El Mercurio / La Prensa Austral de Punta Arenas
Señor Director:
El señor ministro de Justicia, don Hernán Larraín, manifestó en el cierre del congreso programático de la UDI que... "la mayoría de los jueces son de izquierda", y ello obedecería a que en los últimos 28 años hemos tenido cuatro años de gobierno de derecha y 24 de izquierda. Como son los ministros de Justicia los que nombran a los jueces, agregó, "ahora algo netearemos".
Dos reflexiones sobre esas palabras: en un Estado de Derecho, la ideología de un juez debería jugar un papel más bien reducido a la hora de su nombramiento. Un buen juez no debe anteponer sus ideologías, inclinaciones emocionales y convicciones personales a lo que es la esencia de su función: interpretar y aplicar la ley, comprendiendo dentro de este concepto las normas constitucionales, las de los tratados internacionales ratificados por Chile y los principios superiores que emanan de estos cuerpos normativos.
Por eso el baremo para "juzgar" la labor de los jueces no es si el juez es de izquierda, derecha o apolítico: en mi opinión, lo realmente importante es el grado de vinculación del juez a la ley y a las pruebas que existan en los procesos sometidos a su conocimiento.
Naturalmente, los jueces son personas, y en la interpretación de la ley y en la ponderación de las pruebas pueden sentirse tentados a realizar una y otra labor con el prisma de su ideología o convicciones o emociones personales. Pero las palabras del señor ministro de Justicia dan por sentado que eso ocurrirá necesariamente. La labor debe enfocarse más bien en obtener que los jueces realmente entiendan que en su función están vinculados a la ley. Y en ello debe poner énfasis la Academia Judicial durante sus procesos de formación y perfeccionamiento de los jueces.
También ayudaría bastante en esta vinculación del juez a la ley que el legislador perfeccionara la técnica legislativa que suele usar.
La segunda reflexión que surge de las palabras del señor ministro de Justicia es si debe seguir siendo el Poder Ejecutivo el que designe, en último término, a los ministros de la Corte Suprema, a los de las Cortes de Apelaciones y a los jueces letrados.
