El Mercurio - Sábado
Wilther Pierre-Louis, un joven haitiano que llegó a Chile en el año 2016 en búsqueda de un futuro mejor, creyó encontrarlo en la oferta laboral que le hizo Juan Carlos Garrido, expropietario del restaurante Da Garrido, en Purén, Región de La Araucanía.
La oferta, como garzón de lunes a viernes, le llegó a través de la bolsa de empleo para extranjeros de la parroquia San Saturnino en Santiago. 'Juan Carlos Garrido habló conmigo y me especificó las condiciones: cuatro comidas, trabajando 12 horas, pero con un descanso entre medio de cuatro, por el salario mínimo de la época; además, ofreció alojamiento gratuito', cuenta Rosario Barros, quien fuera coordinadora de esta bolsa de empleo.
A mediados de diciembre de 2016, Wilther viajó a Purén con pasajes comprados por su nuevo empleador. Al llegar, las condiciones laborales cambiaron. Nunca le pagaron salario, propinas, ni firmaron un contrato — el cual necesitaba para regularizarse en el país — durante los cerca de dos meses que trabajó en el restaurante, afirma Barros. 'Él empezó a comer de las sobras del restaurante', agrega.
La abogada Natalia Cárdenas explica que la práctica delictiva de la trata de personas consiste en el traslado, captación y acogimiento de personas, mediante la violencia, intimidación, coacción o engaño. Cárdenas, candidata a doctora en Estudios Interculturales de la Universidad Católica de Temuco y miembro del Colectivo Trama Tejido Migrante, complementa que existen tres tipos de trata: con fines laborales, sexuales o de extracción de órganos. Del último tipo aún no se registran casos confirmados en Chile.
En el ámbito laboral existen actos que no llevan al delito de trata de personas, sino solo a infracciones. En esa línea, María Elena Santibáñez, académica de Derecho Penal en la Universidad Católica, aclara que si bien el solo hecho de no pagar un sueldo, por ejemplo, no significa que se está cometiendo el delito. Sin embargo, en conjunto con otros antecedentes y contexto, sí 'podría servir como indicio para investigar un posible caso de trata de personas'. Quitar cualquiera de estos elementos, dice Santibáñez, en cualquier eventual investigación, sería 'sin duda' un error.
La venezolana Yesenia del Carmen Díaz llegó a Chile de forma regular en febrero del 2018 en búsqueda de un futuro mejor para ella y sus dos hijos, quienes se quedaron en su país. 'Salir de Venezuela no era una opción, sino una obligación para poder sobrevivir', relata. Ella es hoy parte de los 444.717 venezolanos regulares que se registran en el país, según estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
A fines del año 2018 fue cuando Yesenia, junto a un grupo de inmigrantes, escuchó lo que creyó ser una oportunidad única para poder ayudar a su familia en Venezuela. En un hotel en la ciudad de Curicó explicaban las condiciones laborales y los salarios que recibirían por trabajar en cultivos de frutas con empresas contratistas creadas por Francisco Segundo Mendoza Berríos, gerente de Soluciones Agrícolas SpA.
Sin embargo, pronto llegaría el desencanto. Las condiciones de trabajo pactadas desde el inicio cambiarían para la venezolana.
'Creo que el rechazo migratorio afecta la trata de personas, sobre todo en el tema laboral. Las personas dicen, ‘bueno, pero en su país están peor'. Hay una suerte de tolerancia social porque se atribuye que este contexto de explotación es mejor del que podrían estar experimentando en su país', argumenta Verónica Gómez, académica de Ciencias Sociales de la UCSC e integrante de ObservaLAtrata Latinoamérica.
Lo anterior podría verse ejemplificado en la historia de Esleider Panduro, un peruano de 55 años, quien mientras se encontraba viviendo con su familia en Ucayali, región amazónica de su país, recibió, a través de un familiar, una oferta laboral el 1 de diciembre de 2019.
La propuesta de trabajo la hizo Omar Rojas Ortiz, quien fuera su empleador por más de un año y quien lo tuviera viviendo en una precaria bodega de herramientas con techos de cinc, sin agua caliente y sin comida en un terreno de seis hectáreas ubicado en el sector de Panguilefún, Región de Los Ríos.
