El Mercurio
Académico, experto en asuntos como Estado administrativo y diseño de las instituciones, asegura que lo principal es tener magistrados con 'un sentido internalizado de lo ético, para evitar que se generen problemas'. Sin embargo, ante casos extremos de corrupción, ni 'el control legal o la ética profesional van a ser suficientes'.
'El poder de los jueces se basa en su legitimidad', sentencia el abogado Adrian Vermeule, profesor de Derecho Constitucional de la U. de Harvard y experto, entre otras materias, en lo relativo al Estado administrativo y el diseño de las instituciones. Otra carta de presentación: trabajó para el fallecido y reconocido ministro de la Corte Suprema de Estados Unidos Antonin Scalia.
Su especialidad le permite dar sugerencias sobre qué hacer cuando se evidencian problemas en aspectos como límites de atribuciones y, en casos extremos, corrupción o comisión de delitos. Así, asegura que cuando entidades como el Poder Judicial son cuestionados, la única forma de resolver el problema es asegurándose que 'la judicatura sea vista como un organismo que actúa profesionalmente y no preocupado de sus propios intereses (…) Ellos no tienen un ejército para hacer cumplir sus órdenes, por lo que todo se basa en la percepción pública de que están siguiendo las normas y están aplicando el derecho de manera justa. Si eso comienza a perderse, puede ser devastador'.
Desarrollo de una ética profesional
El desarrollo de una ética profesional entre los magistrados o funcionarios institucionales es, a juicio de Vermeule -de visita en Chile para inaugurar el año académico de la Facultad de Derecho de la U. Católica (UC)-, lo fundamental para ejercer medidas de control en estas instituciones.
'La fuente más poderosa es esa, porque el Derecho es un instrumento en bruto, no es capaz de controlar completamente a los jueces que no han internalizado la ética, que debe provenir de uno mismo', explica sobre un comportamiento que define como no escrito y que se desarrolla por costumbre en el tiempo. Otras serían la separación de poderes y su interacción, junto a las normas formales de ética jurídica determinadas por la profesión o las universidades que vigilan el comportamiento de los magistrados.
-¿Cuándo el control se puede volver excesivo o no recomendable al interior de una institución?
-Si interfiere con la posibilidad de perseguir el bien común. Cuando eso se controla se elimina la posibilidad de abuso, mientras se permite la flexibilidad a los funcionarios para considerar los hechos, casos o situaciones particulares.
Hay que tener en cuenta que se pueden cometer dos errores: uno es permitir el abuso, pero el otro es sobrelegalizar y crear demasiadas reglas.
¿Cuáles son los niveles mínimos que debe tener una institución?. El especialista asegura que las reglas básicas son aquellas que previenen el soborno, el monopolio y los conflictos de intereses. De esta forma, agrega, el juez sabrá qué hacer en casos, por ejemplo, donde una de las partes fue representada por él como abogado en la práctica privada. 'Más allá de esos mínimos, la principal necesidad es tener jueces con un sentido internalizado de lo ético, para evitar que se generen problemas', acota.
-¿Qué sucede cuando esa ética interna es escasa? ¿Cómo se pueden mejorar los mecanismos de control para evitar malas prácticas entre jueces o fiscales?
-Si se parte de la base de un extremo estado de corrupción en el Poder Judicial, ninguno de estos mecanismos, ya sea el control legal o la ética profesional, va a ser suficiente.
El primer paso debe ser limpiar la corrupción y la receta típica para eso es prohibir las fuentes externas de ingresos, aumentar los sueldos de los jueces para que estén menos tentados a involucrarse en esta clase de asuntos y hacer que sus finanzas sean transparentes.
Vigilancia política
Al igual que en Estados Unidos, los ministros de la Corte Suprema y los fiscales nacionales deben pasar por una aprobación del Senado para ser nombrados en el cargo. Una característica que enfrenta a ambos sistemas a cuestionamientos por la posibilidad de una excesiva intervención o supervisión política.
Para Vermeule, el principal riesgo de esta práctica es que la vigilancia política lleve a las personas a 'centrarse en exceso en el control de los jueces, cuando lo que realmente se necesita es que ellos internalicen una cultura de restricción'. No obstante, también identifica ventajas: 'Algunas veces ellos pueden llegar a desarrollar una cultura profesional que es lejana a los problemas cotidianos de la ciudadanía'.
-Actualmente en Estados Unidos, ¿cómo están evaluadas las autoridades judiciales?
