La Tercera
Cuatro abogados y académicos, un documento: 25 propuestas para un Tribunal Constitucional (TC) del Siglo XXI. En la Casa Central de la Universidad Católica, y en el marco VI Conferencia Anual de Icon-s (la Sociedad Internacional de Derecho Público) que se realiza en Chile, los constitucionalistas Gastón Gómez, Miriam Henríquez, Patricio Zapata y Arturo Fermandois, presentaron el informe final elaborado por 16 juristas de nueve instituciones (cinco universidades y cuatro centros de estudios) sobre la reforma al TC.
Dentro de los principales ejes de la propuesta, se encuentra el fin del control preventivo de constitucionalidad, la implantación de un control posterior, la reducción de quórum para la declaración de inconstitucionalidad, el aumento de los integrantes del tribunal, entre otras.
Control preventivo
En 2018, ingresaron al TC 20 proyectos de ley a control preventivo obligatorio y se presentaron tres requerimientos por control preventivo eventual. La propuesta considera la eliminación del control preventivo de legalidad, con la excepción de los tratados internacionales que deben ser ratificados por el Congreso. En su reemplazo, se crea la figura de un control posterior a la promulgación de la ley.
Conformación
El documento elaborado por los académicos y que sería entregado al Presidente Sebastián Piñera, también plantea reducir el quórum para la declaración de inconstitucionalidad de los 4/5 a mayoría absoluta de los miembros en ejercicio del TC.
Otro aspecto a reformar, estaría en el traspaso de la totalidad de contiendas de competencias al TC, hoy se comparten en algunos casos puntuales con el Congreso.
Sobre la conformación del tribunal, se propone aumentar de 10 a 12 sus integrantes, además de eliminar a los ministros suplentes. El Presidente, el Senado, la Cámara de Diputados y la Corte Suprema seleccionarían a tres de los miembros. Entre sus particularidades, se plantea que el Ejecutivo sea asesorado por un consejo de nombramientos, así como darle facultad a la cámara baja de decidir sus nombres sin necesidad de ratificación de la cámara alta. Además, se recomienda introducir directrices de equidad de género en la integración del tribunal.
Con relación a inhabilidades, el documento indica que autoridades políticas de elección popular, incluidos quienes hayan participado de órganos superiores de partidos políticos, no puedan incorporarse al tribunal en uno o dos años. Lo mismo para el caso de litigantes ante el TC. Además, los miembros de la Corte Suprema y cortes de Apelaciones podrían optar a estos cargos y retornar al Poder Judicial al término del periodo.
¿Tiempos de cambio?
Según Patricio Zapata, a diferencia de la reforma que se realizó al organismo en 2005 “la discusión que hiciéramos hoy, no puede desconocer que los vientos que soplan en materia de instituciones, son muy distintos a aquellos años. En ese entonces, la discusión era por la gobernanza, la estabilidad, la eficiencia. Hoy la preocupación es incidencia, participación y legitimidad”. En este sentido, el abogado dijo que el eje de la discusión es legitimidad, dado que las labores propias del TC “lo ponen en conflicto con la mayoría. Entonces, para que no lo desgaste por completo, el TC requiere legitimidad“.
En una posición distinta se planteó Arturo Fermandois, para quien pese a que se reitera en hablar de crisis institucional y tiempos de cambios “tenemos una buena institucionalidad producto de la evolución, que va perfeccionando y creando instituciones porque la gente demanda más prestaciones, derechos sociales y control. Pero eso no es una crisis, sino producto de un país que avanza aceleradamente como Chile”. Al respecto, consideró que la propuesta de reforma al TC “es una oportunidad para que podamos llegar a buenas propuestas para el fortalecimiento de la institución”.
