La Tercera
Señor director:
Cuando la evaluación ambiental de un proyecto demora más de 10 años en sus diversas etapas o se conocen conversaciones de secretarios regionales ministeriales cuyo tenor devela un desconocimiento profundo de instituciones básicas del derecho ambiental, la realidad nos golpea con una severa conclusión: nuestras instituciones están fallando. Y esto debería preocuparnos a todos, o, al menos, a quienes no nos interesan los réditos políticos que la tragedia del opositor pueda entregar, sino el bienestar de todos y el correcto relacionamiento entre desarrollo económico y ambiental.
Estos dos ejemplos concretos demuestran que: (i) el SEIA requiere con urgencia clínica modificaciones (siendo la más importante, el que la decisión política se incorporé al inicio del procedimiento); y, (ii) la aprobación o rechazo debe quedar, preeminentemente, en la esfera de quienes poseen conocimientos técnicos sólidos.
En efecto, la mejora de nuestra institucionalidad requiere de un profundo acto de humildad de los actores políticos, quienes deberían ceder el espacio decisivo a los que dedican sus días al estudio de los servicios ecosistémicos, las afectaciones significativas a los competentes ambientales o a las condiciones de resiliencia de éstos.
Al fin de cuentas, como dijo Einstein: "todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas".
