El Mercurio
En el caso Caval y en el caso Luchsinger. En los inicios de la investigación por el millonario fraude en Carabineros y, lo mismo, en una por tráfico de drogas contra un clan familiar de Arica. También en la reciente condena del dueño de "Jewel of India" por trata de personas (ver recuadro). Todas son indagatorias en las que los investigadores del Ministerio Público contaron con "escuchas" telefónicas.
La Región Metropolitana -que incluye las jurisdicciones oriente, centro norte, occidente y sur- alcanzó las 37.741 solicitudes en cinco años, equivalente a un 41,2% del total nacional. De ellas, la zona metropolitana sur es la que concentra el mayor uso de esta herramienta. Sus fiscales pidieron 22.201 "pinchazos" en el período 2012-2016, lo que ubica a la jurisdicción encabezando el ranking del país. La mayoría corresponde a solicitudes en el contexto de indagatorias por la Ley de Drogas.
"El Mercurio" accedió a esta información mediante Ley de Transparencia. Se pidieron todos los requerimientos contabilizados en el Registro de Solicitudes de Interceptaciones Telefónicas (Resit) del organismo de persecución penal durante los últimos seis años.
Solo el detalle de 2017 no fue entregado, dado que "estos dicen relación con causas vigentes, a las que se les ha decretado secreto investigativo", explica el oficio de respuesta suscrito por la directora Ejecutiva de la Fiscalía Nacional, Francisca Werth.
Pero a pesar de la negativa, cuando se conoció el caso de la interceptación telefónica que afectó al presidente del Senado, Andrés Zaldívar, en noviembre pasado, el Ministerio Público entregó a una cifra global: Había 2.503 interceptaciones activas, correspondientes a 427 investigaciones vigentes en 2017.
Frente a estas estadísticas, algunos penalistas advierten sobre la herramienta y ciertas situaciones que les preocupan.
El ex fiscal y hoy abogado defensor Vinko Fodich piensa que es una "herramienta importante para la investigación de ciertos delitos, sin embargo, me preocupa el tratamiento que la fiscalía le está dando a la escucha como evidencia". Por ejemplo, la ley dispone que la grabación de una interceptación debe ser entregada directamente al Ministerio Público y que este deberá cuidar que su contenido no sea conocido por terceras personas, pero "después de ver lo que pasó con el senador Zaldívar, eso no ocurre en todos los casos", plantea Fodich, quien también se pregunta, por ejemplo, a cuántas de las miles de personas cuyas comunicaciones fueron interceptadas les entregaron los registros de aquellas partes que eran irrelevantes para la investigación, como ordena la ley.
Pocos días después de la polémica por el caso del senador Zaldívar, el propio fiscal nacional, Jorge Abbott, salió a aplacar las críticas y, aunque lamentó la filtración, recordó que "nadie está por sobre la ley".
Independientemente del caso particular, el penalista y profesor de derecho de la UAI, Alejandro Awad, apunta: "Se trata de una medida investigativa especialmente intrusiva que debe estar muy bien fundamentada y debe desarrollarse de manera extremadamente cuidadosa para no pasar a llevar los derechos de privacidad e intimidad de terceros".
Las cifras entregadas por la Fiscalía Nacional indican que, si se saca un promedio, las solicitudes de "escuchas" habrían alcanzado las 50 diarias. Es un número que ha ido creciendo con los años (en 2012 eran 34), aunque no de manera explosiva. Pero el penalista y académico UC Cristóbal Bonacic llama a ser cauto en la utilización de esta herramienta. "Las interceptaciones telefónicas son una herramienta investigativa que tiene que ser utilizada prudentemente, por cuanto implican una vulneración a la intimidad de las personas. Siempre los intervinientes de una causa debieran tener acceso al resultado de la diligencia", dice el abogado.
