El Mercurio
Hablar de Derechos Humanos en el mundo de la empresa es un tema de larga data. Hace mucho tiempo, la Doctrina Social de la Iglesia, por ejemplo, se ha referido a la obligación que tiene el empresario de respetar los derechos del hombre, especialmente de los trabajadores, tal como se menciona en la encíclica 'Rerum Novarum' de 1891. Sin embargo, no fue hasta la dictación de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en 2011, en que se abordó de manera expresa este deber junto con establecerse una metodología de implementación y reporte que ha sido adoptada transversalmente por organismos internacionales y empresas globales.
¿Por qué es importante que los Derechos Humanos se vinculen con las organizaciones? Juan Eduardo Ibáñez, director de la Escuela de Graduados de la Facultad de Derecho UC y del Programa de Sostenibilidad Corporativa de la misma entidad, asegura que, fundamentalmente, porque se relacionan con la legitimidad de la empresa y del sistema de mercado. 'Cuando la empresa pone a la persona al centro de sus operaciones, adoptando un compromiso de respeto y realizando procesos de identificación y gestión de impactos, reafirma su compromiso de servicio con la comunidad y el desarrollo sostenible', manifiesta.
Si bien el concepto de Derechos Humanos es amplio —y en expansión—, el académico manifiesta que este marco implica el deber de respetar aquellos derechos fundamentales consagrados en los principales instrumentos internacionales, como son el derecho a la vida, a la salud, a la integridad física y psíquica, a la sindicalización, a la no discriminación, y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, entre otros derechos que pueden ser afectados por las empresas. Y agrega que contempla otros de reciente reconocimiento, como a la protección de datos personales, a las formas tradicionales de vida o al acceso al agua potable.
En Chile —añade Ibáñez—, se ha avanzado en reconocer y adoptar los estándares, pero advierte que aún falta mucho por implementar en terreno. Dice que, en general, las empresas tienen mecanismos de gestión de riesgos sociales y ambientales y de cumplimiento normativo, pero considera que falta una mirada más amplia que aborde un enfoque con atención hacia los grupos más vulnerables. Asimismo, opina que falta la convicción —especialmente en los directorios— de que generar una cultura de respeto a los Derechos Humanos es una oportunidad para generar valor, legitimar la empresa y ser más resiliente en una sociedad fragmentada y compleja. 'Estas son, por lo demás, las razones por las cuales los inversionistas institucionales lo están exigiendo', resalta.
Ibáñez valora que, a nivel de Gobierno, ya se va en el segundo Plan de Acción Nacional sobre Derechos Humanos y Empresas, y que varias organizaciones gremiales, como la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) o la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), lo han integrado en guías y políticas. No obstante, cree que se ha avanzado poco en reportar, en implementar la debida diligencia, y en generar mecanismos de reparación y reclamación para los afectados. 'También las empresas del Estado están al debe, a pesar que debieran ‘liderar con el ejemplo'. Para el mundo privado, la nueva Norma de Carácter General N 461 de la Comisión para el Mercado Financiero, que establece el deber reportar en las memorias anuales si la empresa adhiere al marco de los Principios Rectores u otro estándar equivalente, constituye una excelente oportunidad para mostrar los avances que se han venido realizando en la materia', destaca.
Desafiante panorama
Magdalena Morel, directora ejecutiva de Casa de la Paz —fundación que lleva 40 años promoviendo la participación ciudadana y el diálogo con las comunidades como parte esencial del desarrollo sostenible— ve un interés creciente por parte de algunas empresas por comprender cómo se relacionan los Derechos Humanos con sus actividades, motivado principalmente por las mayores exigencias de la ciudadanía y de los inversionistas. A pesar de eso, también observa un desarrollo todavía muy incipiente de procesos de debida diligencia. En este contexto, manifiesta que algunos de los principales desafíos que tienen las empresas chilenas en esta materia se relacionan con hacer público el compromiso de asumir su responsabilidad de respetar los Derechos Humanos; fortalecer sus capacidades internas para asumir esa responsabilidad; poner foco en los grupos más vulnerables y en la cadena de suministro; consultar con los grupos que pueden ver sus Derechos Humanos afectados, ya sean trabajadores, comunidades o clientes, y abordar la reparación en los casos en que hayan causado o contribuido a provocar consecuencias negativas sobre estos.
'En Casa de la Paz, publicamos, en 2020, las 'Guías Chile', manuales de recomendaciones prácticas para que las empresas implementen un enfoque de Derechos Humanos hacia dos grupos de especial atención: personas mayores y personas migrantes y refugiadas. Este trabajo se realizó con apoyo de la Unión Europea y con la participación de diversas instituciones públicas, de la sociedad civil, empresas y organismos internacionales', comenta la especialista.
Estas guías están disponibles en www.casadelapaz.cl/derechoshumanosyempresas.
¿Solo un tema de grandes empresas?
Si bien la implementación del marco de respeto de los Derechos Humanos ha estado enfocado en las grandes empresas, Juan Eduardo Ibáñez, de la Facultad de Derecho UC, dice que todas, sin considerar su tamaño y circunstancias particulares, están llamadas a implementarlo, conforme a sus riesgos y capacidades. Además, producto de su interacción con grandes empresas, proveedores y pymes deberán reportar y adoptar el estándar. 'Adelantarse constituye una oportunidad de ventajas competitivas. En efecto, uno de los principales elementos del marco es que dispone un mayor control de los impactos en Derechos Humanos que se puedan producir en la cadena de suministro. Esa difícil gestión, aguas abajo, se facilita si los proveedores conocen e integran las recomendaciones de los Principios Rectores', asevera.
