El Mercurio Legal
¿Qué rol debe jugar el juez en una sociedad democrática hoy? Esa es la interrogante que el profesor de derecho administrativo Alejandro Vergara abordó en un estudio sobre la materia que presentó ayer en la Universidad Católica. A su juicio, un "activismo racionalizado" es bueno y hasta deseable entre los magistrados del país y, en esta línea, argumentó que ellos no solo deben interpretar la ley, sino que deben utilizar, donde hay vacíos legales, los principios jurídicos para intermediar entre dos partes. Para lograr esto, agregó, es necesario que sean especializados, tolerantes y apolíticos.
"Un juez que falla según sus propias convicciones no es un juez democrático", sentenció, especificando luego que un magistrado tolerante es aquel que falla de acuerdo a las fuentes democráticas, que son la ley y la "conciencia popular".
Este último concepto fue precisamente el que generó más revuelo durante el encuentro. Así, la actual ministra y ex presidenta del Tribunal Constitucional (TC) Marisol Peña dijo no estar de acuerdo con, por ejemplo, la medida que se tomó en Colombia, donde ante ciertas situaciones difíciles, como las poblaciones desplazadas producto del conflicto armado, se creó en su carta fundamental una categoría especial donde se puede declarar "el estado de cosas inconstitucionales", facultando al ministro de Hacienda para utilizar el presupuesto público y, de esta forma, solventar iniciativas que le permitieran solucionar ese problema puntual.
Y aunque agregó que el ordenamiento jurídico puede cambiar con el tiempo, siguiendo la teoría de la "Constitución viviente", esto debe ocurrir sin modificar sus bases y principios. "Hay que aplicar la Constitución vigente y no la que nos gustaría", señaló, haciendo hincapié en que es "sumamente delicado" lo que plantea la Escuela de Génova, sobre la necesidad de los jueces de "poner oído a lo que está diciendo la gente en la calle". "¿Cómo podemos asegurarles a nuestros delegantes que estamos escuchando la voz correcta?", se preguntó la magistrada.
Por su parte, el también ex presidente del TC, Raúl Bertelsen, que se encontraba entre el público, secundó esta idea, mostrando su desacuerdo a que los jueces deban resolver las "lagunas en las leyes según los principios de la conciencia popular, porque podemos comenzar con las teorías de Savigny —citadas por Vergara en su investigación— y llegar hasta el nazismo", lo que lo convertiría, a su juicio, en un método peligroso. ¿Su solución? Resaltar la necesidad de aplicar los principios inmanentes del derecho.
En ese sentido, Vergara aclaró que el "espíritu popular" al que se refiere en su investigación se encuentra más ligado a ciertos fallos que se han dictado, como el del caso Sernac-Cencosud, en una sentencia de la Corte Suprema, que sirvió de precedente para juicios similares posteriores.
Activismo racionalizado
Otro de los panelistas en el seminario fue el ministro de la Corte Suprema Haroldo Brito, quien destacó el hecho de que los jueces sean representantes del pueblo: "Por eso los delegantes tienen derecho a exigir cierta conducta de los magistrados", aunque a continuación agregó que como una conducta incorrecta podría ser el politicismo y el activismo judicial, es necesario que éste último sea "racionalizado".
Además se refirió a la tendencia de los jueces a la hiperespecialización, derivado del mayor número de tribunales especiales para temas complejos, dejando así a su juicio, menos espacio para la interpretación de las leyes.
