El Mercurio
El mismo argumento ha sido usado por otros exconvencionales y políticos como el excandidato presidencial José Antonio Kast, y en redes sociales.
¿La propuesta constitucional permitiría que personas condenadas por Ley de Drogas pudieran optar a cargos públicos?
El exconvencional fue consultado y dijo que es efectivo ya que 'se elimina la causal de pérdida de ciudadanía por pena aflictiva' y podrían llegar a cargos una vez cumplida su condena.
De acuerdo con la Constitución vigente, una persona condenada por Ley de Drogas con pena aflictiva no puede optar a cargos de elección popular mientras cumple su condena. Una vez cumplida, solo podrá optar a cargos de elección popular si lo rehabilita de sus derechos el Senado.
Como explica María Elena Santibáñez, académica UC, según el Código Penal, dicha inhabilitación es perpetua para cargos y oficios públicos cuando la pena es mayor a 5 años y un día, y mientras dure la condena, para penas desde 3 años y un día hasta 5 años.
Con la propuesta constitucional, tal como explica Gaspar Jenkins, académico UDD, las personas ya no pierden la ciudadanía, y además se introducen nuevas inhabilidades para cargos públicos (violencia de género, lesa humanidad o fraude al fisco, por ejemplo), pero delitos como el narcotráfico ya no están dentro del texto constitucional, sino que quedan regulados por la ley.
'Hemos tenido una discusión interesante en los últimos días respecto de dónde están esas penas establecidas, y se encuentran específicamente en el Código Penal', argumenta.
Para Pablo Marshall, académico de la U. Austral, sería efectivo que pueda haber personas condenadas por Ley de Drogas en cargos públicos, si son condenas entre tres años y un día y hasta 5 años. 'Una condena menor por la Ley de Drogas en la nueva Constitución, pero también en la Constitución vigente, no inhabilita a presentarse como candidato. En conclusión, no hay gran variación entre la actual y la nueva Constitución en este asunto porque es un tema que está regulado legalmente'.
Comparte esta tesis Javier Wilenmann, académico UAI. 'Muchos han deducido que ahora quienes habrían cometido esos delitos pueden votar y ser electos en cargos de elección popular, pero eso es falso para quienes cometieron delitos con penas sobre 5 años y un día, quienes pierden perpetuamente esos derechos, eso ya depende de la legislación penal y no solo de la Constitución'.
En esa misma línea, Alex van Weezel, académico UC, no ve grandes cambios, 'salvo en lo que se refiere a restricciones al derecho a sufragio', pero no en el caso de los cargos públicos, 'ya que esas inhabilidades ya están establecidas en la ley para delitos que importan crímenes'.
En tanto, Tomás Jordán, profesor de la UAH, dice que en los casos de quienes tengan penas mayores por Ley de Drogas, 'me parece que no hay posibilidad alguna en el futuro de que esas personas puedan postular y llegar a un cargo público, porque al día de hoy están inhabilitadas y esa ley seguirá vigente'.
Héctor Hernández, académico UDP, también concuerda con la tesis anterior, sin embargo, recuerda que como las normas anteriores están contenidas en el Código Penal o en leyes ordinarias, estas podrían ser modificadas o declaradas inconstitucionales si se entiende que la restricción de estos derechos no tiene sustento en la Constitución. 'Habría que ver cuando comiencen los casos y empiece la discusión (...) probablemente debiese haber cambios, aunque no sabemos qué ocurrirá'.
