El Mercurio
Señor Director:
He leído con mucho interés el intercambio epistolar entre los señores Héctor Hernández y Jorge Grunberg en relación con la nueva Ley de Defensa de la Libre Competencia y la Criminalización de la Colusión. Hay que reconocer que en ciertos puntos ambos tienen razón.
Está en lo correcto el señor Hernández al afirmar que si la criminalización de la colusión no es regulada de forma adecuada se debilita la delación compensada, que es el mecanismo más efectivo para detectar y desbaratar carteles. En su origen, el proyecto era insuficiente en este sentido, pues debilitaba la figura de la delación compensada al eximir de cárcel solo al primer delator, pero sin otorgar beneficios al segundo. Concebido así, nadie iba a estar dispuesto a delatarse, porque quien tiene la intención de hacerlo ignora si efectivamente será el primero o si alguien se delató con anterioridad (en cuyo caso no obtendrá ningún beneficio). Dicha incertidumbre no cambiaba en lo absoluto por el hecho de existir la posibilidad de consultar previamente a la Fiscalía Nacional Económica si algún competidor ya se había delatado. Difícilmente, alguien iba a acudir a preguntarle a la autoridad si alguno de los demás miembros del cartel ya se adelantó a denunciarse. Tal consulta, en los hechos, lleva implícita una delación que la Fiscalía Nacional Económica está obligada a investigar.
Sin embargo, esa debilidad fue superada durante la tramitación del proyecto de ley, con la incorporación de incentivos también para los denunciantes que aporten antecedentes adicionales a los ya presentados por el primer delator (principalmente, la rebaja de la pena en un grado). En este sentido, está en lo correcto el señor Grunberg al sostener que la ley en su texto definitivo no debilita la delación compensada, y compatibiliza una persecución real y eficaz de la colusión.
La aprobación de esta ley es una gran muestra del excelente funcionamiento democrático de las instituciones en nuestro país. El proyecto desde su origen fue bueno, pero a la vez muy perfectible. La labor que realizaron quienes lo impulsaron desde el Ministerio de Economía y el excelente trabajo que efectuaron los parlamentarios -recogiendo las opiniones de quienes se oponían a la criminalización como estaba originalmente concebida- fue notable. En ese sentido, se agradece la apertura al debate civilizado, así como el gran aporte que hicieron diversos académicos, centros universitarios y asociaciones gremiales, entre las cuales destaco el trabajo de los más de 50 profesionales que integran la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Colegio de Abogados de Chile.
