El  Mercurio

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Proyecto de modernización tributaria considera que un 40% del costo de la medida corresponde al impuesto que pagan los inversionistas extranjeros, el cual empezaría a desaparecer con la suscripción de nuevos convenios.
Uno de los temas centrales y que ha generado más reparos de parte de la oposición en el proyecto de modernización tributaria del Gobierno es la reintegración del sistema impositivo a través del nuevo Sistema Integrado Total (SIT). Dicho esquema implicará una baja de 9,45% en las tasas de impuestos que pagan todas las personas que son socias de empresas del aún vigente sistema semiintegrado.

De acuerdo al informe financiero que elaboró la Dirección de Presupuestos (Dipres), la integración tiene un costo por menor recaudación fiscal que en régimen llegaría a US$ 833 millones, el cual será compensado con la implementación de la boleta electrónica (US$ 1.181 millones) y los impuestos a la economía digital y una mayor fiscalización al comercio transfronterizo (US$ 251 millones). Por su importante impacto en menor recaudación y por el beneficio a la rentas del capital, la oposición ha advertido que el tema será clave en la negociación por un eventual acuerdo para aprobar la reforma.

El Ministerio de Hacienda explicó que un 41% del costo del SIT corresponde a mipymes, un 40% al impuesto adicional que pagan socios de países que no tienen tratados de doble tributación y solo un 18% a grandes empresas, cuyos socios son nacionales.

Sin embargo, según cálculos del jefe de asesores y coordinador macroeconómico de Hacienda, Hermann González, el menor ingreso esperado por la reintegración podría ser más bajo que los US$ 833 millones estimados en un inicio. ¿La razón? De acuerdo al asesor de Hacienda, la firma de nuevos tratados que evitan la doble tributación, en el mediano plazo, haría desaparecer el costo de compensar esta parte de la reintegración. Esto porque con o sin la reforma de Sebastián Piñera, la legislación vigente ya establece la integración total entre el impuesto a la renta y el tributo adicional para los inversionistas extranjeros de países con tratado suscrito, lo que implica que su impuesto final sea de 35% y no de 44,45%.

"En la medida que avancemos en tratados de doble tributación como hoy lo estamos haciendo, ese costo va a tender a desaparecer con el tiempo y, por lo tanto, el costo en régimen de la reintegración puede reducirse desde US$ 800 millones a una cifra más cercana a US$ 500 millones. Eso tiene que ver con que con los países que no tenemos tratados de doble tributación las remesas que se envían a esos países tienen una tasa de impuesto máxima de 44,45%. En cambio, con los países que tenemos tratados de doble tributación, la tasa máxima de impuestos que se paga es de 35%", explicó González.

Chile tiene vigentes 32 acuerdos de doble tributación con países como China, Reino Unido, Japón, Australia y varios países europeos. Con Uruguay comienza el 1 de enero de 2019 y existen acuerdos firmados, pero todavía no ratificados por los congresos, como con EE.UU., y otros que están en negociación con Alemania, Finlandia, India y Holanda.

 

‘‘El costo en régimen de la reintegración puede reducirse desde US$ 800 millones a una cifra más cercana a US$ 500 millones'. 

HERMANN GONZÁLEZ ASESOR DE HACIENDA

Técnicos se reúnen con abogados tributaristas de la U. Católica

Los coordinadores tributarios del Ministerio de Hacienda, Carolina Fuensalida y Manuel Alcalde, se reunieron el miércoles con nueve académicos tributarios de la Pontificia Universidad Católica. Se trata de los abogados Jorge Arancibia, Eduardo Lagos, Pablo Greiber, Jaime del Valle, Álvaro Magasich, Francisco Hurtado, Óscar Ferrari, Franco Gorziglia y Guillermo Infante. Fuensalida enfatizó que el Ministerio de Hacienda está abierto al diálogo y a recibir propuestas. Alcalde planteó que esperan un debate en el Congreso que se centre en aspectos técnicos. Recordó que la propia OCDE les manifestó hace algunos días a parlamentarios chilenos que el actual sistema impositivo es complejo, y que la reintegración permitirá impulsar la inversión. Los académicos de la UC destacaron que el proyecto es positivo, pues refuerza el principio de legalidad tributaria.
 

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