El Mercurio
La Fiscalía Sur se ha reunido con el Gobierno para colaborar con las gestiones. El jefe regional Raúl Guzmán asegura que, de otorgarse, se marcaría "un precedente" en delitos de este tipo.
Hasta La Moneda llegaron, la tarde del jueves, representantes de la Fiscalía Sur junto a la abogada María Elena Santibáñez, para entregar las carpetas con los antecedentes de las lesiones que sufrieron 23 víctimas del atentado terrorista con bomba ocurrido en 2014 en el Subcentro de Escuela Militar.
El objetivo de la cita fue completar parte del proceso que se realiza en el Ministerio del Interior, que estudia los antecedentes para la entrega de pensiones de por vida a las personas que resultaron afectadas por una bomba artesanal a base de pólvora negra.
Reparación del Estado La idea comenzó a gestarse a principios de julio, luego que la justicia dejara a firme la sentencia condenatoria por delito terrorista en contra de Juan Flores. El proceso actualmente está a cargo de la Unidad de Pensiones de Gracia que depende del Departamento de Acción Social del Ministerio del Interior que trabaja en conjunto con la unidad de víctimas de la Fiscalía Sur que elaboró las fichas de las víctimas.
El fiscal regional metropolitano Sur, Raúl Guzmán, se refirió a la reparación que deben tener las personas afectadas por delitos de esta naturaleza: "Una acción terrorista ameran que el Estado se haga presente y repare a las víctimas cuando sea procedente, independiente de las consecuencias físicas del delito y de las condiciones socioeconómicas de la víctima". Sobre el gesto del Gobierno, aseguró que "el compromiso del Estado surge toda vez que los delitos terroristas afectan el orden y la seguridad pública conjuntamente con la paz social, que son los bienes jurídicos protegidos por la ley de conductas terroristas que rige en nuestro país"
Sobre futuros delitos de este tipo, señaló que "se marca un precedente. No hay que olvidar que este es prácticamente el único caso en donde se ha condenado por una acción como delito terrorista en que se han aplicado altas penas, particularmente durante la vigencia de la reforma procesal penal. Cada caso se evaluará en su mérito, pero esto sin duda marcará un precedente". Leticia Fuentes, jefa de la Unidad de, Víctimas de la Fiscalía Sur, comentó que "haber sido víctima de un delito de esta naturaleza genera un impacto en los proyectos de vida de las personas".
Gastos importantes En tanto, la abogada que representa a la mayoría de los lesionados en el atentado del Subcentro, María Elena Santibáñez, explicó que "por haber sido víctimas de un atentado de esta naturaleza el Estado debiese responder de alguna forma, toda vez que estas personas tuvieron que incurrir en gastos bastante importantes". Además, califica de forma positiva la iniciativa del Gobierno.
"Las pensiones más altas, por lo que nos señalaron, no superan los $180 mil pesos, pero la gracia que tienen es que son de por vida. Para efecto de determinar de cuánto estamos hablando, hay que hacer el cálculo multiplicando por la expectativa de vida de la persona", explicó. "El ministro del Interior se mostró súper receptivo, nos indicó las distintas vías que existían y que la voluntad del Gobierno era que se activaran todas posibilidades a efectos de poder resarcir a las víctimas de alguna forma", dijo la abogada.
El objetivo de la cita fue completar parte del proceso que se realiza en el Ministerio del Interior, que estudia los antecedentes para la entrega de pensiones de por vida a las personas que resultaron afectadas por una bomba artesanal a base de pólvora negra.
Reparación del Estado La idea comenzó a gestarse a principios de julio, luego que la justicia dejara a firme la sentencia condenatoria por delito terrorista en contra de Juan Flores. El proceso actualmente está a cargo de la Unidad de Pensiones de Gracia que depende del Departamento de Acción Social del Ministerio del Interior que trabaja en conjunto con la unidad de víctimas de la Fiscalía Sur que elaboró las fichas de las víctimas.
El fiscal regional metropolitano Sur, Raúl Guzmán, se refirió a la reparación que deben tener las personas afectadas por delitos de esta naturaleza: "Una acción terrorista ameran que el Estado se haga presente y repare a las víctimas cuando sea procedente, independiente de las consecuencias físicas del delito y de las condiciones socioeconómicas de la víctima". Sobre el gesto del Gobierno, aseguró que "el compromiso del Estado surge toda vez que los delitos terroristas afectan el orden y la seguridad pública conjuntamente con la paz social, que son los bienes jurídicos protegidos por la ley de conductas terroristas que rige en nuestro país"
Sobre futuros delitos de este tipo, señaló que "se marca un precedente. No hay que olvidar que este es prácticamente el único caso en donde se ha condenado por una acción como delito terrorista en que se han aplicado altas penas, particularmente durante la vigencia de la reforma procesal penal. Cada caso se evaluará en su mérito, pero esto sin duda marcará un precedente". Leticia Fuentes, jefa de la Unidad de, Víctimas de la Fiscalía Sur, comentó que "haber sido víctima de un delito de esta naturaleza genera un impacto en los proyectos de vida de las personas".
Gastos importantes En tanto, la abogada que representa a la mayoría de los lesionados en el atentado del Subcentro, María Elena Santibáñez, explicó que "por haber sido víctimas de un atentado de esta naturaleza el Estado debiese responder de alguna forma, toda vez que estas personas tuvieron que incurrir en gastos bastante importantes". Además, califica de forma positiva la iniciativa del Gobierno.
"Las pensiones más altas, por lo que nos señalaron, no superan los $180 mil pesos, pero la gracia que tienen es que son de por vida. Para efecto de determinar de cuánto estamos hablando, hay que hacer el cálculo multiplicando por la expectativa de vida de la persona", explicó. "El ministro del Interior se mostró súper receptivo, nos indicó las distintas vías que existían y que la voluntad del Gobierno era que se activaran todas posibilidades a efectos de poder resarcir a las víctimas de alguna forma", dijo la abogada.
"El compromiso del Estado surge toda vez que los delitos terroristas afectan el orden y la seguridad pública conjuntamente con la paz social, que son los bienes jurídicos protegidos por la ley' RAÚL GUZMÁN Fiscal regional Sur
"Las pensiones más altas, por lo que nos señalaron, no superan los $180 mil pesos, pero la gracia que tienen es que son de por vida. Hay que hacer el cálculo multiplicando por la expectativa de vida de la persona". MARÍA ELENA SANTIBAÑEZ Querellante en representación de 22 víctimas.
"Las pensiones más altas, por lo que nos señalaron, no superan los $180 mil pesos, pero la gracia que tienen es que son de por vida. Hay que hacer el cálculo multiplicando por la expectativa de vida de la persona". MARÍA ELENA SANTIBAÑEZ Querellante en representación de 22 víctimas.
