El Mercurio / Emol
En 2005 comenzó a operar en Santiago la reforma procesal penal, y la percepción entre los abogados es que la persecución de los delitos económicos aumentó de manera "inédita" bajo el nuevo modelo de justicia.
Un listado de casos -mediáticos y de alto impacto en la opinión pública- revela además que cada período tuvo, en cierta medida, "su delito".
Las investigaciones por soborno y cohecho marcaron un primer tiempo, pero con los cambios a la normativa de libre competencia en 2003 -que creó un tribunal especializado (el TDLC)- comenzaron las sanciones a los carteles, y poco después los casos llegaron al Ministerio Público.
Fue una época en donde la tendencia eran casos como Chiledeportes (2006), Ferrocarriles y Fragatas (2007) o el fraude en el Registro Civil (2008), mientras que en materia de libre competencia aparecía Farmacias (2009), cuya antesala habían sido casos como Oxígeno y la Guerra del Plasma, que se resolvieron en sede administrativa.
Pero este escenario -dice Alex van Weezel, abogado y académico de la U. Católica- cambió, y "hoy las personas, cuando piensan en delitos económicos, están pensando básicamente en colusión, en mercado de valores o en delitos tributarios", relacionado con el financiamiento irregular de la política.
Y estos tres temas -plantea- han sido también cronológicamente abordados más allá del derecho penal económico.
A Héctor Hernández, profesor de derecho de la U. Diego Portales, le parece que "efectivamente las modificaciones al Decreto de Ley 211 (sobre libre competencia) mejoraron la detección de hechos de colusión en las instancias administrativas" -en esa línea también está Van Weezel- y cree que "hubo un boom de casos", pero una vez que hay una sentencia definitiva absolutoria, como ocurrió en Farmacias, no se imagina que el Ministerio Público vuelva a ir a juicio, por "una razón práctica, de costo-beneficio, más que jurídica".
En 2011 la fiscalía decidió no perseverar contra el "cartel del pollo", y el mes pasado ocurrió lo mismo en el caso Tissue.
Para el académico de la UC, luego vino "la moda" de los delitos de la Ley de Mercado de Valores. El primer caso, muy embrionario, podría ser Schwager (2010), D&S Falabella (2011), y ese mismo año La Polar, comenta. "¿Ha habido cambios legislativos relevantes en este ámbito que expliquen una mayor litigación? -se pregunta Hernández-. Diría que no mucho. La Ley de Mercado de Valores, que en su parte penal es bien draconiana, viene de los 80", y las modificaciones que se le han introducido en materia penal no han "favorecido la persecución" -dice-; están "mal hechas". "La razón -precisa- no la hacen penalistas".
En 2014, con el caso Penta, los delitos tributarios relacionados con el financiamiento ilícito de campañas políticas se instalaron en la agenda.
El fiscal jefe de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo, piensa que "el descubrimiento de uno de esos casos (Penta) motivó que se abrieran nuevas indagatorias, porque cuando se descubre una manera de actuar, hay que ver si ese mecanismo ilícito se repite, y es eso lo que explica que casi de manera simultánea, con un plazo de diferencia de 6 a 8 meses, se hayan descubierto Penta, SQM y Corpesca".
Van Weezel afirma que "esta es una evolución que se veía venir", porque -a su juicio- "había mucho ambiente en las bases de lo que hoy es la Nueva Mayoría, antes de que llegara al Gobierno, de hacer cambios importantes en ese terreno (en 2011 o 2012)".
Los delitos tributarios -dice Hernández- "no los toca nadie (...) ni el Presidente de la República". Impuestos Internos es un "feudo independiente", y cree que si estas causas no tuvieran el componente político que tienen, tal vez hubieran tenido otro destino. "El tema político es lo que lo hace imperdonable", puntualiza.
Sobre los casos de estafas masivas -AC Inversiones (marzo), IM Forex, Arcano y Rodríguez Asociados-, el fiscal Gajardo sostiene que la caída de la primera empresa "bota" a las demás, porque los inversores dejan de hacer aportes, requisito para que estos esquemas fraudulentos subsistan. Una idea similar tienen los académicos, en cuanto es un fenómeno que no se configuraría como una tendencia.
