El Líbero
En las Jornadas de Derecho Público realizadas a principios de año en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, expuse sobre el tema de la migración ante el desafío de la igualdad. Algunas de las reflexiones allí manifestadas cobran hoy oportunidad.
Primeramente, conviene recordar que Chile es suscriptor de la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia desde octubre de 2015, la cual aún no ha sido aprobada por el Congreso, pero genera responsabilidades de no malograr el objeto y fin del tratado. En dicho documento se explicitan diversos motivos de discriminación arbitraria y uno de ellos es “la condición migratoria”.
Asimismo, se describe en él la “discriminación indirecta” como la situación que se verifica cuando una disposición, un criterio o una práctica, aparentemente neutro “es susceptible de implicar una desventaja particular para las personas que pertenecen a un grupo específico”, a menos que dicha disposición, criterio o práctica tenga un objetivo o justificación razonable y legítimo a la luz del derecho internacional de los derechos humanos.
Si agregamos estos compromisos a múltiples manifestaciones del principio de igualdad presentes en nuestra Constitución y en las leyes vigentes, resulta obvio que ser migrante en Chile no justifica un trato peyorativo ni significa gozar de un estándar inferior a los nacionales respecto de los derechos fundamentales de cada individuo.
Sin embargo, ello no impide hacer distinciones razonables y justificadas, tal como lo ha reconocido la Corte Interamericana en su fallo de Vélez Loor con Panamá: “...el Estado puede otorgar un trato distinto a los migrantes documentados con respecto de los migrantes indocumentados, o entre migrantes y nacionales, siempre y cuando este trato diferencial sea razonable, objetivo, proporcional, y no lesione los derechos humanos”. Tal cosa sin duda permite modular y enmarcar legalmente la migración y diseñar políticas públicas a su respecto.
La verdad es que, en tal propósito, nuestro país se encuentra en deuda, tanto por la desactualizada normativa que rige el tema como por la falta de definiciones concretas sobre una migración ordenada y que cumpla el propósito bilateral que el proceso ha de tener: enriquecer la malla social del país con el aporte de extranjeros que radican aquí su hogar y su vida, a la vez de recibirlos con condiciones mínimas de protección y de inserción en nuestra sociedad, fuerza de trabajo y objetivos.
Muchos de los migrantes que han llegado al país no son personas que buscan alegremente nuevas posibilidades, sino víctimas de dictaduras, pobreza y falta total de oportunidades. Ello hace más agudas sus necesidades, pero también aumenta la responsabilidad que asumimos frente a ellos. En esa perspectiva, es extremadamente grave que los incorporemos al país como partícipes de los sectores más carenciados de la sociedad y sin las herramientas necesarias para una adecuada inserción social, pues ello sólo redunda en su estigmatización y en trasladar a nuestras fronteras las situaciones de vulneración de las que huyen.
Tal situación demanda un pronto enfoque, a nuestro juicio, en tres perspectivas: a) Desarrollar un modelo de recepción responsable de migrantes por parte del Estado de Chile (atendidos los recursos disponibles, no sólo en cuanto a oferta de trabajo, adaptación al idioma y condiciones de vida, lo cual no puede desconocer o posponer las posibilidades reales de garantizarles derechos sociales); b) Determinación racional del territorio destinado a recibir migrantes (recursos humanos, oportunidades, vivienda, precios); y c) Sensibilización del derecho interno hacia el migrante, lo cual importa sin duda la cautela de sus derechos, pero también el estricto acatamiento de nuestro orden interno como condición mínima de permanencia.
Ellos no merecen ser dejados a su suerte luego de su ingreso al país y tampoco podemos abandonar nuestra situación interna a un ingreso desmedido, no planificado e irreflexivo.
