La Segunda
Registro Civil: Valdés dice que no hay más plata y gobierno retiraría la oferta
Hasta La Moneda escaló el conflicto del Registro Civil, cuyos funcionarios cumplen hoy 30 días de paralización provocando no sólo la molestia de los usuarios por los casi 2 millones de trámites pendientes, si no también un conflicto político dentro del propio gobierno.
Anoche la ministra de Justicia, Javiera Blanco, —quien está encabezando la crisis— llegó hasta el palacio de Gobierno donde pasadas las 9 de la noche se reunió con el vocero Marcelo Díaz, el subsecretario del Interior Mahmud Aleuy y el recién nombrado director del servicio, Luis Acevedo. También participó en el encuentro la jefa de gabinete de la Presidenta Bachelet, Ana Lya Uriarte, quien ha estado monitoreando el conflicto. Quien no estuvo en la cita fue el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés.
En la cita (que se llevó a cabo en el sector de Presidencia) el análisis fue uno solo: es imposible acceder a la petición de los funcionarios que —según sacan cuentan en el gobierno— significa $5 mil millones para menos de 3 mil trabajadores. Sólo como ejemplo, mencionaron que el presupuesto para la recién creada Universidad de óHiggins es de $1.328 millones.
Tras el rechazo de los funcionarios de la oferta que ayer hizo el gobierno (entregar el bono prometido a partir de 2017 y adelantar algunos recursos para fines de 2016), las cosas quedaron en punto muerto.
Primero, porque el ministro Valdés había advertido dentro del gobierno que si la oferta del Ejecutivo era rechazada por los funcionarios, simplemente la retiraría pasadas 24 horas para así recuperar esos fondos.
Y segundo, porque el ministro no está dispuesto a entregar más dinero a lo ya ofertado porque la negociación por el reajuste del sector público está ad portas de comenzar con la ANEF (que hoy se sumó al paro en apoyo a los funcionarios del Registro Civil). "Sería una pésima señal" comentó.
llegado a buen puerto. La verdad es que se hizo un esfuerzo importantísimo de abrir todas las demandas que ellos tenían, y no hubo acuerdo", dijo esta mañana el ministro Valdés
Aclaró que "estos paros no sólo son ilegales, son inconstitucionales porque la Constitución es bien clara en decir que el sector público no puede parar".
Y ante la pregunta de por qué no se sumó a las reuniones sobre el conflicto, señaló: "Este es un tema que lleva la ministra de Justicia. La ministra (Javiera) Blanco es la encargada superior de este servicio y, por lo tanto, no tiene sentido que no sea una realidad entre Justicia y el Registro Civil quien lleve esta negociación".
La oferta del gobierno para 2017 consistía en un reajuste de $388 mil adicionales al bono de satisfacción usuaria —de $1 millón 50 mil—, que los funcionarios del Registro Civil reciben una vez al año al lograr un 80% de cumplimiento de las metas.
Pero la oferta venía de la mano de mayores exigencias en el porcentaje de cumplimiento y nuevos criterios de evaluación.
Por eso, los funcionarios lo rechazaron: "Si nos aumentan los requisitos y exigencias para obtener el único bono anual que recibimos para mejorar nuestros sueldos, corremos el riesgo de perder un derecho ya ganado por los trabajadores porque si no cumplimos los nuevos criterios no recibiremos ni un peso", explicó esta mañana la presidenta de los funcionarios, Nelly Díaz, poco antes de sumarse a la marcha de que los empelados fiscales realizaron hoy en el centro de Santiago.
Por no atención: Usuarios pueden demandar
El profesor de Derecho Privado de la U. Católica Jaime Alcalde detalló que los usuarios que no han recibido atención a causa del paro al menos tienen dos caminos: "Aquellos que perdieron un viaje o no pudieron hacer alguna transacción pueden presentar una demanda ante algún juzgado civil contra el Estado, que se supone está obligado a proporcionar este servicios".
La otra opción, dijo, es para los extranjeros que no están siendo atendidos o parejas a las que se les impide casarse mientras al mismo tiempo se realizan los acuerdos de unión civil. "Deben presentar una denuncia ocupando la ley Zamudio ante el juzgado de policía local donde está ubicada la oficina que no los atendió".
