ha quedado asentado es que el criterio no es ilegal, y eso para nosotros es muy relevante'.
Si bien el análisis del Ministerio Público es una muestra representativa de estos casos a nivel nacional, dicen desde el organismo de persecución penal, precisan que este incluyó al 90% de sus jurisdicciones —17 de las 19—, dado que la zona metropolitana oriente y el Biobío no entregaron datos actualizados. Además, puntualizan, debe considerarse que las cifras cambian día a día, debido a nuevas detenciones, solicitudes y decisiones de los tribunales.
Decisión debe tomarse caso a caso
Sobre la estadística, el académico de la Universidad Diego Portales, Cristián Riego —uno de los impulsores de la reforma procesal penal—, sostiene que si bien 'habría que ver los números de antes y saber los delitos de que se trata, es muy probable que haya aumentado la prisión preventiva en estos casos, pero ¿es por la instrucción de Valencia o por el cambio de clima en toda la sociedad y que afecta a los jueces también?'.
Por su parte, la profesora de la Universidad de los Andes, Tatiana Vargas, plantea que la prisión preventiva es 'una medida excepcional, por lo que tiene sentido que predomine el rechazo de esta, pero si hay fundamentos jurídicos que revelan un riesgo de fuga, que se puede ver por la magnitud del delito o frente a personas reincidentes o en delito flagrante, esos son criterios básicos para determinar la peligrosidad del sujeto, tanto respecto de la fuga como de la reincidencia'.
En tanto, su par de la Universidad Católica, Alex van Weezel, indica que 'los datos dejan en evidencia que la decisión debe tomarse caso a caso, y eso es lo que hacen los jueces. La situación migratoria y de identificación del imputado es un antecedente más, entre otros que deben ponderarse. Si el propósito de la Fiscalía Nacional es obtener la prisión preventiva sobre la base de un solo antecedente en cuanto a la necesidad de cautela, me parece que el criterio debería revisarse'.
Nacionalidades
Del total de solicitudes de prisión preventiva o ampliación de detención, el 53% fue para ciudadanos venezolanos.