El trabajo sería por tres meses, tiempo de su permiso de turismo. Consistía en la remodelación de la casa de Omar Rojas, ubicada en Reñaca, Viña del Mar, por un salario de $400.000, $100.000 de alimentación, más los pasajes aéreos ida y vuelta desde Perú hasta Chile. Todo sin contrato de trabajo, asegura el peruano.
Para Esleider la oferta resultó atractiva porque podría ayudar a su familia en Perú. Lo que nunca supo fue que, al llegar a Chile, las condiciones cambiarían, porque los pasajes aéreos serían descontados de su salario.
'El baño era como una letrina y lejos de donde dormía. Don Omar Rojas le tenía prohibido que saliera y que alguien fuera a visitarlo. Los vecinos que le llevaban comida se la tenían que pasar por debajo o por encima del portón', asegura Yessica Martínez, vecina y una de los testigos de los hechos.
'Una de las cosas más indignantes fue que, cuando falleció mi papá, el señor Omar no me pagó lo adeudado para poder viajar a verlo', dice Esleider Panduro un día de octubre de 2022, mientras se encuentra sentado en una banca junto al lago Panguipulli.
De acuerdo con los datos estadísticos de la Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas, desde la promulgación de la Ley 20.507 del año 2011 que tipifica el delito, 309 personas han sido reconocidas como víctimas, con un total de 52 causas.
A pesar de que las cifras solicitadas a la PDI a través de la Ley de Transparencia sobre denuncias de este delito muestran que durante el año 2021 fueron solo cuatro, el número de casos debiera ser mucho mayor, porque existen factores que dificultan su identificación.
'Es difícil que las víctimas de trata de personas se reconozcan a sí mismas. Con ellas se tiene que hacer un trabajo importante en términos psicológicos, emocionales, sociales. Muchas veces las víctimas lo único que quieren es olvidar lo que vivieron', indica Carolina Suazo, fiscal especializada de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad de la Región Metropolitana Centro–Norte.
Verónica Gómez afirma que en el país falta educación para este delito, incluso para las personas que se dedican a esta materia. 'Profesionales que trabajan en el tema, especialmente vinculados a la justicia, no tienen formación. Hay situaciones que tienen todas las características del delito, pero que no se han procesado'. La académica agrega que la trata de personas está poco visibilizada y que se piensa, erróneamente, que es exclusiva de extranjeros.
Wilther Pierre-Louis se dio cuenta de que, contrario a la oferta inicial, tenía que pagar la vivienda en la que se alojaría. Además, comenta el abogado Tomás Green, quien representó a Wilther en la demanda laboral contra Juan Carlos Garrido por vulneración de derechos fundamentales, que se le había ofrecido un trabajo de garzón y terminó haciendo 'muchas otras funciones'. Agrega que las jornadas eran muy extensas, 'con una comida al día, pero a veces no comía'.
Yesenia y sus compañeros, tras firmar los contratos, fueron trasladados a Coquimbo para trabajar en la cosecha del fundo Tilama, propiedad de Valles del Sur SpA., empresa perteneciente a San José Farms.
Al llegar al fundo se dieron cuenta de que debían dormir 14 personas en una casa con tres habitaciones y un solo baño. Dormían unos junto a los otros, sin discriminar sexos, en todos los rincones de la casa. 'Para utilizar el baño teníamos que levantarnos desde las cuatro de la mañana para que nos pudiéramos turnar', relata Yesenia, quien agrega que en otros fundos dormían en containers, en similares o peores condiciones.
Cuando terminaron los trabajos en ese fundo, Yesenia y sus compañeros fueron llevados a otros campos, donde las condiciones no mejoraron. Es el caso de Agrícola Los Robles Limitada, propietaria del fundo El Arrayán, ubicado a unos cinco kilómetros de Purranque, Región de Los Lagos. '¡Nos daban comida podrida, porque es la verdad, podrida!', asegura Yesenia con ímpetu.
