El Mercurio
Aún falta definir algunos integrantes de la comisión, pero el actual Gobierno reimpulsará la reforma al Código Penal, en lo que sería el sexto intento de las últimas dos décadas (ver recuadro), incluida la propuesta personal del profesor Alfredo Etcheberry.
Esta vez, la redacción del texto, que tiene 147 años de vigencia, incluirá perspectiva de género y la mayoría de los académicos que lo elaborarán —poco más de 10 especialistas— serán mujeres.
La coordinadora será la responsable del Área Penal de la Escuela de Derecho de la sede en Viña del Mar de la Universidad Andrés Bello, Rocío Sánchez. La académica es abogada y doctora en Derecho de la Universidad de Valparaíso.
'La Comisión Redactora del Nuevo Código Penal, en sus años de existencia, no ha logrado avanzar en el Congreso en torno a la tramitación de este proyecto. Esta instancia lleva, aproximadamente, más de una década de trabajo preparatorio. En esta oportunidad, en la designación que hace el Ministerio de Justicia y DD.HH. incluyeron también académicas mujeres de regiones para que desarrollen el trabajo de este foro penal, recogiendo los avances de los académicos que habían desarrollado esta labor en las comisiones anteriores', comentó la encargada.
El diseño de la instancia incluirá reuniones quincenales, presenciales y también sesiones remotas. Funcionaría hasta marzo de 2023 y después, la coordinación seguirá trabajando con la secretaría de Estado a cargo y otros ministerios, en indicaciones que serán tramitadas en el Congreso.
Riesgo de que se incluyan 'objetivos políticos'
Aunque es una iniciativa que ha recorrido varios gobiernos, debido a la necesidad de actualización del Código y para sistematizarlo, dado que diversos delitos se han regulado mediante leyes especiales, algunos académicos consideran que el actual momento marcado por el debate constitucional puede no ser el más propicio para ello.
Para el profesor de la Universidad Católica Alex van Weezel, 'es un muy mal momento, estamos en un momento de discusión constitucional y es de toda lógica que primero se resuelvan los temas constitucionales y se defina cuál es el marco general de la legislación, antes de reiniciar o realizar simultáneamente una discusión legislativa en una materia tan sensible como el Derecho Penal'.
Y añade que algunos problemas de coherencia y de sistema que se puedan producir podrían derivar del hecho de que, 'como el Gobierno impulsó muy fuertemente el proyecto de Constitución que fue rechazado, tiene el riesgo de que en un proyecto de Código Penal se vuelquen de alguna manera los objetivos y derivadas políticas que caracterizaron el trabajo de la Convención'.
A su juicio, 'metodológica, sistemática y políticamente, lo lógico es concluir el debate constitucional y a partir de los consensos a los que se arribe allí construir la legislación, particularmente la penal, que es muy sensible en aspectos esenciales para las personas'.
Su par de la UC María Elena Santibáñez apoya la iniciativa, aunque recuerda que 'se han creado tantas comisiones de reforma al Código Penal, cada gobierno crea una nueva y no avanzamos nada, (...) espero es que esta vez sea una comisión en serio, no solamente como un tema político'. Plantea, además, que 'es importante sentarse a pensarlo como una reforma orgánica estructural, pero no partiendo de cero, sino de lo que hay, y estableciendo plazos muy cortos para llevarlo al Congreso, para que se produzca la modificación'.
Concuerda con que el momento actual puede ser un problema, ya que 'toda la discusión hoy está centrada en lo constitucional, que también tiene que tener pronunciamientos en materias penales importantes'.
Para el profesor de la Universidad Diego Portales Mauricio Duce, en cambio, el proceso constitucional no sería un problema, y apunta a la conveniencia o no de volver a utilizar una comisión para desarrollar el texto, así como a la necesidad de que 'se considere que hay proyectos y que se pueda trabajar en ellos'.
'Si tenemos que esperar el debate constitucional para discutir el Código Penal en forma paralela, o un proyecto, porque esto ni siquiera es prelegislativo, no hay ninguna posibilidad de que en el horizonte temprano tengamos uno nuevo', dice. Agrega que 'la estructura de una comisión, que va a trabajar largamente, es algo que se viene repitiendo, quizás hay que buscar un método que permita más rápidamente empezar a discutir esto en serio'.
Y, más allá de la propuesta, cree, 'lo serio es comprometer darle tramitación. Lo que ha ocurrido antes (…) es que se han dejado presentados y luego no se hace nada'.
Atenuantes y agravantes por la perspectiva de género
'Para el Gobierno es muy importante esta perspectiva (de género), me parece legítimo que quieran examinarlo', señala Duce, pero recuerda que a lo largo de los años 'se han ido consolidando algunas ideas centrales' que pueden fortalecer el tema.
Santibáñez, por su parte, estima que 'es necesario actualizar el código a lo que es el mundo actual, en materia del tratamiento de una serie de instituciones en las cuales evidentemente la perspectiva de género va a tener una incidencia en materia de cierta clase de delitos, de atenuantes y agravantes; tiene un impacto transversal en lo que es el código punitivo'.
Mientras que Van Weezel plantea que, 'para incorporarla a la legislación penal hace falta aplicar las instituciones que ya existen (...); en muchos casos, es más un problema de interpretación y aplicación de las normas que de creación de nuevas'.
'Es absolutamente necesario crear una comisión que establezca una modificación orgánica, estructural y bien pensada, no como hoy, en que hay una dispersión de leyes y, además, estamos en una vorágine de expansionismo nunca antes visto', precisa Santibáñez.
Y Duce menciona que 'todos los días los parlamentarios están presentando proyectos con delitos nuevos, aumento de penas que ya existen, por ejemplo. Hay una necesidad importante de tener una legislación más racional en esto, un código que unifique'.
Van Weezel, en tanto, cree que en los tiempos actuales, 'caracterizados por un populismo penal sin precedentes, tanto de izquierdas como de derechas, lo mejor que podría pasar es que el legislador penal se tomara 10 años de vacaciones (…). Estamos pretendiendo resolver con Derecho Penal problemas que debieran ser resueltos por medio de instancias anteriores al uso de la pena'.
