El Mercurio Legal
“Estamos asistiendo a un deterioro del valor y el sentido de las reglas”, sentenció el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, y luego agregó: “Porque si quienes están llamados a administrar imparcialmente las reglas y a configurar cierta práctica interpretativa respecto de ellas se muestran prontos a emitir pronunciamientos inéditos, sorpresivos o espectaculares, lo que está ocurriendo es que estamos, sin darnos cuenta, arriesgando el peligro de sustituir el valor de las reglas, que son decisiones por anticipado, por la subjetividad de quienes las administran”.
Sus palabras se dieron en el marco de la presentación del estudio “El Derecho Administrativo ante la jurisprudencia de la Corte Suprema: líneas y vacilaciones (2008-2018)”, a cargo del profesor Alejandro Vergara Blanco y el Observatorio Jurisprudencial del Programa de Derecho Administrativo Económico (PDAE) de la U. Católica, que dirige, quien explica que con este trabajo se buscaba "llamar la atención sobre un fenómeno que nos parecía injusto, que rompía una regla democrática, en el sentido de que quebrantaba la igualdad ante la ley para ser juzgado de la misma manera frente a los mismos casos, con una misma ratio decidendi y una misma base de hechos".
El académico y abogado de la UDP, que estuvo a cargo de ofrecer las palabras inaugurales de la actividad, se refirió de esta forma a las razones que, a su juicio, explicarían los resultados entregados por esta investigación, que analizó cerca de 900 sentencias del máximo tribunal en 20 temas relevantes para la práctica de la disciplina durante una década, dando cuenta de un vaivén o zigzagueo constante en un número importante de fallos ante causas idénticas, ya sea por falta de constancia en los resultados de votaciones de las salas o de los ministros y abogados integrantes, de manera individual.
A su juicio, no solo el valor o sentido de las reglas está en discusión ante resultados como los aquí presentados, sino que también estaría en cuestionamiento la dogmática jurídica y su sustitución por consideraciones de justicia material, “como si ser jurista no consistiera en manejar una técnica intelectual, sino en tener línea directa con un cierto sentido de justicia”, creando un fenómeno —dice— que de alguna forma desdibujaría la profesión del juez.
Junto con Peña, presentó el estudio el profesor de Derecho Procesal de la U. de los Andes, Alejandro Romero, quien comentó que lo que se traduce de este estudio es un historial en nuestro país de discriminaciones, derivado del predominio de una “ideología legalista” y de la instalación de la idea —en el siglo XIX con la codificación— de que “la jurisprudencia no tiene valor (...), que es algo propio de los países del common law”.
“Sostenemos que la ley es una gran norma que nos protege, que es verdad, pero hay que hacer el trabajo de entender que la jurisprudencia tiene un rol relevante a la hora de revisar los casos y es ahí donde viene el desafío, porque de otra forma estamos infringiendo de manera gruesa el principio de igualdad, que es una garantía constitucional”, agregó.
Junto con eso, asegura que actualmente “se ha extremado el subjetivismo de la decisión judicial. Necesitamos caminar hacia que el precedente tenga valor en Chile para darle seriedad a nuestra profesión y la del juez, porque este es un tema conjunto”.
Dogmática y precedente
¿Es, por tanto, imposible abandonar esta tradición? “Por supuesto que es posible”, dice Peña, aunque agrega que el costo intelectual es muy alto. “Temo que si uno mira esta masa jurisprudencial (del estudio) lo que se encuentra es que de pronto hay sentencias y decisiones que se apartan de esa tradición sin satisfacer el gravamen intelectual que supone argumentar para estar a la altura de esta decisión, que de otra manera resulta insólita”.
Así, asegura que una jurisprudencia zigzagueante demuestra “una intromisión o exacerbación de la subjetividad de quienes son jueces y eso deteriora la profesión judicial”, a lo que Romero agrega que esto se traduce en una litigación “sin necesidad de saber” cual es su opinión.
La respuesta estaría, concuerdan, en la práctica del precedente que, a juicio del académico de la U. de los Andes, no tiene actualmente impedimento procesal para ser utilizada en el país. “El tema es cultural, no es que falten instrumentos (...) La responsabilidad no se la endoso a los jueces, sino a las escuelas de Derecho, que tenemos que hacer este correctivo y empezar a enseñarla”.
El Seminario
Luego de la presentación del estudio se realizó un seminario sobre actualidad jurisprudencial en materias de empleo público, procedimiento administrativo y sancionatorio y en derecho minero, ambiental y de aguas.
Expusieron los académicos de Derecho Administrativo Alejandro Cárcamo (U. Alberto Hurtado), Carolina Helfmann (U. Católica) y Fernanda Gómez (UC de Valparaíso), junto la profesora de Derecho Minero y asociada de Phillipi Prietocarrizos Ferrero DU & Uría, María Paz Pulgar; el profesor de Derecho Ambiental y socio de Schultz Carrasco, Edesio Carrasco, y la profesora de Derecho Administrativo y de Aguas UC, Daniela Rivera.
