La Tercera
Señor director:
Con la aprobación del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, el plan de descontaminación para la Región Metropolitana entra en la recta final, restando la firma del decreto supremo y su envío a Contraloría para su con trol de legalidad a través de la toma de razón. Lo anterior, sin perjuicio de eventuales reclamaciones ante el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago.
Una de las medidas que ha despertado mayor discusión tiene que ver con la restricción permanente a vehículos livianos y medianos inscritos antes del 1 de septiembre de 2011, durante el período de la Gestión de Episodios Críticos (GEC), esto es, del 1 de mayo al 31 de agosto. Como todo acto administrativo, un plan de descontaminación requiere de una motivación y una racionalidad, además de cumplir otros requisitos como el de proporcionalidad.
De lo contrario, el acto deviene en arbitrario y por lo tanto en ilegal, lo que lo hace impugnable en la sede correspondiente. Por lo tanto respecto de esta medida surgen dudas acerca de su racionalidad. ¿Por qué una medida basada en la antigüedad de los vehículos y no en sus emisiones? ¿Qué tan efectiva resulta o su aporte es marginal? Como está diseñada, un vehículo diésel de 2012 no estaría afecto a la misma, versus un vehículo gasolinero previo a 2012 que sí estaría afecto.
Pero lo arbitrario y también discriminatorio es que por regla general los vehículos diésel emiten más que los gasolineros. Si la intención era renovar el parque vehicular (cuestión que fue bastante efectiva con la introducción de la restricción a vehículos no catalíticos) el incentivo no sería tan eficiente, ya que para no caer en la restricción queda abierta la posibilidad, por ejemplo, de comprar vehículos diésel inscritos de pués de 2012. Por otra parte, con esta medida se afecta especialmente a quienes no tienen los medios económicos para comprar vehículos nuevos o post 2012, que simplemente van a tener que mudarse al Transantiago, sustituto que todos sabemos tiene serias falencias.
