El Mercurio
No pasaron ni 12 horas de aprobada la reforma laboral cuando la oposición ingresó el requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC), que busca que se declaren inconstitucionales cuatro normas del proyecto: Titularidad Sindical, Extensión de Beneficios, Negociación Interempresas y Derecho a la Información.
Las alarmas se encendieron temprano ayer en La Moneda. Los ministros Rodrigo Valdés (Hacienda), Ximena Rincón (Trabajo) y Marcelo Díaz (Segegob) llegaron a las 9:30 horas a la oficina del titular de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre, para reunirse por más de una hora. Según presentes, abordaron la estrategia del Ejecutivo ante la posibilidad de que el TC declare admisible el requerimiento, lo que debe comunicarse dentro de los cinco primeros días luego que tome conocimiento de la solicitud. Se revisaron también los detalles del escrito. Según fuentes del Gobierno, la titularidad sindical y la extensión de beneficios fueron los puntos que más causaron inquietud.
En forma paralela, los senadores Andrés Allamand (RN) y Hernán Larraín (UDI), junto a diputados de Chile Vamos, llegaban hasta las dependencias del TC para presentar el documento de 87 páginas. Allí acusaron que la reforma termina con la libertad de sindicalización.
Y mientras en la oposición ya definieron quién los representará ante el tribunal (el abogado constitucionalista Gastón Gómez), en el Ejecutivo están terminando de afinar un equipo que, según señalaron en Palacio, contaría con la participación de abogados externos, además de expertos del Ministerio de Trabajo y de la Segpres.
Fuentes oficialistas aseguraron ayer que el nombre que cobra más fuerza en el Ejecutivo para liderar los alegatos es el de Francisco Tapia, director del Departamento de Derecho del Trabajo de la Universidad Católica. Tapia integró la Corte de Apelaciones de Santiago, ha sido consultor de la OIT y en enero de este año defendió la reforma ante la Cámara de Diputados.
El equipo del Ministerio del Trabajo estará conformado por el subsecretario Francisco Díaz (PS) y los asesores Claudia Donaire (PS) y Ariel Rossel (DC). Y en la Segpres será la División Jurídica -encabezada por William García- la que llevará el tema.
En La Moneda, además, están preparando los argumentos que se basarán en dos informes realizados por los constitucionalistas Patricio Zapata y Pablo Ruiz-Tagle. El primero es el presidente del Consejo de Observadores y el segundo integró la comisión constitucional del comando de Bachelet. El informe de Ruiz-Tagle fue requerido por la oposición; sin embargo, el Gobierno no lo ha liberado. Desde el Ejecutivo afirman que el texto tendría advertencias y observaciones respecto de la constitucionalidad de la norma sobre extensión de beneficios.
"Cuando se preparaba el proyecto de ley se encargó un estudio, un informe en derecho al abogado Patricio Zapata, y con posterioridad se encargó uno al abogado Ruiz-Tagle. Ambos informes son parte de los respaldos que tiene el ministerio", señaló ayer la ministra Rincón.
El trabajo realizado por Zapata asegura que en el caso de la titularidad sindical, el hecho de que sea exclusiva del sindicato -como propone la reforma- no genera problema constitucional, sino que al contrario, está dentro del marco de delegación de la Constitución. Mientras, en extensión de beneficios -donde el proyecto del Ejecutivo establece que el sindicato tiene la prerrogativa de extender o no los beneficios de la negociación colectiva a los trabajadores no sindicalizados-, Zapata plantea que la normativa vigente (la empresa decide si favorece a todos los trabajadores por igual) limita la libertad sindical, ya que no existirían incentivos para negociar a través de sindicatos.
Misma postura manifestó el miércoles Rincón, quien en radio Cooperativa aseguró que le llama la atención que "la derecha nunca haya pensado que era inconstitucional que el empleador pudiera extender de por sí los beneficios pactados con el sindicato". La ministra dijo también que a pesar de que todo es "discutible", como Gobierno defenderán el proyecto ante el tribunal.
Por su parte, el vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, lamentó que Chile Vamos haya recurrido al TC. "El Tribunal no fue creado para eso, sino para dirimir puntos de vista discrepantes entre el Ejecutivo y el Legislativo", expresó a "El Mercurio".
Ayer por la noche, los ministros del comité político sostuvieron una extensa reunión para continuar revisando los detalles de la defensa.
