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La Ley de Inclusión Laboral establece la reserva de una cuota mínima de un 1% de empleos para personas en situación de discapacidad en empresas públicas y privadas con 100o más trabajadores, quienes deben tener pensión de invalidez o estar inscritas en el Registro Nacional de Discapacidad. Entrará en vigencia en abril y pretende crear un cambio cultural de la no discriminación, equidad y protección social.
La obligación de "comunicar" es clave para cumplir la ley
En el sector privado la fiscalización queda a cargo de la Dirección del Trabajo, quien llevará un registro actualizado de los contratos de trabajo celebrados por las empresas con las personas con en Situación de Discapacidad (PeSD) o pensionados por invalidez. El empleador o empleadora deberá registrar en el sitio web de la Dirección del Trabajo los contratos celebrados con las PeSD o asignataria de pensión de invalidez. dentro de los 15 días hábiles siguientes a su firma, así como sus modificaciones y el término. Del mismo modo, deben informar las razones por las que, eventualmente, no puedan cumplir total o parcialmente con el porcentaje que señala la ley.
Cambio empresarial: la aplicación en el sector privado
Las empresas de 100o más trabajadores tienen la obligación de contratar o mantener contratadas a personas con discapacidad, o que sean asignatarias de pensión de Invalides de cualquier régimen previsional (al menos 1% del total de trabajadores y será calculado como el promedio de los dl-timos 12 meses).
Para que la contratación tenga validez, las PeSD deberán contar con la certificación correspondiente (Registro Nacional de la Discapacidad).
La empresas que resulten obligadas deberán enviar una comunicación electrónica a la Dirección del TrabaJo(DT) - con copia a la Subsecretaría de Evaluación Social de Ministerio de Desarrollo Social, a Senadis y al SE durante el mes de enero de cada año.11 que tendrá una vigencia de 12 meses. donde informen el numero total de traba/adores y el número de personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalides que deban ser contratadas.
Evitar la discriminación y asegurar el salario mínimo
La Ley hf' 21.015 de Inclusión Laboral tiene la potencialidad de mejorar la experiencia y acceso al mundo del trabajo de las PeSD a través del alza de los salarios. Según datos del gobierno, existen 120.986 PeSD leve a moderada y 32.387 severa que trabajan en jornada laboral completa y perciben ingresos menores al salario mínimo. Estas personas serían potenciales beneficiarios de la nueva ley.
Además, la Ley de Inclusión Laboral prohibe todo acto de discriminación arbitrario. Un 24% de las PeSD se ha sentido discriminado en algún grado en el último año. Además, un 8,7% dice sentirse discriminado debido a su condición de salud o por tener alguna discapacidad.
Además, se Insta a profundizar y mejorar los programas enfocados a las educación escolar y superior, asegurando no sólo el ingreso de las PeSD, sino que su continuación y término.
Cumplimiento alternativo: la otra opción de las empresas
El nuevo marco legislativo establece un plan B o "cumplimiento alternativo*. Es decir aquellas empresas que no pudieren cumplir con la cuota, deberán dar cumplimiento subsidiario. Es decir, podrá contratar servicios de empresas que a su vez si tengan trabajadores en situación de dIscapacidad o hacer donaciones de acuerdo a la Ley N19.885 (Ley de Donaciones) cuyo objeto social incluya la capacitación, rehabilitación, promoción y fomento para la creación de empleos, contratación o inserción laboral de personas con discapacidad.
Quienes quieran optar por este camino deben demostrar razones fundadas. Por ejemplo, cuando, por sus características o por su especialidad, los procesos o actividades de la empresa no pueden ser desarrollados por personas con discapacidad o asIgnatarias de pensión de invalides.
Falta de personas interesadas en las ofertas de trabajo que se hayan formulado. Se entenderá que se configura esta circunstancia cuando el empleador haya publicado sus ofertas de empleo a través dela Bolsa Nacional de Empleo, o por cualquier otro medio y no haya recibido postulaciones que cumplan el perfil requerido.
Los próximos pasos para la puesta en marcha de la Ley de Inclusión Laboral
El 1 de abril de 2018 comienza a regir la legislación. Sin embargo, las empresas de 100 y hasta 199 trabajadores. Sin embargo, contarán con un año para su implementación
El ministerio del Trabajo y Previsión Social y de Desarrollo Social deberán evaluar años la implementación de la ley, además de hacer un balance acerca de la cuota de 1%. "Independiente de lo que exige la ley, algo importante tiene relación de cómo las empresas van a modificar sus propios reglamentos Internos para adaptarse a las nuevas obligaciones», comenta Rodrigo Azocar, profesor de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Añade que ha recibido diferentes inquietudes desde las organizaciones de la sociedad civil y empresas, respecto a cómo se van a generar los apoyos necesarios para brindar condiciones de igualdad y desarrollar procesos de inclusión laboral sostenibles.
