La Segunda
El hecho se produjo después de que el excontralor sostuviera ese año una reunión con el exgeneral director, Eduardo Gordon, pero en momentos en que Carabineros era la institución más reputada según las encuestas y en que Contraloría se encontraba con su personal ocupado en los desafíos de la reconstrucción del terremoto de 2010 (ver nota asociada).
En un texto que Mendoza envió a La Segunda —que reproducimos íntegro— éste dice que fue él y no otro contralor en democracia, quien revirtió la costumbre de Contraloría, adoptada durante el gobierno militar, de no realizar sumarios en las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad.
1 El primer contralor en sumariar a las FF.AA.
'A poco de asumir como contralor el año 2007, advertí que la institución había decidido —a través de dictámenes interpretativos— no ejercer el control disciplinario respecto de las responsabilidades administrativas de los funcionarios públicos que sirven en todas las ramas de la Defensa, en razón de que ellos exclusivamente debían aplicar sus estatutos especiales de personal (realizar ellos mismos las investigaciones internas). No se hacían sumarios administrativos ni en Carabineros ni en el Ejército, ni en la Armada ni en la Fuerza Aérea'.
'A partir de 2007, se fue forjando una verdadera transición administrativa de control consistente, incremental y permanente que, a través de decisiones de auditoría y dictámenes claves, ha permitido una mayor fiscalización en todas las ramas de la defensa y Carabineros, lo que no había ocurrido ni siquiera a partir del año 1990'.
2 Resistencia de uniformados, políticos
y empresarios
'Esto no cayó del cielo, fue un trabajo largo y difícil, en el que toda la institución se involucró, y que obviamente tuvo, y ha tenido, muchas resistencias de los sectores afectados e incluso del mundo civil. Quizás hoy resulta anecdótico, pero aquel dictamen del año 2008 que prohibía el uso de un buque de la armada —el Aquiles— para eventos sociales me fue comentado, en tono de malestar desde el mundo empresarial y hasta por autoridades civiles. Creo que la institución se impuso finalmente y pudo asumir un nuevo estado de control en un mundo que era desconocido para la civilidad'.
3 El dictamen que permitió las fiscalizaciones
'Hasta 2010, la Contraloría nunca hizo directamente algún sumario administrativo respecto de funcionarios pertenecientes a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad. Sí los hizo en todas aquellas instituciones relacionadas al mundo castrense, como DIPRECA y CAPREDENA, o en el Ministerio de Defensa. También ordenaba que las propias entidades realizaran sumarios, los que después revisaba cuando iban a toma de razón, devolviéndolos muchas veces para su reapertura y mejor tramitación (cuando encontraba que estaban mal hechos). Todo ello en un contexto donde, además, el personal de esos estatutos especiales gozaba de prescripciones de muy corto plazo para la persecución de sus responsabilidades'.
'Un destacado precedente interno, permitió, recién a mitad del 2008, que despejáramos esta competencia, lo que se comunicó a las respectivas instituciones, las que evidentemente expresaron su descontento con este nuevo rol de la Contraloría, incluso pidiendo con reiteración que se dejara sin efecto. Esa es la diferencia, y quien no la quiera ver es porque tiene otra agenda en mente'.
4 Lo que debe
ser encontrado
'Estoy convencido de que la suspensión del sumario sobre el que tanto se ha hablado, quedó debidamente consignada al interior de los medios registrales y documentales de la Contraloría. No me cabe duda de que dicha constancia será encontrada mediante la investigación, que hoy lleva a cabo el Ministerio Público'.
'A estas alturas me resulta curioso que lejos de estar en un esclarecimiento de lo ocurrido, estamos en una suerte de arqueología administrativa jurídica, que se obtuvo de un documento con una inusual constancia de un amanuense (escribiente) que ha reconocido su estampe de ‘anulada', y que las constancias de las órdenes dadas no hayan sido encontradas, en los repositorios tecnológicos de la Contraloría y que, cuando se encuentran, se explica que ello obedece a ocurrencias creativas de funcionarios encargados de su custodia y seguimiento'.
5 Otras auditorías
que no encontraron irregularidades
'Por último, debo señalar que la preocupación por estos pagos irregulares en Carabineros, fueron siempre reiteradas. Es así como en el año 2013, producto de una auditoría a la misma Dirección de Personal se ordenó la instrucción de un sumario administrativo llevado por Contraloría en dicha dirección, sin que tampoco se descubriera el mecanismo defraudatorio que hoy conocemos y en el que, entiendo, tampoco hay sanciones propuestas'.
'Lo mismo ocurrió producto de otra auditoria, que dio lugar a una orden de instruir sumario por Carabineros en2015'.
6 Sumarios
no buscan delitos
'Lo que creo no se está advirtiendo, es que las investigaciones administrativas y disciplinarias buscan infracciones de deberes de los funcionarios, ilicitudes administrativas, no delitos penales. Esa es tarea de otras autoridades, con las cuales todos debemos colaborar'.
