El Mercurio / El Mostrador
Este martes 10 de enero, en la Casa Central de la Universidad Católica, en la Facultad de Derecho, está prevista una ceremonia a la que asistirá un nutrido grupo de directores de empresas, gerentes, y el director regional de la OIT, Fabián Bertranou. La ocasión es la presentación de un inédito estudio: el Primer Diagnóstico sobre Empresa y Derechos Humanos en Chile, que realizó el Programa de Sostenibilidad Corporativa de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
Para entender el contexto de este voluminoso trabajo hay que hacer un poco de historia. En 2011 vieron la luz los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de Naciones Unidas (PRNU), aprobados por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), que son un marco o estándar de conducta empresarial, voluntarios, en pos de implementar herramientas para identificar, gestionar, mitigar y reparar riesgos e impactos en los derechos humanos de las personas que son parte o se relacionan con una corporación. A 10 años de su lanzamiento, hay mercados que han acogido los PRNU, como en la OCDE, sin embargo, su adopción generalizada ha avanzado lento.
Ante esta realidad, el Programa de Sostenibilidad Corporativa de la Facultad de Derecho de la PUC acometió la tarea de hacer una primera evaluación del nivel de implementación de los PRNU en las empresas chilenas. Lo hizo en colaboración con el World Benchmarking Alliance (WBA), que es una organización global sin fines de lucro dedicada a la creación de benchmarks públicos y gratuitos para medir y comparar a las empresas más importantes del mundo en función de su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Esta es primera vez que el WBA acomete esta labor en América Latina, detalla Sofía del Valle, engagement manager de esta entidad.
Juan Eduardo Ibáñez, director del Programa de Sostenibilidad Corporativa de la Facultad de Derecho de la UC, detalla que en la práctica, los PRNU corresponden a un marco preventivo, porque significa que la empresa identifica las posibles afectaciones y gestiona esos riesgos de una manera concreta, de modo de resguardar los derechos humanos, a la vida, a la salud, a la integridad física o psíquica, a la privacidad de las comunicaciones. 'Es el pilar social de la sostenibilidad', dice Ibáñez. ¿Ejemplos a nivel corporativo? Temas relativos a la contaminación; el acceso al agua potable; la sindicalización; la seguridad ocupacional, por nombrar solo ejemplos. Hace hincapié en que involucra los derechos humanos fundamentales, por lo que hay temas comerciales que no son considerados en este enfoque, salvo que haya afectación a la salud y a la vida de las personas.
A su vez, se trata de un enfoque que incluye no solo a trabajadores de una empresa, sino que también a clientes, proveedores, accionistas y a todos los grupos de interés.
Los resultados
Para abordar esta tarea se enfocaron en las 29 empresas IPSA de la Bolsa de Santiago, basándose en información pública reportada por las mismas compañías (memorias anuales, reportes integrados, etc.), con datos levantados entre marzo y junio de 2022 y siguiendo la metodología Corporate Human Rights Benchmark (CHRB).
En total, evaluaron 54 variables, agrupadas en tres grandes dimensiones: que haya un compromiso político de la alta administración de la empresa (el directorio) con el respeto de los derechos humanos; que se haya implementado una debida diligencia para la identificación y gestión de impactos, y el establecimiento de mecanismos efectivos de reclamación y reparación. Cada una de estas tres dimensiones —compromiso y gobernanza, debida diligencia, y reclamación y remediación— dan un puntaje, que se traduce en una puntuación global total.
De las 29 empresas evaluadas, y de un total posible a obtener de 24 puntos, en el promedio global las firmas del IPSA obtuvieron nueve puntos, lo que significa en la práctica 40% de cumplimiento. En el detalle, en compromiso y gobernanza y de un puntaje máximo de seis puntos posibles de obtener, las empresas obtuvieron un promedio de 2,8 puntos; en debida diligencia, de un puntaje máximo de 12, obtuvieron 3,2; y en reclamación y remediación, de un puntaje máximo de seis, obtuvieron un promedio de 2,9.
A ojos de los gestores de la investigación, este 40% es un buen resultado, dado que nadie obtiene 100%, y salvo excepciones muy específicas de firmas que han llegado a 95% en otros países, explica Sofía del Valle, los mejores llegan al 60 o 70%. Juan Ibáñez puntualiza además que estamos en un nivel similar a las firmas del IBEX 35 de España. 'El índice arroja buenas noticias', postula Ibáñez sobre los resultados chilenos.
Al listar las 29 empresas, el mayor puntaje total lo obtienen Enel Americas y Enel Chile, ambas con 21,5 puntos. Les siguen Empresas CMPC (16,5 puntos) y Falabella (15,5 puntos). En contraste, las firmas con más bajo puntaje total son Entel, Empresas Copec y Grupo Security, cada una con 3 puntos, y Ripley Corp, con 2,5 puntos (ver infografía).
Ibáñez hace ver que estos son un marco de adhesión voluntario, y especifica que si bien hay empresas que han obtenido puntuaciones más bajas, esto no significa que estén afectando los derechos humanos. 'El hecho que una empresa no obtenga el puntaje total o parcial en el diagnóstico, en algunas o todas las variables, no significa que no esté gestionando los riesgos o impactos en derechos humanos. La falta de puntaje solo es evidencia de que no existe información pública disponible de que lo esté haciendo, conforme el marco de los Principios Rectores', indican los gestores del estudio, haciendo énfasis en que como se trata del primer año que se aplica este diagnóstico, es posible que algunas empresas no tengan conocimiento del referido marco internacional, por lo que puede servir como línea de base para el desarrollo futuro de las empresas.
