Diario Estrategia
Después del escándalo de los Panama Papers, muchos han salido a rasgar vestiduras demonizando a las sociedades offshore, cuando estas son una importante herramienta de inversión a nivel internacional.
Afortunadamente, también innumerables abogados que trabajan en el ámbito comercial o tributario, las han defendido explicando sus principales características.
Quienes hemos asesorado a nuestros clientes en la adquisición de estas sociedades offshore, denominadas así porque son constituidas y registradas en un país diferente de aquél en que efectuarán sus operaciones, sabemos que tienen infinitos usos lícitos. Es un derecho de personas y empresas poder constituir sociedades en el exterior, si las necesidades de sus negocios y de sus inversiones lo requieren. También si la economía del país lo amerita. Pensemos tan solo en la Argentina del corralito bancario en el año 2001 o en el de cualquier otro país que pase por una crisis semejante. No puede haber el más mínimo reproche en que una persona o empresa desee invertir su dinero en el extranjero si está expuesto a situaciones tan graves como éstas.
Tampoco se puede reprochar a personas y empresarios que deseen pagar menos impuestos en forma legítima utilizando estas sociedades buscando países de baja tributación – los paraísos fiscales ya casi no existen-. Obviamente, el problema es la utilización de estas sociedades offshore de manera indebida. Algunos de los usos ilícitos más habituales son para ocultar patrimonio, dinero procedente de actividades ilícitas, para esconder dinero al Fisco o a las autoridades públicas de los países y para el lavado de dinero. Todos estos dineros provienen muchas veces del tráfico de drogas y del contrabando de armas. Obviamente esto merece el más amplio repudio, pero también lo merece el pretender generalizar tales actividades a todas estas sociedades. El conflicto estriba única y exclusivamente en el mal uso que se les dé y no en su existencia.
Se debe destacar, eso sí, que la estricta privacidad respecto de quienes eran los dueños de estas sociedades, era unos de los principales factores que permitió su uso en actividades ilícitas.
Esta privacidad se conseguía gracias las denominadas "acciones al portador", las cuales una vez emitidas podían circular libremente, siendo "endosadas" y sin que necesariamente existiera un contrato de compraventa que respaldara dicha transferencia, no siendo tampoco necesario llevar un registro indicativo de quiénes eran los actuales y verdaderos propietarios de una sociedad.
Esto permitió un gigantesco lavado de dinero en estas jurisdicciones. Pero no era el único factor. También lo era y es el secreto bancario. Pero no resulta lógico demonizar a las sociedades offshore, tampoco lo es terminar con el secreto bancario porque hay quienes abusan del mismo para lavar dinero.
Para esto existen las investigaciones judiciales y la facultad, prácticamente en cualquier país o jurisdicción, de que los tribunales levanten el secreto bancario en estos casos.
Desde 2009 la OCDE, a través del Foro Global, y a petición del G-20, ha venido liderando las transformaciones que permitan poner término a estas prácticas, principalmente el desconocimiento absoluto de quienes son los dueños de las sociedades.
Es el caso de Panamá cuya legislación, reforma mediante la Ley 47 de 2013, y luego la Ley 18 de 23 de abril de 2015, creó un régimen de custodia para las acciones al portador que permite conocer en todo momento quién es el beneficiario final de las acciones de una sociedad, quedando registrados los movimientos de estas.
Desconociendo estas nuevas realidades de las sociedades offshore, hay quienes han salido a rasgar vestiduras. Probablemente, los comentarios más desafortunados han sido en Argentina, donde el ex jefe de Gabinete de Cristina, Alberto Fernández, en forma aviesa, consideró a la constitución de sociedades offshore, como "el acto preparatorio de un delito".
En su errado concepto "estas empresas se hacen por dos motivos: evadir impuestos y lavar dinero", señaló en declaraciones a una radio, buscando enlodar la imagen del Presidente Mauricio Macri por el sólo hecho de que este hubiese sido director de una de estas sociedades en Argentina.