-Nuestra historia reciente ha sido de creciente polarización y desencuentros, donde los jueces han perdido mucha de su legitimidad debido a la percepción pública de que están decidiendo casos importantes en base a lineamientos políticos. La Corte Suprema está decidiendo por 5-4, con toda la izquierda o la derecha a un lado, lo que es extremadamente dañino.
Además, aclara, en los últimos años ha sido usual que muchos de los asuntos revisados por el máximo tribunal sean controversiales, como aborto, inmigración o matrimonio entre parejas del mismo sexo. 'Creo que esto contribuyó a la elección de Donald Trump, en el sentido de que muchos cristianos conservadores en el país creen que el Poder Judicial estaba fuera de control en estos temas'.
'La idea es hacer la corrupción menos rentable'
Hace unos días, el Poder Judicial chileno anunció una serie de medidas de probidad y transparencia para todos los tribunales del país, entre ellas, que todos sus miembros deban llevar una agenda pública, así como la apertura de un canal de denuncias ante posibles delitos al interior de la institución.
Son herramientas frecuentes, aunque Vermeule advierte sobre el uso de informantes o whistleblowers -comunes en organismos administrativos- para evitar casos de corrupción. 'Tienes costos y beneficios', explica, 'pueden crear un clima de ansiedad donde los funcionarios estén atemorizados de aplicar su criterio en busca del bien común, por lo que hay que ser cuidadosos con las condiciones y los procedimientos utilizados'.
No obstante, e independientemente de los mecanismos a los que se recurra, 'la idea básica es hacer la corrupción menos rentable, pero, también, menos tentadora, profesionalizando el Poder Judicial, asegurándose que están siendo bien pagados y previniendo conflictos de interés derivados de fuentes externas de ingresos, como múltiples profesiones o la práctica del Derecho al mismo tiempo que se es magistrado'.
Su especialidad le permite dar sugerencias sobre qué hacer cuando se evidencian problemas en aspectos como límites de atribuciones y, en casos extremos, corrupción o comisión de delitos. Así, asegura que cuando entidades como el Poder Judicial son cuestionados, la única forma de resolver el problema es asegurándose que 'la judicatura sea vista como un organismo que actúa profesionalmente y no preocupado de sus propios intereses (…) Ellos no tienen un ejército para hacer cumplir sus órdenes, por lo que todo se basa en la percepción pública de que están siguiendo las normas y están aplicando el derecho de manera justa. Si eso comienza a perderse, puede ser devastador'.
Desarrollo de una ética profesional
El desarrollo de una ética profesional entre los magistrados o funcionarios institucionales es, a juicio de Vermeule -de visita en Chile para inaugurar el año académico de la Facultad de Derecho de la U. Católica (UC)-, lo fundamental para ejercer medidas de control en estas instituciones.
'La fuente más poderosa es esa, porque el Derecho es un instrumento en bruto, no es capaz de controlar completamente a los jueces que no han internalizado la ética, que debe provenir de uno mismo', explica sobre un comportamiento que define como no escrito y que se desarrolla por costumbre en el tiempo. Otras serían la separación de poderes y su interacción, junto a las normas formales de ética jurídica determinadas por la profesión o las universidades que vigilan el comportamiento de los magistrados.
-¿Cuándo el control se puede volver excesivo o no recomendable al interior de una institución?
-Si interfiere con la posibilidad de perseguir el bien común. Cuando eso se controla se elimina la posibilidad de abuso, mientras se permite la flexibilidad a los funcionarios para considerar los hechos, casos o situaciones particulares.
Hay que tener en cuenta que se pueden cometer dos errores: uno es permitir el abuso, pero el otro es sobrelegalizar y crear demasiadas reglas.
¿Cuáles son los niveles mínimos que debe tener una institución?. El especialista asegura que las reglas básicas son aquellas que previenen el soborno, el monopolio y los conflictos de intereses. De esta forma, agrega, el juez sabrá qué hacer en casos, por ejemplo, donde una de las partes fue representada por él como abogado en la práctica privada. 'Más allá de esos mínimos, la principal necesidad es tener jueces con un sentido internalizado de lo ético, para evitar que se generen problemas', acota.
-¿Qué sucede cuando esa ética interna es escasa? ¿Cómo se pueden mejorar los mecanismos de control para evitar malas prácticas entre jueces o fiscales?
-Si se parte de la base de un extremo estado de corrupción en el Poder Judicial, ninguno de estos mecanismos, ya sea el control legal o la ética profesional, va a ser suficiente.
El primer paso debe ser limpiar la corrupción y la receta típica para eso es prohibir las fuentes externas de ingresos, aumentar los sueldos de los jueces para que estén menos tentados a involucrarse en esta clase de asuntos y hacer que sus finanzas sean transparentes.
