El Mercurio
Además, recomiendan aclarar cómo y en qué plazo los jefes regionales del Ministerio Público adecuarán los planes a la realidad de sus zonas.
En 17 años, el Ministerio Público no había fijado una política de persecución penal en papel. No estaba explicitado en qué delitos enfocaría sus esfuerzos y tampoco cuáles podían ser las razones para elegir unos casos por sobre otros.
'Esta era una deuda sentida desde la creación de la fiscalía', afirmó el profesor de la Universidad Diego Portales Mauricio Duce, quien asistió hace algunas semanas a una reunión convocada por el organismo para socializar este plan con la comunidad académica.
Junto con Duce participaron representantes de otras seis facultades de Derecho. Cada uno, en pocos minutos, tras haber leído y analizado un documento, podía entregar sus apreciaciones. Hubo coincidencias en valorar que la política de persecución penal por fin se consolidara en un texto. Pero hubo también algunos reparos y recomendaciones. Unos advirtieron la necesidad de socializarla con policías, como la académica de la UC, Ximena Marcazzolo.
Otros, como su par de la U. Alberto Hurtado Leonardo Moreno, sugirieron poner en 'un lenguaje claro y simple, entendible por el ciudadano de a pie, los criterios que se utilizarán para priorizar'.
Una política que impacta todo el sistema 'Dada la relevancia e impacto que tiene la política de persecución penal del Ministerio Público en la política criminal estatal, debe ampliarse el diálogo a otras instancias de participación ciudadana, tanto nacionales como regionales, y en particular a otras autoridades de gobierno', agregó Moreno, ex defensor regional metropolitano norte.
Ello, puntualizó, porque 'algunas de las decisiones que se adopten presuponen no solo la actividad persecutora del Ministerio Público, sino también la de organismos auxiliares en la investigación, en particular uno que ha sido problemático desde siempre, como es el trabajo investigativo de las policías', aludiendo a Carabineros y la PDI.
Consideró además relevante explicar con claridad por qué se priorizan unos delitos por sobre otros, de cara a la ciudadanía, 'pues estas decisiones causarán un impacto importante en la imagen del funcionamiento no solo del Ministerio Público, sino de todo el sistema de enjuiciamiento criminal'.
'Será relevante —ejemplifica— la percepción y evaluación de las víctimas de delitos que no sean prioridad', porque, siendo cierto que los recursos son limitados y que por eso debe priorizarse, es 'insuficiente y difícilmente entendido como justificación para la comunidad, aunque pueda ser entendido por técnicos o actores del sistema'.
Evitar que se vuelva 'irrelevante' En esa línea coincidió el profesor Duce, quien planteó que la política de persecución penal de la fiscalía es 'un instrumento importante para guiar el trabajo de los fiscales y, por otra parte, para que la comunidad se entere de cuáles son las prioridades y orientaciones del trabajo de estos'.
'Es correcto —apuntó— que sea un marco normativo y no un tratado de detalles de cómo se hace cada uno de los temas', sin embargo, dijo, requiere de un complemento: 'Hay un espacio intermedio importante, donde probablemente uno ve que todavía hay muchos temas a rellenar o bajar'. Los fiscales regionales van a dictar orientaciones diferenciadas aplicables a nivel local, tal como explica el documento que llegó a sus manos. Pero, a su juicio, 'no queda claro cómo se hace eso, cuáles son los plazos'.
'El riesgo principal de estos instrumentos —continuó— es que se transformen en irrelevantes. O sea, que nadie en la práctica diga ‘ah, yo tengo que recurrir a la política de persecución nacional para orientar mi trabajo’, sino que ‘ah, esa es una cuestión que no sirve para nada, unos principios súper generales’'.
En qué se traduce la priorización La profesora Marcazzolo, que también participó del encuentro, valoró el texto, pero advirtió: 'Creo que debería definirse con mayor claridad qué significa o en qué se traduce la priorización de los delitos.
Se trata (la política) de definir criterios y acciones en relación con estos'. Y continuó: 'Es necesario comunicar y abrir el debate permitiendo la participación de los organismos auxiliares, particularmente de las policías'.
En cuanto a la 'bajada' de la política nacional a nivel local, afirmó: 'Es positivo que durante el proceso de elaboración de la política exista una retroalimentación entre el fiscal nacional y los regionales, pero una vez que quede totalmente afinada no deberíamos tener dudas de su contenido, sino por el contrario, contener criterios generales previos y conocidos por todos. Esto da seguridad'.
LA POLÍTICA
A COMIENZOS DE AÑO se informó de la política de persecución penal de la fiscalía, que fija qué casos se perseguirán penalmente con mayor énfasis. El Ministerio Público determinó cuáles serían las siete categorías de delitos en que se centrarán los esfuerzos y recursos investigativos.
ROBOS CON FUERZA, CRIMEN ORGANIZADO, FEMICIDIO, delitos de corrupción y otros ilícitos de alto impacto social son algunos de los que se perseguirán con mayor fuerza.
PARA ESTA PRIORIZACIÓN SE APLICARON CRITERIOS como la vulnerabilidad de la víctima, afectación de bienes jurídicos relevantes, impacto y conmoción social. También los casos que tuvieron mayor grado de transversalidad entre las distintas fiscalías regionales.
