La Segunda
Exige medidas que son resorte de autoridades administrativas y que están en implementación.
Por ordenar medidas que ya están en implementación, por fijar plazos largos para su cumplimiento y porque lo que se realice es resorte de las autoridades administrativas, lo más importante del fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema, que acogió el recurso de protección de las víctimas de la contaminación en Quinteros-Puchuncaví, es su valor simbólico, que su criterio debiera servir de guía para otras cortes en casos similares y que fija elementos objetivos para medir el cumplimiento de metas.
Entre lo ordenado por el máximo tribunal se cuenta 'efectuar, a la brevedad, los estudios pertinentes para establecer (…) la naturaleza y características precisas de los gases, elementos o compuestos producidos' y otras instrucciones con el fin de 'evitar la reiteración' de eventos de contaminación.
Así, el abogado experto en derecho administrativo, Luis Cordero, afirma que 'el rol más importante de esta sentencia es simbólico para las zonas que podrían ser afectadas por problemas de equidad ambiental'. Estima que en la implementación de las medidas la Suprema fija a las autoridades 'un proceso largo' y valora que 'están muy orientadas a ámbitos específicos de ejecución'. Sin embargo, reconoce que —tal como destacó el intendente de Valparaíso, Jorge Martínez— que algunas de las medidas ya fueron cumplidas y otras están en pleno desarrollo. Por eso, el abogado se cuestiona: '¿Por qué la Corte insiste en declararla?' Y se responde: 'Porque dejarlas incorporadas en una sentencia tiene relevancia del punto de vista del seguimiento. Los roles simbólicos de la sentencia de la Corte no son simples anotaciones para enmarcar (…) Es simbólicamente significativo para los estándares de intervención judicial en este tipo de asuntos' (ver recuadro).
Por su parte, la académica de la PUC, Sandra Ponce de León dice que 'el hecho de que se haya puesto plazos y medidas concretas es innovador, pero no extraño. Porque la Tercera Sala de la Corte ha dado señales de estar muy involucrada en los temas medioambientales'. Ponce destaca que 'la Corte se está haciendo cargo de su rol garante de derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, a garantizar el derecho a la salud y a la integridad física y psíquica'.
La directora del Centro de Derecho Ambiental de la U. de Chile, Valentina Durán, concuerda: 'Para quien haya seguido los fallos de esa sala en los últimos dos años esto no sorprender. Sí es inédito porque es quizás el primero que trata de mirar integralmente el problema en un territorio que se ha llamado zona de sacrificio'.
La académica explica que 'hay algunas cuestiones como que en casos extremos las personas, en especial niños, niñas y adolescentes, deberán ser trasladados a un lugar seguro. Está poniendo en primer lugar el derecho de ellos. También entre las medidas hay algunas creativas, que nunca se habían dispuesto hasta donde sé, como obligar a tener una página web que dé cuenta de las medidas'.
Entre lo ordenado por el máximo tribunal se cuenta 'efectuar, a la brevedad, los estudios pertinentes para establecer (…) la naturaleza y características precisas de los gases, elementos o compuestos producidos' y otras instrucciones con el fin de 'evitar la reiteración' de eventos de contaminación.
Así, el abogado experto en derecho administrativo, Luis Cordero, afirma que 'el rol más importante de esta sentencia es simbólico para las zonas que podrían ser afectadas por problemas de equidad ambiental'. Estima que en la implementación de las medidas la Suprema fija a las autoridades 'un proceso largo' y valora que 'están muy orientadas a ámbitos específicos de ejecución'. Sin embargo, reconoce que —tal como destacó el intendente de Valparaíso, Jorge Martínez— que algunas de las medidas ya fueron cumplidas y otras están en pleno desarrollo. Por eso, el abogado se cuestiona: '¿Por qué la Corte insiste en declararla?' Y se responde: 'Porque dejarlas incorporadas en una sentencia tiene relevancia del punto de vista del seguimiento. Los roles simbólicos de la sentencia de la Corte no son simples anotaciones para enmarcar (…) Es simbólicamente significativo para los estándares de intervención judicial en este tipo de asuntos' (ver recuadro).
Por su parte, la académica de la PUC, Sandra Ponce de León dice que 'el hecho de que se haya puesto plazos y medidas concretas es innovador, pero no extraño. Porque la Tercera Sala de la Corte ha dado señales de estar muy involucrada en los temas medioambientales'. Ponce destaca que 'la Corte se está haciendo cargo de su rol garante de derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, a garantizar el derecho a la salud y a la integridad física y psíquica'.
La directora del Centro de Derecho Ambiental de la U. de Chile, Valentina Durán, concuerda: 'Para quien haya seguido los fallos de esa sala en los últimos dos años esto no sorprender. Sí es inédito porque es quizás el primero que trata de mirar integralmente el problema en un territorio que se ha llamado zona de sacrificio'.
La académica explica que 'hay algunas cuestiones como que en casos extremos las personas, en especial niños, niñas y adolescentes, deberán ser trasladados a un lugar seguro. Está poniendo en primer lugar el derecho de ellos. También entre las medidas hay algunas creativas, que nunca se habían dispuesto hasta donde sé, como obligar a tener una página web que dé cuenta de las medidas'.
Diego Lillo, abogado de ONG FIMA
Tendrá impacto en otras zonas del país
Tocopilla, Mejillones, Huasco y Coronel, asoman como las zonas de sacrificio que, potencialmente, podrían enfrentar nuevos casos ambientales similares al de Quintero-Puchuncaví y donde el fallo de la Suprema podría servir de guía.
Así lo expone el abogado de la ONG FIMA —que apoya a comunidades en litigios socioambientales— Diego Lillo, quien, sin embargo, asegura nada es comparable con lo acontecido en la V Región.
El caso de Huasco es el más crítico. A fines de marzo, FIMA interpuso un recurso de protección en contra de la termoeléctrica Guacolda, propiedad de AES Gener; mientras que estudios de la Seremi de Salud de Atacama y otros, han apuntado también a la contaminación provocada por la minera CAP. 'La morbilidad por enfermedades cardiovasculares y otras patologías asociadas a la exposición a la combustión de carbón, están disparadas', advierte Lillo.
Tocopilla, Mejillones, Huasco y Coronel, asoman como las zonas de sacrificio que, potencialmente, podrían enfrentar nuevos casos ambientales similares al de Quintero-Puchuncaví y donde el fallo de la Suprema podría servir de guía.
Así lo expone el abogado de la ONG FIMA —que apoya a comunidades en litigios socioambientales— Diego Lillo, quien, sin embargo, asegura nada es comparable con lo acontecido en la V Región.
El caso de Huasco es el más crítico. A fines de marzo, FIMA interpuso un recurso de protección en contra de la termoeléctrica Guacolda, propiedad de AES Gener; mientras que estudios de la Seremi de Salud de Atacama y otros, han apuntado también a la contaminación provocada por la minera CAP. 'La morbilidad por enfermedades cardiovasculares y otras patologías asociadas a la exposición a la combustión de carbón, están disparadas', advierte Lillo.
El experto sostiene que la falta de normativa y de información son los principales problemas en las zonas de sacrificio. 'La falta de información es quizás lo más grave (…) Si no sabes, tampoco puedes diseñar normativas (útiles)'.