La venezolana se movió por distintos campos, también en el sur. En otra oportunidad relata que cuando estaba durmiendo en otro fundo, 'nosotros gritábamos ‘¡agua pa' las bestias, agua pa' las bestias!', porque llegaba un momento en que teníamos tanta sed, que preguntábamos dónde estaba el tarro con agua y no nos pescaban', dice.
Yesenia agrega que las condiciones eran extremas. 'En uno de esos lugares nos obligaron a subir un cerro muy alto durante 40 minutos, tan empinado que teníamos que subir tomados de las manos entre tres de nuestros compañeros haciendo una cadena. Ese fue el miedo más grande de mi vida, porque dije, ‘aquí muero'', relata. A pesar de aquellas condiciones, ni ella ni sus compañeros podían irse, porque para un inmigrante que no cuenta con redes de apoyo y cuya documentación legal depende de tener un contrato laboral, renunciar significaba quedar a la deriva en un país ajeno. Esto lo menciona Carolina Rudnick, Máster en Política Criminal en London School of Economics and Political Science, representante de la Fundación Libera.
'La razón por la que un trabajador no se va tiene que ver con manipular aquellas dimensiones de su vulnerabilidad respecto de las cuales no se puede resistir. Un migrante que se encuentra en situación irregular teme que lo deporten, que se vaya a la cárcel, por ejemplo, y por lo tanto, está a merced de lo que le diga el patrón', afirma Rudnick.
Ella representa como abogada al peruano Esleider Panduro, quien entró al país el 3 de diciembre de 2019 y de inmediato, según cuenta, se trasladó a la casa de Omar Rojas, donde trabajó en la remodelación de la casa con largas jornadas, según relata.
El 23 de diciembre de 2019 su empleador le ordenó dirigirse a la localidad de El Ciénago, Punitaqui, cerca de la ciudad de Ovalle, para realizar actividades distintas a las acordadas inicialmente, asegura Panduro. Omar Rojas le compró los pasajes para este viaje a través de su administrador. Solo en el aviario, donde había llegado a cumplir labores de cuidador de animales, sin ducha y con un baño a 50 metros de donde dormía, pasó su primera Navidad y fin de año en Chile, sin dinero, porque Omar Rojas le dijo que solamente pagaba al finalizar el mes.
'En este caso en particular se cumple cada una de las condiciones que exige la descripción del delito y al mismo tiempo reúne todas las características de cómo se da la trata de personas', dice Carolina Rudnick, abogada de Esleider.
Rudnick indica que otra señal típica de los tratantes es generar deudas imaginarias con las víctimas, y pone como ejemplo los pasajes que Omar Rojas le descontó a Esleider de su primer sueldo, que solo recibió hasta el 8 de enero de 2020, de $200.000.
El 13 de enero de 2020, Esleider recibió instrucciones de trasladarse al sector de Panguilefún, Región de Los Ríos, para realizar las labores de cuidador de la parcela, limpieza de maleza y hierba las 24 horas del día, sin días de descanso, según relata. Los pasajes del viaje los compró Omar Rojas, pero los pagos por el trabajo fueron menores a lo acordado —según Esleider—, con días de retraso y a través de un intermediario llamado Remigio Labbe.
Gonzalo Medina, abogado y profesor de derecho penal de la Universidad de Chile, explica que el país no sanciona la explotación laboral de manera expresa, sino trabajos o servicios forzados, servidumbre, esclavitud o prácticas análogas, 'por lo que es discutible extender el delito solo a casos de sueldos impagos o jornadas extenuantes de trabajo, a menos que la situación alcance la entidad de un trabajo forzado'.
'Como él (Esleider) era el nuevo cuidador del lugar, Omar me contactaba para transferir dinero a mi Cuenta Rut y poder entregársela al sujeto peruano que mencioné', se puede leer en la declaración que Labbe y otros testigos hicieron ante la Brigada Investigadora de Trata de Personas (Bitrap), la cual está firmada por la inspectora Loreto Jara y el subinspector Ignacio Quevedo.
A una semana de cumplirse su período de turismo, fecha en que tenía el pasaje de regreso a su hogar, su empleador aún le adeudaba dinero por su trabajo. Fue cuando Omar Rojas le dijo que no se fuera, con la promesa de que le pagaría lo adeudado más la multa por quedarse irregular en el país, pero con una advertencia.
