La Segunda
Es 'un experimento voluntarista sin evidencia que lo respalde', dicen.
A las 13.00 horas de hoy está fijada la cita entre un grupo de parlamentarios opositores y el ministro Segpres, Gonzalo Blumel, luego de que éste los invitara a acercar posiciones en torno al proyecto del Ejecutivo que modifica la Ley de Transparencia. En las próximas semanas, ese esfuerzo podría traducirse en indicaciones a la iniciativa que está en la comisión de Constitución de la Cámara Baja.
La propuesta del Ejecutivo ha sido duramente criticada por el presidente del Consejo Para la Transparencia (CPLT), Marcelo Drago. Y su posición se vio recientemente respaldada por un informe que el organismo encargó a los constitucionalistas José Francisco García y Gastón Gómez, reconocidos abogados ligados al oficialismo. El documento de 128 páginas 'Aspectos de derecho público y diseño institucional del proyecto de ley que modifica la Ley N° 20.285 sobre acceso a información pública', advierte que la iniciativa genera 'consecuencias negativas', que implica un 'retroceso institucional' y que contiene 'falencias' constitucionales.
Los juristas señalan que ningún 'diagnóstico puede justificar la reconfiguración sustantiva del diseño institucional que propone el proyecto, reconfiguración que debe ser calificada sin ambigüedades como un retroceso institucional y un experimento voluntarista en diseño de instituciones sin evidencia que lo respalde'.
Una de las razones de esta crítica es que la iniciativa 'fragmenta el sistema de transparencia', al crear direcciones en los órganos autónomos que serán objetos de esas obligaciones. Esto, dicen García y Gómez, genera una serie de consecuencias negativas: debilita el rol del CPLT como agencia independiente, aumenta los costos de información de los ciudadanos (al multiplicar el número de órganos con competencia en materia de transparencia) mermando el ejercicio de su derecho de acceso a la información pública y amenaza la eficacia del principio de publicidad constitucional.
Los abogados dicen que los problemas se profundizan con la creación de la Comisión de Transparencia del Estado y la idea de entregar a la Segpres la administración del portal de transparencia. Por ello, y porque sostienen que 'el CPLT es un diseño institucional modelo, de exportación', García y Gómez recomiendan eliminar la creación de la citada comisión o que sea el director del Consejo —que no tiene participación bajo el proyecto actual—quien la presida.
Los constitucionalistas también acotan que el proyecto fortalece la dimensión gubernamental del sistema, en vez de hacerlo en una lógica estatal. Explican que esto ocurre porque, en vez de potenciar las capacidades institucionales del CPLT, se potencia el rol de la Segpres y del Ministerio de Justicia, 'lo que debe ser visto, sin ambigüedades, como un retroceso institucional'.
'No es aconsejable que los entes públicos obligados por esta ley, sean quienes tengan un rol tan relevante de contenido y control de la normativa de transparencia', dice el documento. Y añade que un área instalada en la esfera de lo estatal (la transparencia) pase al campo de lo gubernamental, es 'involución' que va 'exactamente en la dirección contraria a las experiencias en el derecho comparado y los estándares de la OCDE y OEA'.
Incluir al Congreso
El documento también critica que el Parlamento, al igual que otras entidades autónomas, quede exento del sistema, lo cual califican de irregular. 'No existen razones fundadas' para que sus funciones administrativas no queden sujetas al régimen vigente de transparencia, afirman.
Sobre la selección de los tres miembros de las direcciones de transparencia de los organismos autónomos, el texto asegura que la intervención directa en la designación de uno de ellos por parte del propio órgano 'genera un evidente problema de parcialidad'. E insiste en que el modelo actual, basado en el CPLT, 'satisface de mejor forma los mandatos constitucionales de publicidad y acceso a la información pública'.
La propuesta del Ejecutivo ha sido duramente criticada por el presidente del Consejo Para la Transparencia (CPLT), Marcelo Drago. Y su posición se vio recientemente respaldada por un informe que el organismo encargó a los constitucionalistas José Francisco García y Gastón Gómez, reconocidos abogados ligados al oficialismo. El documento de 128 páginas 'Aspectos de derecho público y diseño institucional del proyecto de ley que modifica la Ley N° 20.285 sobre acceso a información pública', advierte que la iniciativa genera 'consecuencias negativas', que implica un 'retroceso institucional' y que contiene 'falencias' constitucionales.
Los juristas señalan que ningún 'diagnóstico puede justificar la reconfiguración sustantiva del diseño institucional que propone el proyecto, reconfiguración que debe ser calificada sin ambigüedades como un retroceso institucional y un experimento voluntarista en diseño de instituciones sin evidencia que lo respalde'.
Una de las razones de esta crítica es que la iniciativa 'fragmenta el sistema de transparencia', al crear direcciones en los órganos autónomos que serán objetos de esas obligaciones. Esto, dicen García y Gómez, genera una serie de consecuencias negativas: debilita el rol del CPLT como agencia independiente, aumenta los costos de información de los ciudadanos (al multiplicar el número de órganos con competencia en materia de transparencia) mermando el ejercicio de su derecho de acceso a la información pública y amenaza la eficacia del principio de publicidad constitucional.
Los abogados dicen que los problemas se profundizan con la creación de la Comisión de Transparencia del Estado y la idea de entregar a la Segpres la administración del portal de transparencia. Por ello, y porque sostienen que 'el CPLT es un diseño institucional modelo, de exportación', García y Gómez recomiendan eliminar la creación de la citada comisión o que sea el director del Consejo —que no tiene participación bajo el proyecto actual—quien la presida.
Los constitucionalistas también acotan que el proyecto fortalece la dimensión gubernamental del sistema, en vez de hacerlo en una lógica estatal. Explican que esto ocurre porque, en vez de potenciar las capacidades institucionales del CPLT, se potencia el rol de la Segpres y del Ministerio de Justicia, 'lo que debe ser visto, sin ambigüedades, como un retroceso institucional'.
'No es aconsejable que los entes públicos obligados por esta ley, sean quienes tengan un rol tan relevante de contenido y control de la normativa de transparencia', dice el documento. Y añade que un área instalada en la esfera de lo estatal (la transparencia) pase al campo de lo gubernamental, es 'involución' que va 'exactamente en la dirección contraria a las experiencias en el derecho comparado y los estándares de la OCDE y OEA'.
Incluir al Congreso
El documento también critica que el Parlamento, al igual que otras entidades autónomas, quede exento del sistema, lo cual califican de irregular. 'No existen razones fundadas' para que sus funciones administrativas no queden sujetas al régimen vigente de transparencia, afirman.
Sobre la selección de los tres miembros de las direcciones de transparencia de los organismos autónomos, el texto asegura que la intervención directa en la designación de uno de ellos por parte del propio órgano 'genera un evidente problema de parcialidad'. E insiste en que el modelo actual, basado en el CPLT, 'satisface de mejor forma los mandatos constitucionales de publicidad y acceso a la información pública'.
