El Mercurio
Desde el viernes, cuando una organización de feministas se tomó la Casa Central de la Universidad Católica, un grupo de estudiantes de Derecho decidió quedarse a alojar al interior de su facultad, que queda en el mismo campus. Acompañados por su decano, Carlos Frontaura; el vicedecano, Gabriel Boocksang, y un grupo de profesores, los alumnos han presentado resistencia a la toma.
La organización fue espontánea. Muchos de los universitarios tenían una prueba solemne el pasado viernes, por lo que cuando recibieron la noticia, temprano en la mañana, de que se estaban tomando el edificio, decidieron quedarse y plantarse de forma pacífica para impedir el paso de los manifestantes. Así, Derecho se convirtió en una isla al interior de la toma feminista, una especie de "estado sitiado".
Desde fuera les mandaron comida y la facultad les prestó el primer piso de un edificio para dormir. "Las paredes son de vidrio, y cuando nos despertamos estaban ellas (las de la toma) sacándonos fotos", relata Trinidad Aguilera, del Centro de Alumnos de Derecho (Cade). Ese es uno de los tantos episodios de hostigamiento que acusan haber recibido desde el viernes por parte de quienes se tomaron la Casa Central bajo un pliego de demandas feministas.
Diferencias femeninas
"Pudiendo estar el decano en su casa u oficina, estuvo toda la noche con nosotros conversando y reflexionado", explica Camilo Quintana, estudiante de Derecho.
Para los alumnos, el que Frontaura se haya quedado con ellos es una muestra del sentido de comunidad. El decano fue contactado por "El Mercurio", pero no quiso dar declaraciones.
Frente a la toma, el Cade, liderado por su presidenta, Magdalena Lira, redactó una respuesta. "Hay varios puntos en los que estamos de acuerdo, pero hay varias consignas que se salen de la causa y no estamos de acuerdo. Todas estamos en contra de los abusos y violaciones, pero temas como objeción de conciencia no van con los fundamentos de la toma", dice Francisca Cox, tesorera del Cade.
Denuncias políticas
"La Secretaría de Género se creó para recibir las denuncias de abusos, pero se ha transformado en un grupo político que es parte de la toma. Ellos dicen que tienen 40 denuncias, y tal vez tienen más, pero se quedan entre cuatro paredes. Ni siquiera tienen un vínculo con Secretaría General, que es el órgano capacitado para sancionar. Al final, lo convirtieron en algo político", acusa Javiera Rodríguez, consejera superiora de la UC.
Esto, porque ayer, desde el movimiento feminista, dijeron que tenían las acusaciones y que la universidad no actuaba respecto de ellas ni sancionaba a los culpables.