'Me dijo que en el caso de ver un carabinero o un PDI, corriera a esconderme para que no me llevaran preso. Entonces yo no podía salir a ninguna parte', dice Esleider. Sin embargo, con la recomendación y la ayuda de algunos vecinos se pudo ir del lugar a finales de diciembre del 2020, y se pudo contactar con la Fundación Libera, que presentó una querella criminal contra Omar Rojas y todos quienes resulten responsables por trata de personas con fines de trabajos forzados.
Juan Carlos Garrido, empleador de Wilther Pierre- Louis, perdió la demanda laboral en tribunales y un recurso de nulidad que interpuso ante la Corte de Apelaciones de Temuco. El 13 de noviembre de 2017 se certificó la sentencia inicial a favor del haitiano por grave vulneración de derechos fundamentales.
Tomás Green, quien representó a Wilther, dice que alcanzaron a embargar algunas cosas del restaurante y de la casa de Juan Carlos Garrido, a pesar de que este último hizo traspaso de bienes después de la sentencia.
Para que Wilther saliera del estado en que vivía en el restaurante, tuvo que ser alentado por Rosario Barros, coordinadora de la bolsa de empleo de la parroquia, y Tomás, su abogado, quienes se dieron cuenta de la situación con el paso de los días, a pesar de la poca comunicación que el joven tenía debido a la escasa señal que había en la zona.
'Garrido no lo dejaba salir. Le empezó a meter miedo diciéndole que la policía lo iba a deportar', afirma Rosario y agrega que él se empezó a dar cuenta de que estaba atrapado. 'Se sentía preso. Cuando le dije, ‘Wilther, vuélvete a Santiago', me dijo que no tenía el pasaporte porque Juan Carlos Garrido se lo había retenido', cuenta.
El 5 de febrero de 2017, sin decirle a nadie, Wilther tomó la decisión de salir del restaurante y volver a la capital, donde su abogado lo esperaba en el terminal. 'Una noche dejó las llaves debajo de un macetero y se regresó', expresa Rosario Barros. Por su parte, Tomás Green recuerda el día en que llegó al terminal y lo vio bajarse del bus en Santiago. 'Estaba muy flaco', describe.
En el año 2021, la Fundación Libera conoció el caso e interpuso una querella criminal por trata de personas con fines de trabajos forzados contra Garrido.
Carolina Suazo, fiscal especializada de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad de la Región Metropolitana Centro – Norte, indica que la pena para el delito de trata de personas con fines laborales debe distinguirse si las víctimas son adultas o menores de edad.
'Si son adultas, la pena corresponde a la de reclusión mayor en cualquiera de sus grados y multa de 50 a 100 UTM (5 años y un día a 20 años y multa de 50 a 100 UTM); si las víctimas son menores de edad, reclusión mayor en su grado medio a máximo y multa de 50 a 100 UTM (10 años y un día hasta los 20 años y multa de 50 a 100 UTM)', indica Suazo.
Para la elaboración de este reportaje se logró comunicación telefónica con Juan Carlos Garrido, quien manifestó reiteradamente no tener intenciones de dar declaraciones al respecto, porque la causa por trata de personas se mantiene abierta.
Por otra parte, desde Agrícola Los Robles, uno de los fundos donde laboró la venezolana Yesenia, aceptaron que sí trabajaron con el contratista Francisco Mendoza durante un tiempo y que supieron de irregularidades por falta de pago a los trabajadores, pero argumentan que no les consta que hubo condiciones para determinar trata de personas, porque se cumplía con las condiciones que la normativa les exige. 'Dejamos de trabajar con el contratista tras terminar la cosecha y saber que empezaron a correr ciertos rumores de descontento de los trabajadores. No quisimos contactarlo de nuevo y luego supimos que desapareció', dice Macarena Pazos Riffart, gerente de producción y representante legal.
La Sociedad Agrícola del Norte, bajo la presidencia de María Inés Figari, indicó que han tomado acciones para evitar el delito de trata de personas: 'Hemos aplicado protocolos de acción para contratación de mano de obra; se entregan orientaciones y lineamientos. Estamos en coordinación con la PDI y también con la Dirección del Trabajo'.