'Si como Contralor hubiese tomado algunas decisiones similares durante este año, o el año pasado luego de toda la evidencia recogida por los tribunales, los medios de comunicación y la propia Contraloría durante una década, merecería con creces todos los reproches. Si hoy se me pretende cuestionar por decisiones adoptadas hace más de 10 años atrás, sólo se me puede reprochar por no ser clarividente'.
La historia de su irrupción en el mundo militar
Las dudas de la intervención de Ramiro Mendoza surgieron en la fiscalía porque el 2 de junio de 2010 Contraloría inició un sumario, el que, tras una reunión de Mendoza con el general Eduardo Gordon (ver nota central), se dejó en manos de Carabineros. Por eso, los diputados Daniel Núñez (PC) y Jaime Mulet (FRVS) ingresaron ayer en La Moneda una solicitud de remoción del ex contralor como presidente del Consejo Asesor para la Modernización del Estado.
Pero que el organismo fiscalizador haya dejado el sumario en manos de Carabineros, es algo que para los expertos consultados era normal, sobre todo en el contexto de 2010.
Entonces Contraloría llevaba un poco más de un año fiscalizando de verdad a las Fuerzas Armadas, pues hasta antes de Mendoza el organismo no intervenía en el mundo uniformado. Él cambió esa tradición, con el dictamen 26.829 de 2008, en el cual señaló que tenía la facultad para realizar auditorías y sumarios.
Carabineros protestó. En 2009 pidió 'reconsiderar' el dictamen, pero Mendoza respondió que no habría marcha atrás.
A fines de 2008, ya había sorprendido a la Armada, al reprochar —y en la práctica, suprimir— las invitaciones al barco Aquiles, abordado tradicionalmente por políticos, empresarios y representantes de los medios.
Tras ello dio curso a una racha fiscalizadora en las Fuerzas Armadas: una auditoría al Estado Mayor Conjunto terminó con la renuncia de su jefe, el general Cristián Le Dantec, por la adquisición de una residencia militar por US$ 1 millón; cuestionó fondos utilizados para la 'Regata Bicentenario'; puso reparos al manejo de la venta del antiguo Hospital Militar y la construcción del nuevo; transparentó informes de auditoría a las FF.AA., que antes no se publicaban; ordenó que los gastos de servicios básicos en residencias fuera de los recintos militares fueran pagados por sus moradores; cuestionó el precio pagado por el Ejército por un puente mecano en Concepción y, entre otras acciones, advirtió al exgeneral director de Carabineros, Alberto Cienfuegos, que no podía realizar clases en la escuela institucional y ser candidato a diputado a la vez.
Sin especialidad en sumarios
Pero además Contraloría no puede imponer sanciones. Sólo puede recomendarlas para que el jefe de servicio (en el caso de Carabineros, el general director) decida qué castigos aplicar. Tampoco puede exigir cumplimiento de las sanciones. Por eso, dice el profesor de derecho administrativo de la U. de Chile, Luis Cordero, 'Contraloría no es fuerte realizando sumarios; es fuerte realizando auditorías administrativas'.
De hecho, la realización de la mayoría de los sumarios queda en manos de las mismas instituciones investigadas, a menos de que Contraloría desconfíe de ellas. 'Eso es así', confirma la profesora de derecho administrativo de la UC, Sandra Ponce de León, para quien de todas formas Mendoza debiera explicar por qué dejó en manos de Carabineros la realización de un sumario, que ya había considerado que debía realizar Contraloría (ver defensa de Mendoza).
Para Cordero, la explicación es que en 2010 Carabineros era la institución más confiable según las encuestas. Por eso advierte que 'la decisión de Mendoza se puede estar mirando con los estándares de hoy, pero fue su administración la que rompió la inhibición de fiscalizar a las FF.AA.'.
Un ex colaborador de Mendoza agrega que en 2010 fue el terremoto y que, por lo tanto, el personal de Contraloría se hizo escaso. 'Debió estar feliz de que Carabineros se ofreciera a hacer el sumario', sentencia.
Por todo lo anterior, para el vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD, Rodrigo Arellano, la continuidad de Mendoza no está en juego y agrega: 'Por haber sido contralor y por su calidad profesional, todavía tiene cuenta corriente, a pesar del cuestionamiento. Y para el Gobierno es costoso sacarlo, porque luego la oposición podría ir por más colaboradores. Lo de Mayol (exintendente de La Araucanía), que no salió de inmediato porque el Gobierno lo defendió, es una señal para este caso'.
Sin embargo, para lo que todavía no hay explicación es por qué Contraloría no habría realizado el seguimiento a la calidad del sumario, como sí lo hacía con otros casos.
En 2010, a gran parte de los sumarios debía darle seguimiento la encargada de fiscalización, Ruth Israel, quien hoy es la procuradora fiscal de Santiago en el CDE. Se solicitó su versión, pero en el organismo señalaron que las vocerías para este caso son de Contraloría.