Vigilancia política
Al igual que en Estados Unidos, los ministros de la Corte Suprema y los fiscales nacionales deben pasar por una aprobación del Senado para ser nombrados en el cargo. Una característica que enfrenta a ambos sistemas a cuestionamientos por la posibilidad de una excesiva intervención o supervisión política.
Para Vermeule, el principal riesgo de esta práctica es que la vigilancia política lleve a las personas a 'centrarse en exceso en el control de los jueces, cuando lo que realmente se necesita es que ellos internalicen una cultura de restricción'. No obstante, también identifica ventajas: 'Algunas veces ellos pueden llegar a desarrollar una cultura profesional que es lejana a los problemas cotidianos de la ciudadanía'.
-Actualmente en Estados Unidos, ¿cómo están evaluadas las autoridades judiciales?
-Nuestra historia reciente ha sido de creciente polarización y desencuentros, donde los jueces han perdido mucha de su legitimidad debido a la percepción pública de que están decidiendo casos importantes en base a lineamientos políticos. La Corte Suprema está decidiendo por 5-4, con toda la izquierda o la derecha a un lado, lo que es extremadamente dañino.
Además, aclara, en los últimos años ha sido usual que muchos de los asuntos revisados por el máximo tribunal sean controversiales, como aborto, inmigración o matrimonio entre parejas del mismo sexo. 'Creo que esto contribuyó a la elección de Donald Trump, en el sentido de que muchos cristianos conservadores en el país creen que el Poder Judicial estaba fuera de control en estos temas'.
'La idea es hacer la corrupción menos rentable'
Hace unos días, el Poder Judicial chileno anunció una serie de medidas de probidad y transparencia para todos los tribunales del país, entre ellas, que todos sus miembros deban llevar una agenda pública, así como la apertura de un canal de denuncias ante posibles delitos al interior de la institución.
Son herramientas frecuentes, aunque Vermeule advierte sobre el uso de informantes o whistleblowers -comunes en organismos administrativos- para evitar casos de corrupción. 'Tienes costos y beneficios', explica, 'pueden crear un clima de ansiedad donde los funcionarios estén atemorizados de aplicar su criterio en busca del bien común, por lo que hay que ser cuidadosos con las condiciones y los procedimientos utilizados'.
No obstante, e independientemente de los mecanismos a los que se recurra, 'la idea básica es hacer la corrupción menos rentable, pero, también, menos tentadora, profesionalizando el Poder Judicial, asegurándose que están siendo bien pagados y previniendo conflictos de interés derivados de fuentes externas de ingresos, como múltiples profesiones o la práctica del Derecho al mismo tiempo que se es magistrado'.
Disparidad de criterios en fallos: 'Pasamos por una experiencia similar'
En Chile, a diferencia del mundo anglosajón, no existe el principio del precedente, aunque distintos especialistas han recordado la necesidad de que casos similares sean resueltos de igual forma por los tribunales. El último debate se dio hace unas semanas, cuando un estudio del Observatorio Judicial del Programa de Derecho Administrativo Económico de la UC evidenció la existencia de disparidad de criterios en fallos de la Corte Suprema.
Pese a que es una noción del sistema estadounidense, Vermeule asegura que esto también ha ocurrido en su país. 'Pasamos por una experiencia similar', dice, y explica que para evitarlo se crearon unas 'guías de sentencias', que restringían la posibilidad discrecional del magistrado y determinaban ciertos hechos de prueba y decisiones obligatorias. Estas, sin embargo, fueron declaradas inconstitucionales por el máximo tribunal al considerar que restringían en exceso el criterio del juez y las declaró solo como recomendaciones.
'Aunque no son constitucionalmente vinculantes, si decide no seguirlas, debe dar una razón para ello. Esa me parece una buena opción intermedia, que el juez deba explicar su razonamiento, pero sin controlarlo en demasía', asegura.
Pese a que es una noción del sistema estadounidense, Vermeule asegura que esto también ha ocurrido en su país. 'Pasamos por una experiencia similar', dice, y explica que para evitarlo se crearon unas 'guías de sentencias', que restringían la posibilidad discrecional del magistrado y determinaban ciertos hechos de prueba y decisiones obligatorias. Estas, sin embargo, fueron declaradas inconstitucionales por el máximo tribunal al considerar que restringían en exceso el criterio del juez y las declaró solo como recomendaciones.
'Aunque no son constitucionalmente vinculantes, si decide no seguirlas, debe dar una razón para ello. Esa me parece una buena opción intermedia, que el juez deba explicar su razonamiento, pero sin controlarlo en demasía', asegura.
