El Mercurio
'Levantamiento ciudadano y participativo para el diseño de la Política de Persecución Penal del Ministerio Público'. Ese es el nombre de la licitación pública que abrió esta semana la Fiscalía Nacional, dirigida a centros de estudios, consultores, universidades o fundaciones.
La convocatoria estará abierta hasta las 11:00 horas de hoy y las instituciones que concursen recibirán más información del proceso a partir de mañana.
Desde el organismo dicen que la idea del proyecto es conocer 'qué necesita la gente', agregando que comúnmente la política de persecución penal se resuelve al interior de la institución, sin mayores consultas. Entre los objetivos está el incorporar la opinión de las regiones.
La entidad que se adjudique el proceso deberá recoger datos, realizar un diagnóstico y, posteriormente, una priorización de delitos a perseguir, lo que también se trabajará mediante entrevistas con distintos órganos del 'ecosistema penal', como los ministerios del Interior y de Justicia, Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería, entre otros. Finalmente, se deberá entregar una 'línea base' con los indicadores obtenidos para una evaluación final.
En la Fiscalía Nacional subrayan que los resultados de este proceso, que debería extenderse durante todo este año, serán un insumo más para el diseño de la política de persecución penal, que estaría operando en mayo del próximo año.
'La fiscalía necesita abrirse'
Distintos expertos en materia de seguridad y Derecho Penal valoran la iniciativa, aunque también advierten sobre la necesidad de que se dé cuenta de los resultados y puntualizan algunos riesgos.
El abogado y uno de los impulsores de la reforma procesal penal, Cristián Riego, señala que 'a priori, me parece bien, creo que la fiscalía necesita abrirse un poco a escuchar a la comunidad y entender lo que esta necesita, y, en este sentido, me parece, como intención, positiva'.
Esto, dice, ya que 'a la fiscalía se la ha criticado, en general, por no rendir cuentas, por estar un poco sobre sus propias lógicas burocráticas y creo que esto puede contribuir a hacerla más sensible frente a las expectativas de la comunidad'.
Si bien valora la iniciativa, el académico de la Universidad Diego Portales apunta que sería esperable que en una etapa posterior la fiscalía fuera capaz de 'comprometerse y entregar cuenta de los resultados que ha habido en relación con esas prioridades que se fijen a partir de lo que la población espera'.
La visión es compartida por la abogada experta en seguridad y académica de la Universidad San Sebastián, Pía Greene, quien destaca las ventajas de incorporar a la ciudadanía en la elaboración de políticas públicas.
'Está súper comprobado que cuando esto ocurre, si bien el proceso es más largo, la política tiene una duración de más largo plazo. Es una buena idea involucrar a las personas siempre cuando se hacen políticas públicas', indica.
Necesario accountability
El profesor de la Universidad Católica Alex van Weezel, por su parte, también valora el proceso abierto por el ente persecutor, destacando las ventajas de que se elabore 'una política de persecución que sea pública y permita hacer efectiva la responsabilidad de las autoridades de la fiscalía, si es que no se cumple'.
'Todo lo que contribuya al accountability de la fiscalía es positivo e importante. Hoy prácticamente no existe nada en este sentido', agrega.
Para Tatiana Vargas, académica de la Universidad de Los Andes, se trata de 'una apertura de la fiscalía hacia el examen de sus tareas, para el logro de los objetivos que le son propios. Además de relevar la disposición del ente persecutor para evaluar su gestión, integra una mirada externa que permite incorporar apreciaciones objetivas'.
Eventuales riesgos del proyecto
Sin embargo, los expertos plantean la existencia de ciertos riesgos en la ejecución de un proyecto de este tipo, a los cuales habría que prestar atención en el futuro.
Así, Riego advierte que la principal amenaza sería la 'superficialidad, o sea, que se entendiera que esto fuera una especie de política de relaciones públicas destinada mejorar la imagen y que no produjese cambios reales a partir del conocimiento de la expectativa del público'.
Su par de la U. San Sebastián, en tanto, cree que constituiría un riesgo si 'se dijera que esta participación se va a transformar en una nueva política de persecución penal, pero hasta donde entiendo, eso no es así, será un insumo para focalización de la política penal, de parte de la ciudadanía, con instituciones del ‘ecosistema penal' y que van a alimentar lo que van a hacer las personas expertas en esta área'.
Vargas, por su parte, plantea que en el marco de que la licitación se restringe a ciertos representantes, y que aún no están publicadas la bases, 'la mayor incógnita y riesgo está en el alcance que el Ministerio Público puede dar a estudios o propuestas para definir la política de persecución del delito, que está en manos exclusivas de esta entidad pública'.
