Diario 21 de Iquique
Señor director:
A 10 años desde la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia, la cultura en nuestro país ha cambiado significativamente en esta materia. Poco a poco, los chilenos nos fuimos acostumbrando a tener más y mejor información, y esto ha generado un verdadero 'empoderamiento' ciudadano frente a la Administración Pública. La Ley de Transparencia es hoy una herramienta utilizada comúnmente, y para diferentes finalidades, como investigaciones periodísticas, estadísticas e incluso la obtención de antecedentes que sirven como medio de prueba frente a los propios organismos públicos en caso de conflictos. Es indudable que la Ley de Transparencia ha demostrado -con creces- ser un poderoso mecanismo que ha contribuido significativamente al desarrollo de la democracia y que ha facilitado el accountability de las autoridades.
Sin embargo, y aprovechando la excelente contribución que ha sido la Ley de Transparencia, se han promovido algunos cambios que buscarían ampliar su ámbito de aplicación. Se ha planteado, por ejemplo, que el Consejo para la Transparencia pueda velar por el tratamiento de los datos personales, así como que su aplicación se extienda hacia el sector privado. Si bien parece razonable que se discutan cambios a esta ley, con el objeto de potenciar y defender la probidad y la transparencia, es importante tener en cuenta que abarcar mucho y apretar poco puede terminar siendo contraproducente: más que mejorar el rol del Consejo podemos terminar cometiendo el error de desenfocarlo de su función más relevante, cual es promover la transparencia de la función pública con el fin último de potenciar el control ciudadano sobre la Administración.
