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Guillermo Donoso

Luego de cuatro horas de debate, el Pleno de la Convención Constitucional rechazó en general por 98 votos a favor, 46 en contra y ocho abstenciones, el segundo informe de la comisión de Medio Ambiente con sus propuestas sobre los usos y prioridades del agua en Chile. El texto debe volver a la comisión para elaborar un informe de reemplazo. El informe establecía que los usos prioritarios y que deben prevalecer son: 'El derecho humano al agua y al saneamiento y el equilibrio de los ecosistemas donde estas yacen'. Se agregaba 'el ejercicio de la soberanía alimentaria y los usos tradicionales de los pueblos indígenas. Los demás usos serán determinados por la institucionalidad correspondiente y la ley'.

Autorización

Uno de los puntos más debatidos sobre los recursos hídricos se relacionó con los permisos de utilización: 'El Estado podrá autorizar el uso de las aguas. Esta autorización será inapropiable, incomerciable, intransferible, temporal y obliga al titular al uso que justifica su otorgamiento. Estas autorizaciones estarán sujetas a obligaciones específicas de protección, a causales de caducidad, revocación y demás que sean pertinentes. Las autorizaciones de uso de agua serán concedidas basándose en la distribución y disponibilidad material de las aguas'.

Industria y agro

Al respecto, el convencional de Vamos por Chile, Harry Jürgensen, cuestionó: '¿Cómo se imaginan el funcionamiento de la industria nacional y de toda la agricultura chilena solo con permisos administrativos temporales precarios y sin propiedad para los titulares, y siempre determinados y controlados en forma centralizada por la autoridad política de turno?' 'Hago un llamado a los agricultores, que estén tranquilos porque serán usos prioritarios', explicó Cristóbal Andrade (ind.), y agregó que 'con lo aprobado hace días atrás, como los bienes comunes inapropiables, ya no habrán más derechos de agua entregados gratuitamente'. El DC, Fuad Chahín, reflexionó: 'Es el resultado de la resistencia a los cambios durante mucho tiempo. Es la ley del péndulo, nos pasamos para el otro lado, afecta algo fundamental para materializar el estado social de derecho. Va generar incerteza jurídica, la incertidumbre ahuyenta la inversión, y sin inversión no hay crecimiento ni desarrollo, y los derechos sociales van a estar en el papel'.

Interpretación compleja

Guillermo Donoso, académico del Centro de Derecho y Gestión de Aguas de la UC, analizó la propuesta: 'La mayoría de las disposiciones corresponden más bien a materias de ley. La Constitución no puede convertirse en una ley de aguas, pues ello, en lugar de propiciar una mejor regulación y gestión de este valioso elemento, podría producir el efecto contrario. Estas disposiciones introducen varios calificativos imprecisos, lo que complejiza su interpretación, aumenta la ambigüedad y, consecuentemente, genera un escenario propicio para la futura arbitrariedad de la autoridad. Estas normas generan muchas incertezas y la mayor preocupación es que no se visualiza que mejorará la gestión de este crítico recurso en un corto plazo'. La abogada Mindy Fuentes, profesora de legislación ambiental en la Usach destacó que la propuesta 'reconoce un nuevo régimen jurídico del agua en Chile, concibiéndola esencialmente al servicio de la vida humana, como Derecho Humano'.

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