'ESTOS ÉNFASIS EN LAS ADMINISTRACIONES ANTERIORES estaban dados a través de diferentes instrucciones generales, pero no había un documento que consolidara todo lo que el Ministerio Público estimara prioritario para hacer investigación', comentó el fiscal nacional, Jorge Abbott, en enero pasado a 'El Mercurio'
'Esta era una deuda sentida desde la creación de la fiscalía', afirmó el profesor de la Universidad Diego Portales Mauricio Duce, quien asistió hace algunas semanas a una reunión convocada por el organismo para socializar este plan con la comunidad académica.
Junto con Duce participaron representantes de otras seis facultades de Derecho. Cada uno, en pocos minutos, tras haber leído y analizado un documento, podía entregar sus apreciaciones. Hubo coincidencias en valorar que la política de persecución penal por fin se consolidara en un texto. Pero hubo también algunos reparos y recomendaciones. Unos advirtieron la necesidad de socializarla con policías, como la académica de la UC, Ximena Marcazzolo.
Otros, como su par de la U. Alberto Hurtado Leonardo Moreno, sugirieron poner en 'un lenguaje claro y simple, entendible por el ciudadano de a pie, los criterios que se utilizarán para priorizar'.
Una política que impacta todo el sistema 'Dada la relevancia e impacto que tiene la política de persecución penal del Ministerio Público en la política criminal estatal, debe ampliarse el diálogo a otras instancias de participación ciudadana, tanto nacionales como regionales, y en particular a otras autoridades de gobierno', agregó Moreno, ex defensor regional metropolitano norte.
Ello, puntualizó, porque 'algunas de las decisiones que se adopten presuponen no solo la actividad persecutora del Ministerio Público, sino también la de organismos auxiliares en la investigación, en particular uno que ha sido problemático desde siempre, como es el trabajo investigativo de las policías', aludiendo a Carabineros y la PDI.
Consideró además relevante explicar con claridad por qué se priorizan unos delitos por sobre otros, de cara a la ciudadanía, 'pues estas decisiones causarán un impacto importante en la imagen del funcionamiento no solo del Ministerio Público, sino de todo el sistema de enjuiciamiento criminal'.
'Será relevante —ejemplifica— la percepción y evaluación de las víctimas de delitos que no sean prioridad', porque, siendo cierto que los recursos son limitados y que por eso debe priorizarse, es 'insuficiente y difícilmente entendido como justificación para la comunidad, aunque pueda ser entendido por técnicos o actores del sistema'.
Evitar que se vuelva 'irrelevante' En esa línea coincidió el profesor Duce, quien planteó que la política de persecución penal de la fiscalía es 'un instrumento importante para guiar el trabajo de los fiscales y, por otra parte, para que la comunidad se entere de cuáles son las prioridades y orientaciones del trabajo de estos'.
'Es correcto —apuntó— que sea un marco normativo y no un tratado de detalles de cómo se hace cada uno de los temas', sin embargo, dijo, requiere de un complemento: 'Hay un espacio intermedio importante, donde probablemente uno ve que todavía hay muchos temas a rellenar o bajar'. Los fiscales regionales van a dictar orientaciones diferenciadas aplicables a nivel local, tal como explica el documento que llegó a sus manos. Pero, a su juicio, 'no queda claro cómo se hace eso, cuáles son los plazos'.
'El riesgo principal de estos instrumentos —continuó— es que se transformen en irrelevantes. O sea, que nadie en la práctica diga ‘ah, yo tengo que recurrir a la política de persecución nacional para orientar mi trabajo’, sino que ‘ah, esa es una cuestión que no sirve para nada, unos principios súper generales’'.
En qué se traduce la priorización La profesora Marcazzolo, que también participó del encuentro, valoró el texto, pero advirtió: 'Creo que debería definirse con mayor claridad qué significa o en qué se traduce la priorización de los delitos.
Se trata (la política) de definir criterios y acciones en relación con estos'. Y continuó: 'Es necesario comunicar y abrir el debate permitiendo la participación de los organismos auxiliares, particularmente de las policías'.
En cuanto a la 'bajada' de la política nacional a nivel local, afirmó: 'Es positivo que durante el proceso de elaboración de la política exista una retroalimentación entre el fiscal nacional y los regionales, pero una vez que quede totalmente afinada no deberíamos tener dudas de su contenido, sino por el contrario, contener criterios generales previos y conocidos por todos. Esto da seguridad'.
LA POLÍTICA
A COMIENZOS DE AÑO se informó de la política de persecución penal de la fiscalía, que fija qué casos se perseguirán penalmente con mayor énfasis. El Ministerio Público determinó cuáles serían las siete categorías de delitos en que se centrarán los esfuerzos y recursos investigativos.
ROBOS CON FUERZA, CRIMEN ORGANIZADO, FEMICIDIO, delitos de corrupción y otros ilícitos de alto impacto social son algunos de los que se perseguirán con mayor fuerza.
PARA ESTA PRIORIZACIÓN SE APLICARON CRITERIOS como la vulnerabilidad de la víctima, afectación de bienes jurídicos relevantes, impacto y conmoción social. También los casos que tuvieron mayor grado de transversalidad entre las distintas fiscalías regionales.
'ESTOS ÉNFASIS EN LAS ADMINISTRACIONES ANTERIORES estaban dados a través de diferentes instrucciones generales, pero no había un documento que consolidara todo lo que el Ministerio Público estimara prioritario para hacer investigación', comentó el fiscal nacional, Jorge Abbott, en enero pasado a 'El Mercurio'
