La Tercera
SEÑOR DIRECTOR
Macarena Sáez, en su carta publicada ayer, cuestiona que el gobierno no ponga urgencia al proyecto de ley sobre matrimonio homosexual. Dicha omisión violaría el acuerdo de solución amistosa (ASA) firmado entre el gobierno anterior y el Movilh antela Comisión Interamericana de DD.HH. (CIDH). Sin embargo, el ASA no exige dar urgencia al proyecto, sino que adoptar medidas para impulsar el matrimonio homosexual. El gobierno actual afirma que el Estado ya cumplió con dichas medidas, puesto que los años 2016 y 2017 se realizaron actividades de promoción. Porto demás, el solo hecho de que el gobierno no retire el proyecto, a pesar de que el Presidente y la mayoría de sus votantes se opongan al mismo, es ya una señal de apoyo. En conclusión, hay legítimas miradas opuestas sobre si se ha cumplido con el ASA.
Lo interesante de esta discusión, es que debe hacernos reflexionar sobre los ASA. Sáez nos dice que las obligaciones que contrae un gobierno basado en tratados internacionales suscritos, no obligan solo al gobierno que suscribe, sino al Estado en su totalidad". Ello es cierto, pero los ASA no son tratados —por eso no exigen que el Congreso los apruebe—. Si los ASA obligaran al Estado, se prestarían para fraudes, pues un gobierno podría acordar una política pública ante la Comisión, para obligar axial al gobierno siguiente. Por esto, y atendido que ellos se firman ante un órgano incapaz de obligar al Estado, los ASA no crean obligaciones internacionales. Ellos sólo registran una intención estatal en el marco de un procedimiento ante la CIDH que, en caso de ser incumplida, permite proseguir el procedimiento en contra del Estado, el que puede culminaren un proceso ante la Corte Interamericana, la que puede emitir una sentencia obligatoria.
De todos modos, convendría regular mejor los ASA, p. ej., evitando registrar en ellos acciones referidas a próximos gobiernos, para evitar así discusiones como la actual.
