La Segunda
La semana pasada finalizó el diplomado "Los derechos de los niños, niñas y adolescentes, víctimas de delitos sexuales y el sistema judicial" que dicta la Facultad de Derecho UC desde hace tres años, en conjunto con la Fundación Amparo y Justicia y el Ministerio Público. El objetivo es aportar herramientas para una mejor comprensión del fenómeno delictual de las agresiones sexuales contra niños, niñas y adolescentes, en el contexto del ordenamiento jurídico nacional y el derecho internacional, con el fin de favorecer el ejercicio y respeto pleno de sus derechos en nuestro país y garantizar así su protección.
Con las tres versiones anteriores se han beneficiado más de doscientos profesionales del Ministerio Público, Carabineros, PDI, Servicio Médico Legal, Sename y de la Corporación de Asistencia Judicial entre otras instituciones. Su propuesta pone un especial énfasis en el proceso de investigación de delitos sexuales infantiles, tanto respecto a metodologías de obtención de relatos, como también con respecto a las buenas prácticas para la prevención de la victimización secundaria. Todo lo anterior al alero del enfoque de los derechos de los niños y adolescentes.
El programa cuenta con destacados expertos nacionales e internacionales, que manifiestan un compromiso con el tema cuyo tratamiento y solución constituyen un desafío ético y moral que son acuciantes e impostergables en nuestra sociedad. Este programa es apoyado de manera decidida por la UC debido a las temáticas que instala en el escenario de la discusión nacional y de su rol en políticas públicas que es urgente desarrollar. Las estrategias y metodologías de trabajo que se propone representan una sólida contribución para poder avanzar en el establecimiento de principios y prácticas que permitan dar respuestas institucionales, y soluciones concretas y efectivas, a la demanda por protección de niños y adolescentes.
Este diplomado se encauza en el marco de una preocupación por aquellos que han sido silenciados y vulnerados en su respeto y derechos. Las universidades, en su rol público, tienen el deber ético de orientar su docencia, investigación y aporte a nuestro país considerando las necesidades y desafíos que les impone la sociedad. El cuidado de los más vulnerables así lo demanda.
