El Mercurio
El Consejo Constitucional electo ayer deberá redactar un nuevo borrador de Carta Fundamental que, entre sus desafíos, debe asegurar la certeza jurídica, elemento crucial para dar certidumbre a los inversionistas. En ese sentido, varios abogados constitucionalistas consultados ven como prioridad crear un marco estable que asegure la legítima confianza. Patricio Zapata, profesor de la Universidad Católica y consejero sénior de Carey, señala que la inversión requiere de un marco constitucional 'estable y legítimo'.
Por esto, el abogado indica que cuando se produzca el cierre de este proceso de debate constituyente, que ha sido un muy largo, se reducirá significativamente la incertidumbre. Entre los contenidos específicos que se debieran abordar en la nueva Carta, Zapata menciona que se debe garantizar el derecho a la propiedad privada en sus diversas especies, la existencia de tribunales independientes e imparciales, además de hacer más eficaz el sistema político. Por otro lado, indica que, si la nueva Constitución gana legitimidad social, ello también 'contribuirá a que los inversionistas se animen a seguir apostando por nuestro país'.
Enrique Navarro, profesor de la Universidad de Chile y Finis Terrae, indica que todo inversionista busca tener 'reglas claras, que sean fijadas por el legislador sin permitir un trato diferenciado o arbitrario'. También señala que para asegurar la certeza jurídica debe existir propiedad sobre bienes corporales e incorporales, se debe garantizar la esencialidad de los derechos, y que los principios tributarios del nuevo texto prohíban 'impuestos desproporcionados o injustos'. Respecto del derecho de propiedad, Navarro afirma que una nueva propuesta debe ser clara en el derecho a ser indemnizado en casos de expropiación. Arturo Fermandois, socio fundador del estudio Fermandois y exembajador en Estados Unidos, asevera que la nueva Constitución debe 'detener el acelerado deterioro de la certeza jurídica de los últimos diez años', para poder recuperar un 'grado mínimo' de crecimiento, convivencia social y apoyarse en un estado social de derecho. El abogado ve varias causas en el deterioro de la certeza jurídica. Fermandois menciona la 'inestabilidad creciente de los actos administrativos', como permisos, autorizaciones y licencias, la alternancia de gobiernos con agendas 'radicalmente distintas', que llegan con funcionarios prestos a 'revocar, desconocer o invalidar los actos legítimos de los anteriores' y una Contraloría que 'de gran fiscalizador avanza a convertirse a veces en un suprarregulador'.
Fermandois rescata una de las propuestas de la Comisión Experta para ayudar a solucionar este problema, que reconoce en la Constitución los principios de legítima confianza y buena fe. El abogado explica que la confianza legítima es un principio aceptado en el extranjero. La buena fe 'permite amparar la validez de actos y contratos particulares, por regla general'. En este sentido, este principio refuerza la seguridad jurídica y es transversal, 'no puede ser visto como un monopolio de un sector político'. Según Fermandois, 'les sirve a todos: tanto a un indultado frente a la presión política para que el Presidente revoque su decreto, como a un gran proyecto minero cuya RCA se desploma por retractaciones administrativas'. Los abogados constitucionalistas coinciden en que los derechos sociales deben ser entregados por el Estado y por privados, tal como está dispuesto en las bases de este nuevo proceso.
Enrique Navarro señala que los derechos sociales deben ser otorgados por instituciones públicas o privadas, teniendo presente 'los principios de gradualidad y responsabilidad financiera' y prohibiendo los monopolios. Patricio Zapata dice que el acuerdo plantea la necesidad de conciliar el reconocimiento de un estado social de derecho con el respeto a la libertad de los privados para participar, y las personas para escoger. Para el abogado, el nuevo texto 'debe reconocer este equilibrio, dejando en claro que el Estado está al servicio de las personas'. En la misma dirección, Arturo Fermandois expresa que la provisión social debe realizarse con instituciones públicas y privadas 'sin exclusiones ni distinciones capciosas'. Esto significa reconocer en el nuevo texto 'el derecho a elegirlas'.