Para este reportaje, Valles del Sur, empresa parte del holding San José Farms, envió un comunicado que indica que sí hubo un contrato con la empresa de Francisco Mendoza, pero que decidieron terminarlo.
'(…) Valles del Sur terminó el contrato con Servicios Agrícolas El Maule SpA en 2019, ya que, con motivo de un proceso de revisión del contratista, concluimos que esta empresa no cumplía adecuadamente con la obligación de pago de remuneraciones a sus colaboradores, práctica que consideramos inaceptable', indica parte del comunicado.
Por otro lado, el director del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), Luis Eduardo Thayer, indica que sus funcionarios están capacitados para la detención temprana del delito. 'Existe una alta coordinación con regiones, donde he instruido a todas las direcciones regionales que la participación y el apoyo a la mesa regional sean una prioridad', señala.
Luego de terminar los trabajos en los fundos regresaron a Curicó, donde Yesenia y otros compañeros fueron despedidos por haber sido parte del grupo de trabajadores que denunciaron las irregularidades ante la Inspección del Trabajo de Osorno, institución que logró constatar las graves condiciones en que operaban, según registra en la querella por trata de personas con fines de trabajos forzados presentada por la Fundación Libera.
Se intentó la comunicación con el contratista Francisco Mendoza a través de sus números de teléfonos y página web registrada, así como mediante sus redes sociales, sin éxito. Asimismo, se buscó en sus oficinas, ubicadas en la calle Arturo Prat 330, Curicó, pero estas fueron desocupadas.
La Fiscalía de la Región de Maule, por su parte, indicó que la causa se encuentra vigente, por lo que está impedida de brindar información, al igual que la Fiscalía de Panguipulli por el caso de Omar Rojas, acusado por las condiciones laborales del peruano Esleider Panduro.
Omar Rojas se dedica a la construcción de viviendas sociales modalidad privada y, según información recopilada por la PDI, tiene relación con 111 personas, de las cuales 108 son peruanos y tres venezolanos. Todos entraron como turistas, muchos por primera vez a Chile, y regularizaron su situación migratoria tras obtener contratos con Rojas.
Una de las conclusiones en el informe de la PDI concluye que 'se observan indicadores de un posible Tráfico Ilícito de Migrantes, debido a la cantidad de trabajadores asociados a Rojas Ortiz (…), no descartando que también hayan sido captados desde Perú y que (…) comenzaran inmediatamente a efectuar labores remuneradas sin el permiso correspondiente, como ocurrió con Esleider Panduro Chanchari'.
Se intentó la comunicación con Omar Rojas a través de su correo electrónico, dos números telefónicos registrados y redes sociales, sin éxito; se visitó su residencia en Reñaca, pero ahí afirman que la casa está arrendada, sin brindar información.
Esleider Panduro está regularizado con una cédula temporaria como víctima de trata de personas, otorgada por el Servicio Nacional de Migraciones. Se encuentra laborando de forma estable y con contrato en el área de la construcción, oficio que siempre ha ejercido.
Dice que cuando termine el proceso jurídico se quiere quedar en el país para seguir ayudando a su familia, pero su deseo es visitarlos. 'Quiero ir a ver a mi mamá, mis hijas, mis nietas y visitar la tumba de mi papá, quien murió, pero que no pude estar en su velorio', cuenta.
La causa colectiva del caso de Yesenia sigue en curso. Ella, madre soltera, pudo regularizarse en Chile y traer a sus hijos desde Venezuela con ayuda de la Fundación Libera. Trabaja y está aprendiendo el oficio de fraguadora y pegadora de cerámica. Dice que el delito de trata de personas se tiene que terminar. 'Las personas no servimos para ser esclavas, solo prestamos un servicio. Esto no es un cuento. No saben la cantidad de personas a las que se les hace ese daño aquí en Chile', indica.
Por otro lado, Wilther Pierre-Louis se logró regularizar en Chile y ahora se presume que habría salido del país por algún tiempo, porque ni su antiguo abogado, ni su actual abogada, quien lleva el caso de trata de personas, logran contactarlo por el momento.
