El Mercurio
Excontralor Arturo Aylwin abrió el fuego en el sector judicial. Reaccionan el exministro de la Corte Suprema Patricio Valdés, la exdefensora nacional Paula Vial y el exfiscal nacional Guillermo Piedrabuena.
Los 'motivos de preocupación' que planteó el excontralor Arturo Aylwin Azócar en 'El Mercurio' no dejan indiferentes al ambiente judicial.
Tras 47 años de carrera en la Contraloría hasta llegar a contralor general de la República, y habiendo pasado por el cargo 'con el reconocimiento de todos los sectores', como él recordó en su columna del 21 de junio, decidió plantear algunas inquietudes, ahora como ciudadano. Entre ellas, una relativa a la decisión judicial que dispuso la libertad incondicional de personas que portaban armas en un auto con vidrios polarizados en San Antonio, Región de Valparaíso.
'Se trataba de sujetos con amplio prontuario policial como traficantes de droga. La explicación que se ha dado es que los organismos policiales no se ajustaron estrictamente a ciertas formalidades'.
Ante ello, el excontralor advierte que 'parece insólito que se frustre una tarea tan vital sobre la base de un formalismo que resulta a todas luces contrario a la realidad y a las necesidades propias del tiempo en que vivimos'.
El tema ha sido motivo de gran debate en los últimos días.
Patricio Valdés: 'Hay exceso de garantismo'
A la luz de las palabras del excontralor, el exministro de la Corte Suprema, Patricio Valdés, reaccionó: 'La verdad que yo siempre he tenido una posición muy clara al respecto: Encuentro que hay un exceso de garantismo en las nuevas generaciones de jueces, que es realmente exagerado'.
Yendo al caso puntual de los dos hombres que llevaban armas y dinero en la maleta de su auto cuando fueron controlados por Carabineros, dijo: 'Para mí, andar en un auto con vidrios polarizados y con personas que vienen vestidas de una forma que no es la adecuada, que podría dar pábulo para que la policía sospechara, creo que en una circunstancia así Carabineros tiene la obligación de hacer un control. Y además, en los hechos encontraron la evidencia en la maleta del vehículo'.
Piensa que este hecho puede tener preocupantes secuelas: 'Creo que desgraciadamente esto está dando pábulo para que pasen muchas cosas, como que los Carabineros, en adelante, no se van a atrever a hacer nada'.
Señala que él siempre ha respetado las resoluciones judiciales, pero que en este caso 'no me parece que se hayan afectado las garantías constitucionales de las personas a quienes se les hizo la revisión y, por el contrario, estimo que es absolutamente exagerado haber dicho que fue ilegal la forma en que actuó Carabineros'.
Paula Vial: 'Insólito es lo que dice el excontralor'
La profesora de Derecho de la UC Paula Vial, fiel a su mirada como exdefensora nacional, no coincide con Valdés. 'El excontralor señala que le parece insólita la decisión de dejar en libertad ‘incondicional' a quienes portaban armas en el bullado caso del auto de San Antonio, y que constituiría un exceso de formalismo. Lo que realmente parece insólito es que una exautoridad encargada de velar por el cumplimiento formal e irrestricto de las normas, entienda que el cumplimiento de la ley es un formalismo, y que esta se puede pasar a llevar en aquellos casos en los que las políticas del gobierno de turno lo exijan, así como, según él, la realidad y las necesidades propias de los tiempos inseguros que vivimos'.
La abogada agrega que 'el respeto de los procedimientos establecidos en el proceso penal, así como de las garantías reconocidas allí a todos los ciudadanos, son la base de nuestro estado democrático de derecho y un carabinero, un juez y un contralor o un excontralor están obligados a cumplirlas y a velar por su cumplimiento, sin excepción. Con ese criterio ¿podríamos omitir la toma de razón de un decreto si el fin perseguido es más alto que el formalismo de llevarlo a Contraloría?'.
Guillermo Piedrabuena defiende la facultad policial
El expresidente del Consejo de Defensa del Estado y a su vez primer fiscal nacional (1999-2007) concuerda con el excontralor Arturo Aylwin: 'Sí, me parece insólito', dice. Acota que ya el año pasado él escribió un artículo precisamente a raíz de la decisión del juez de San Antonio.
Ahí señalaba que el profesor Julián López, cuando se discutió en el Congreso la Ley 20.253, citó una jurisprudencia extranjera de Estados Unidos en que se estableció que la policía, cada vez que tuviera una causa probable, estaba autorizada para identificar al sospechoso y a registrar sus vestimentas, para ver si portaba algún elemento peligroso. En ese sentido debía modificarse la institución del control de identidad.
'Sin duda, esta opinión junto con otros antecedentes legislativos que constan de la historia de las leyes 20.253 y 20.931 revelan que estuvo en el propósito del legislador establecer esta facultad de las policías cuando realizan un control de identidad respecto de un conductor sospechoso', dice.
Puntualiza que, incluso si hubo una declaración de ilegalidad de la detención de los hombres en San Antonio, 'el perjuicio al interés social pudo haberse resuelto con la formalización del delito de infracción a la Ley de Armas y las medidas cautelares, entre ellas la detención, que la ley le permite al fiscal'.
