El Mercurio / Radio Cooperativa
Profesora María Elena 158x158
 
Abogados y académicos vuelven sobre una reflexión: quién debe ejercer el control de los persecutores. Unos piensan que debiese evaluarse la externalización; otros, que lo que ocurre no debiese causar extrañeza, dado que en otros organismos del Estado sucede lo mismo.
 
Fiscales investigando a fiscales. En las últimas semanas, las denuncias cruzadas entre el jefe de Alta Complejidad de Rancagua, Sergio Moya, y su superior, el regional de O'Higgins, Emiliano Arias, en medio de una caso por corrupción que involucra a tres ministros de la Corte de Apelaciones de la jurisdicción, significaron la apertura de investigaciones administrativas contra uno y otro.

Para Arias, por su rango debió designarse a uno de sus pares. El sumario en su contra lo instruye el fiscal regional de Antofagasta, Alberto Ayala.

En el caso de Moya, aunque su jefe lo denunció en la sede central del Ministerio Público, se derivó a la región, dado que es un fiscal adjunto. Allá, el jefe (s) de O'Higgins, Javier von Bischoffhausen, tenía que asignarle un investigador, pero no pudo: encabeza el sumario por la fallida 'Operación Huracán'.

La responsabilidad de nombrar un instructor para esa denuncia administrativa recayó en el fiscal que sigue como subrogante a Von Bischoffhausen —quien se encuentra reemplazando a Arias— y que no se encontraba inhabilitado: Gabriel Meza, jefe de Santa Cruz.

Finalmente, Moya será indagado internamente por Mauricio Maturana, a cargo de la Fiscalía de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la jurisdicción.

Pero ese es solo el episodio de Rancagua y, según registros del Ministerio Público, las indagatorias administrativas a nivel nacional en curso que afectan a fiscales se empinan por sobre la decena entre 2018 y los primeros meses de este año.

La estadística indica que son 11 los persecutores actualmente investigados por otros persecutores de manera interna por eventuales infracciones administrativas.

Y de contabilizarse la totalidad de los sumarios instruidos en el período, la cifra se eleva a 36. De ellos, el término aplicado más frecuentemente es el sobreseimiento.

Estudiar posible control externo

'(Son) pocos sumarios y además con ese tipo de término, lo que hace cuestionarse si son buenos el autocontrol que ejerce el Ministerio Público y la ausencia absoluta de control externo', reflexiona la abogada y profesora de Derecho de la U. Católica María Elena Santibáñez.

Se sobreseyó a 19 fiscales, lo que significa que prácticamente la mitad de los sumariados salió de la indagatoria por esta vía, de acuerdo a la estadística entregada por la propia institución.

La abogada recuerda que este tema de 'quién controla al Ministerio Público' fue analizado por la comisión de Reforma al Código Procesal Penal como un asunto 'relevante'. No pudo hacerse una propuesta concreta en esa instancia —dice—, porque no hubo consenso, dado que una solución debe considerar el carácter autónomo constitucional de la fiscalía.

Santibáñez advierte, sin embargo, que 'la forma de control me parece que debe ser estudiada y ver la posibilidad de algún tipo de control externo'.

Ahora, las investigaciones penales que instruyen otros fiscales contra algunos de sus pares corren por un carril distinto.

Es el caso, por ejemplo, de la indagatoria que dirige el jefe regional de Magallanes, Eugenio Campos, respecto de Arias, a quien ayer tomó declaración en calidad de imputado, dado que la denuncia de Moya incluía hechos que podían ser constitutivos de delito, como obstrucción a la investigación, violación de secreto, y otros (ver nota secundaria).

Más estricto y no la propia fiscalía

Para el abogado Samuel Donoso, quien ha impartido clases en las universidades de Chile y Mayor, 'no parece prudente (que persecutores indaguen a persecutores). Los fiscales son autoridades con mucho poder, ello requiere a su vez controles estrictos, debiera ser un órgano especializado en la revisión de cuentas y de actuaciones administrativas, como la Contraloría'.

Incluso, agrega: 'Lo mismo en materia penal. Debiera ser un órgano distinto a la propia fiscalía el que investigue eventuales delitos de los fiscales; por ejemplo, los fiscales del Poder Judicial, que son exministros o exjueces de un gran nivel y experiencia, y dan garantías de eficiencia e imparcialidad a todo el mundo'.

Ocurre en todo el aparato estatal

El profesor de Derecho UDP Cristián Riego, primero, hace un distingo en relación con las investigaciones administrativas o sumarios y las causas penales contra fiscales, afirmando que 'en cuanto a lo primero, me parece normal que lo hagan los propios fiscales, eso ocurre en todo el Estado'.

Sí cree que en las investigaciones penales, 'probablemente, debiese existir un sistema especial de fiscales externos'.

Sobre si piensa que los persecutores se distraen de sus labores por instruir este tipo de casos, dice: 'No creo que la carga de trabajo sea un problema en la enormidad de causas que ven'.

 

Pocos sumarios (...) hace cuestionarse si son buenos el autocontrol que ejerce el Ministerio Público y la ausencia absoluta de control externo'.

María Elena Santibáñez

Profesora de Derecho UC

No parece prudente (que persecutores indaguen a persecutores). Los fiscales son autoridades con mucho poder, ello requiere a su vez controles estrictos'.

Samuel Donoso

Abogado

Me parece normal que lo hagan los propios fiscales (dirigir sumarios contra sus pares); eso ocurre en todo el Estado. En las investigaciones penales, probablemente, debiese existir un sistema especial'.

Cristián Riego

Profesor de Derecho UD

Jurisdicciones

En siete jurisdicciones están los sumarios en curso contra fiscales. Atacama y la Zona Metropolitana Occidente suman cuatro.