El Mercurio
Un 'comité técnico de admisibilidad', paritario y de 14 juristas designados por el Congreso. Esos son los detalles de la conformación del órgano que deberá velar por el cumplimiento de las 12 bases constitucionales.
'Estamos hablando de personas con destacada trayectoria y experiencia profesional y académica en el mundo del derecho, que den garantía de un trabajo serio y responsable', dice el presidente saliente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto (PPD), y la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, añade que 'el criterio es la excelencia técnica' con foco en el 'rigor y el dominio de las materias de las que se hace cargo'.
El diputado Eric Aedo (DC) plantea que deben ser parte de 'distintas casas de estudio' y que sean 'reconocidos por la academia, pero que también representen sensibilidades y visiones de la sociedad diversa'. En tanto, el presidente de RD, el senador Juan Ignacio Latorre, considera que, además de la experiencia y ser de la academia, debiesen 'generar una confianza transversal en el sistema político', designados por el Congreso, 'donde cada partido pueda seleccionar personas con prestigio'.
Pero cómo elegir a los juristas y cómo asegurar que los acuerdos se tomen de manera técnica y no ideológica son parte de las interrogantes que se deberán resolver en las conversaciones que los representantes de Chile Vamos, Amarillos, la DC y el oficialismo tendrán este viernes.
En la academia no hay del todo un consenso. La abogada constitucionalista y profesora de la Universidad de Chile María Cristina Escudero, quien integró la Mesa Técnica Constituyente que viabilizó el proceso en 2019, dice que el árbitro 'debiese ser lo más pluralista posible, porque juristas no es sinónimo de imparcialidad'.
Marisol Peña, expresidenta del TC y directora del centro de justicia constitucional de la U. del Desarrollo (UDD), va más allá: 'Hay que exigir que esos expertos no tengan afiliación político-partidista. De lo contrario, se van a designar expertos que sean mandatados por los partidos políticos'. Este punto no es compartido por Javier Couso, académico de derecho constitucional de la U. Diego Portales y catedrático de la Universidad de Utrecht, quien ejemplifica con Patricio Zapata, 'militante DC, quien es mucho más criterioso que gente que no milita'.
Sobre cómo determinar si un abogado está capacitado o no para integrar el árbitro, sí hay puntos en común entre los académicos consultados y plantean algunas opciones. 'Debería ser independiente e imparcial y gozar de reconocimiento social indiscutido como jurisconsulto en el derecho que debe juzgar', dice Jaime Arancibia, académico de derecho de la U. de los Andes, quien explica que hay indicios para pensar en juristas que cumplan con esa condición, como ser académico, tener grado de doctor, haber ejercido en esa área del derecho por varios años, o 'ser una persona cuyas doctrinas jurídicas han sido seguidas o citadas por otros juristas y los jueces'.
Si los expertos deben contar con posgrado no hay consenso, pero todos sostienen que se debe considerar que sean académicos. 'Idealmente, que haya sido docente de derecho constitucional, o que lo siga siendo, y que tenga, al menos, 15 años de experiencia profesional comprobada', señala Alberto Vergara, profesor del Departamento de Derecho Público de la Universidad Católica.
De todas formas, Pamela Figueroa, integrante de la Red de Politólogas y quien también fue parte de la Mesa Técnica Constituyente de 2019, dice que se debe llegar a un equilibrio entre la experiencia profesional y académica. 'Los diseños institucionales, los diseños constitucionales, requieren también un amplio conocimiento del ámbito práctico de la política pública', señala la académica de la Usach.
Dentro de las opciones que se podrían barajar para este comité, explican los expertos, también está que hayan sido miembros integrantes de la Corte Suprema, las cortes de Apelaciones o el TC, o quienes litiguen en esas instancias.
Inhabilidades
Otro de los puntos que están claros en la conformación del comité técnico de admisibilidad es que deberá ser propuesto por la Cámara de Diputados y ratificado por el Senado. Sin embargo, aún no ha sido parte de las negociaciones si es que a los candidatos para asumir este rol se les establecerá algún tipo de inhabilidades, como haber sido parte del proceso constituyente anterior.
Si bien aún no está descartado, integrantes de la mesa de negociación esperan que 'prime la cordura' más que establecer inhabilidades, y que por tanto, a nadie se le ocurra proponer a un exconstituyente. Pero Vergara considera que sí debería estar entra las inhabilidades la participación de quienes en 2021 salieron electos para redactar una propuesta de Constitución, y también sus asesores. La idea, dice, es 'asegurarnos de que habrá una mirada nueva' y evitar 'incurrir en alguno de los errores anteriores'. Y si bien hay consenso en que exconvencionales no puedan ser parte, Couso cree que si no se permite la participación de los asesores, 'quedarías con casi nadie'.
Otra de las conversaciones que tendrán los partidos este viernes es si el comité técnico podrá actuar de oficio, a requerimiento de parlamentarios o solo con la firma de convencionales. Mientras en el oficialismo consideran que actúe solo con al menos un tercio de firmas de constituyentes y están disponibles a que sea de oficio, en Chile Vamos quieren que las solicitudes también las puedan hacer congresistas, lo que hasta ahora no genera mayores adherentes.
Además, se deberá zanjar cómo deberá fallar el árbitro. Algunos representantes de partidos, principalmente en el oficialismo, postulan que sea por mayoría absoluta. Y mientras Vergara plantea que el comité falle con dos tercios o tres quintos de sus miembros, Couso considera 'poco conveniente' establecer un quorum supramayoritario, por lo que sugiere a los negociadores de los partidos que la integración del árbitro sea un número impar, porque el hecho de que sean par 'genera una duda jurídica innecesaria, ya que los principios son más difíciles de interpretar' que un reglamento.
