El Mercurio
Catorce investigaciones por filtraciones en las causas Penta, SQM, Corpesca y Caval tiene vigentes el Ministerio Público, las cuales, desde que asumió el actual fiscal nacional, Jorge Abbott, se han agrupado en la Fiscalía Regional Centro Norte.
La cifra se da a conocer luego que el Senado aprobara la semana pasada una modificación al artículo 182 del Código Procesal Penal (el cual establece el secreto de las actuaciones de la investigación para terceros ajenos), penalizando -entre 61 días a 540 días- a cualquier persona que viole el secreto.
El jefe de esa zona, Andrés Montes, tiene trece de estas causas, y sólo una es tramitada por el fiscal regional occidente, José Luis Pérez Calaf.
Todas las indagatorias partieron por la denuncia de alguna persona, ya sea interviniente -abogado defensor- o por un tercero que presentó un reclamo ante el Ministerio Público, como fue el caso de la UDI el año pasado, sostuvo, cuando era fiscal nacional Sabas Chahuán.
Pérez Calaf investiga una denuncia que se presentó en enero cuando Montes estaba como subrogante del fiscal nacional. Por ende, no la pudo derivar al fiscal adjunto que lo reemplazaba en la zona Centro Norte, ya que este tipo de causas deben ser indagadas por un jefe regional. Este caso es por la filtración del alzamiento bancario de la senadora Ena von Baer (UDI) en el caso Penta.
Expertos proponen acotación
Ayer, distintos actores cuestionaron la medida. El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, comentó que "habría que estudiarlo bastante. Es una especie de vuelta al secreto de sumario, algo parecido, si se trata de una norma que va impedir la publicidad".
Y agregó que "encuentro que puede ser cierto de que el acto de la formalización o publicidad pudiese empañar la imagen de las personas, pero de ahí a sancionar penalmente a quienes incumplan aquello, llama la atención", complementando que "en Chile siempre se ha legislado sobre caliente, salen las leyes cuando están más fuerte los hechos. Son facultades del Parlamento".
Académicos penalistas también dijeron que se debe precisar a quien se penalizará. El abogado y doctor en derecho de la información, Pedro Anguita, explica que "como la norma no distingue, podría ser acusada, y eventualmente condenada, cualquier persona, dentro de las cuales están los periodistas".
El decano de la facultad de Derecho de la U. Alberto Hurtado, Rafael Blanco, plantea que "habría que hacer precisiones (a la norma) con el objeto de que la sanción recayera efectivamente sobre aquel que tiene la titularidad de la investigación".
"Como está, va a ser muy difícil que se aplique en la práctica, porque no hace distinción. Se tiene que perfeccionar la norma", dijo la académica de derecho penal de la U. Católica, María Elena Santibáñez.
El Colegio de Periodistas dijo ayer que "el ámbito de aplicación de la normativa sería a todas las personas, incluidos los periodistas, recrudeciendo penas de manera desproporcionada".
Ejecutivo introdujo indicaciones
En dos sesiones de la comisión de Constitución del Senado en enero se discutió el tema de penalizar la violación de secreto. Y fue el fiscal nacional (S), Andrés Montes, quien primero propuso un inciso que prohibía a los fiscales emitir opiniones y dar a conocer antecedentes de investigaciones a su cargo.
Sin embargo, posteriormente los senadores que plantearon que debía establecerse una "sanción" para quien infringiera las normas de secreto. Montes explicó que el Código Procesal Penal ya establecía el secreto de las diligencias en la fase investigativa, pero después pidió aumentar el plazo de reserva y sancionar "de forma más contundente a los intervinientes", proponiendo crear un "tipo penal especial".
Sin embargo, al tratar sobre asuntos de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, fue la ministra de Justicia, Javiera Blanco, la que ofreció "la presentación de una indicación del Ejecutivo" para introducir estos cambios.
Así, las indicaciones donde se endureció la reserva de las indagatorias fueron firmadas por el entonces vicepresidente Jorge Burgos. Ayer, el ministro del Interior defendió la iniciativa aprobada en el Senado comentando que "lo que se ha puesto fue una norma de sanción para quién no guarde ese secreto".