Administración pública :la importancia de predicar con el ejemplo
Los organismos de la Administración del Estado también son sujetos de esta normativa. Sin embargo, en el caso de las Fuerzas Armadas y de Ordeno Seguridad Pública y Gendarmería de Chile, la obligación del% se considerará sólo respecto a la dotación de personal civil.
Al igual que en el osando privado, está la posibilidad de excusar la contratación.
Defensoría de la Discapacidad y Senadis 2.0: las ambiciosas metas de Sebastián Piñera
No basta una ley para hacer realidad la inclusión laboral, se requiere de una política activa de promoción del Estado'. Con esta frase, -sacada de las propuestas del actual Presidente Sebastián Piñera durante su período de campaña, la actual administración deja clara la importancia que tendrá este tema no sólo por la implementación de la nueva Ley de Inclusión Laboral que empieza a regir en abril, sino también por la institucionalidad que se debe armar por detrás, la que debe estar al altura del cambio que comenzará a ocurrir en las organizaciones y la sociedad en general. De hecho, el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) depende el Ministerio de Desarrollo Social, ministerio elevado a las carteras políticas de la Administración que comenzó el domingo.
Concretamente, el gran cambio sería la creación de una Defensoría de la Discapacidad, así como de un Senadis 2.0, con un mayor brazo operativo y enfocado también a fuertes transformaciones culturales. 'Proponemos reorientar y focalizar la asignación de los recursos de capacitación para personas en situación de discapacidad (PeSD), implementando un trabajo articulado con el mundo empresarial, generando alianzas que permitan la creación y mantención de empleos para PeSD, teniendo en cuenta distintas metodologías como el Empleo con Apoyo, entre otras', dice el programa.
Y muy al estilo Piñera le puso plazo: en 6 meses se debería 'fortalecer la institucionalidad relativa a la discapacidad en Chile', dice su programa. Y en cuanto al cambio cultural, 'que permita terminar con los estereotipos y permitir que la sociedad incorpore los derechos de las PeSD en todos los ámbitos', el plazo son 8 años.
Según Karina Cisterna, directora ejecutiva de AHA Inclusión, lo más difícil será cumplir con el espíritu de la ley, ya que muchas empresas se han visto en la necesidad de hacer el catastro de personas con discapacidad que trabajan actualmente en la empresa, 'pues a veces hay limitación de aumentar plazas o dotación a nivel general. No ha sido fácil ya que hasta ahora, la organización desconocía esta información y además, como contexto nacional, cerca del 8% solamente de las personas tiene la credencial de discapacidad', dice Cisterna.
La nueva versión del Senadis, dotado de facultades especiales de fiscalización con la implementación de la Defensoría de la Inclusión (o Discapacidad), tendrá como misión defender y denunciar prácticas discriminatorias y arbitrarias. 'Un rol importante que podría tener esta defensoría es apoyar el cumplimiento de la ley, asegurando que no se quede en letra muerta', agrega Cisterna.
Además, la idea del nuevo Gobierno -dentro de las 12 medidas anunciadas a mediados de 2017 por el mismo Piñera en materia de discapacidad (ver recuadro)- es trabajar con las municipales para actualizar el registro de personas discapacitadas, elaborando una especie de 'mapa de la discapacidad' en Chile.
El tema no es menor, si consideramos que las últimas cifras oficiales al respecto ya tienen cerca de tres años (II ENDISC 2015). Según las estadísticas oficiales, el 20% de la población adulta en Chile (18 años y más) se clasifica como persona en situación de discapacidad, lo que equivale a 2.606.914 personas. Esto significa que 1 de cada 5 personas en Chile se encuentra o experimenta una situación de discapacidad. Al clasificar a la población en situación de discapacidad, un 11,7% (1.523.949) son PeSD leve a moderada y 8,3% (1.082.965) son PeSD severa.
Para Rodrigo Azócar, profesor de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, la implementación de una nueva institucionalidad es clave para que la nueva ley funcione. 'Es una bonita ley, pero el objetivo es que funcione y para ello es importante la interpretación e implementación que se haga en este nuevo gobierno', dice el académico, y agrega. 'Finalmente la idea es que se genere un cambio de mentalidad más inclusiva dentro de las empresas y si no se crea una especie de Senadis 2.0 que lo lidere desde las políticas públicas, no se generará un impacto muy grande.
Incluso, siguiendo esta línea, las políticas de inclusión de la nueva administración (según se planteó durante el período de campaña) buscará reorientar y focalizar la asignación de los recursos de capacitación del Sence para implementar 'un trabajo articulado con el mundo empresarial, generando alianzas que permitan la creación y mantención de empleos para PeSD, teniendo en cuenta distintas metodologías como el Empleo con Apoyo, entre otras', indican textualmente las propuestas de Piñera.
