El Mercurio / Rock and Pop
En 2018, la justicia sentenció a 25 años de cárcel al autor del bombazo.
Dos bienes jurídicos protegidos por la ley fueron afectados el 8 de septiembre de 2014, cuando una bomba explotó en el Subcentro de la Escuela Militar, lesionando a 23 personas: el derecho a orden y seguridad pública junto a la paz social.
En ese marco, la Fiscalía Sur y la Clínica Jurídica de la UC comenzaron a tramitar en el Ministerio del Interior la entrega de pensiones vitalicias para las víctimas del bombazo, lo cual se concretó la semana pasada.
El autor del atentado, Juan Flores, fue detenido en 2014 tras ser identificado en la investigación de la Fiscalía Sur, que obtuvo en 2018 una condena en su contra por delito terrorista de 23 años de cárcel.
En la ceremonia de entrega de las pensiones en el Ministerio del Interior, el ex fiscal Regional Sur Raúl Guzmán comentó que las penas en estos casos no reparan el mal causado: 'el objetivo de nuestro acompañamiento, aún después de dictada la sentencia condenatoria, es ir por una reparación más integral a la víctima, que a veces no se logra con la mera pena que se imponga al autor del delito'.
En su última ceremonia antes de asumir como secretario del Senado agrega: 'el compromiso del Ministerio Público con las víctimas, sobre todo si han sufrido traumáticas consecuencias producto de un grave delito, como lo es un atentado de carácter terrorista'.
Los montos de las pensiones otorgadas por el Gobierno se fijaron conforme a las lesiones que cada víctima sufrió, y van de los $97 mil a los $194 mil.
María Elena Santibáñez, encargada del área Penal de la Clínica Jurídica de la UC, quien representó a las 23 víctimas, asegura que: 'En otros países existen fondos especiales para víctimas de delitos terroristas. En Chile no vi nada, y claramente es una situación súper injusta de personas que iban por la calle y les ocurre una situación así', asegura.
Y subraya: 'La sensación de inseguridad, eso es lo que provoca un delito terrorista'.
En ese marco, la Fiscalía Sur y la Clínica Jurídica de la UC comenzaron a tramitar en el Ministerio del Interior la entrega de pensiones vitalicias para las víctimas del bombazo, lo cual se concretó la semana pasada.
El autor del atentado, Juan Flores, fue detenido en 2014 tras ser identificado en la investigación de la Fiscalía Sur, que obtuvo en 2018 una condena en su contra por delito terrorista de 23 años de cárcel.
En la ceremonia de entrega de las pensiones en el Ministerio del Interior, el ex fiscal Regional Sur Raúl Guzmán comentó que las penas en estos casos no reparan el mal causado: 'el objetivo de nuestro acompañamiento, aún después de dictada la sentencia condenatoria, es ir por una reparación más integral a la víctima, que a veces no se logra con la mera pena que se imponga al autor del delito'.
En su última ceremonia antes de asumir como secretario del Senado agrega: 'el compromiso del Ministerio Público con las víctimas, sobre todo si han sufrido traumáticas consecuencias producto de un grave delito, como lo es un atentado de carácter terrorista'.
Los montos de las pensiones otorgadas por el Gobierno se fijaron conforme a las lesiones que cada víctima sufrió, y van de los $97 mil a los $194 mil.
María Elena Santibáñez, encargada del área Penal de la Clínica Jurídica de la UC, quien representó a las 23 víctimas, asegura que: 'En otros países existen fondos especiales para víctimas de delitos terroristas. En Chile no vi nada, y claramente es una situación súper injusta de personas que iban por la calle y les ocurre una situación así', asegura.
Y subraya: 'La sensación de inseguridad, eso es lo que provoca un delito terrorista'.
