La Tercera
Varias veces ha sido postergado el envío de la reforma al sistema de aseguramiento privado al parlamento por parte del gobierno. Y diversos sectores piden celeridad en esta tarea, con el objetivo de detener el proceso de judicialización contra las isapres, el que es llevado adelante por afiliados que buscan congelar el precio de los planes de salud.
En entrevista con La Tercera, la ministra del Tribunal Constitucional y académica de la U. Católica, Marisol Peña -quien en 2010 votó contra la modificación de la tabla de factores de riesgo usada por las aseguradoras-, afirmó que urge un cambio en el sector que dé una solución a los cotizantes. La magistrada también sostiene que la justicia "no es un mercado", refiriéndose a los estudios de abogados que se dedican a presentar recursos en favor de personas a las que se les ha subido la tarifa de su contrato de salud. Precisamente, esa tendencia es criticada por las empresas de aseguramiento.
¿En qué posición está la justicia que debe resolver miles de recursos de protección contra las isapres?
Mi opinión personal es que a los jueces nos ponen en un delicado predicamento. Pero, en realidad, lo que se nos pide es que resolvamos políticas públicas que, en mi concepto, son responsabilidad de los poderes como el Ejecutivo y el congreso. Ellos tienen que darse cuenta de que hay un grado de judicialización impresionante y eso es un detonante que se va incrementando cada día y no sabemos dónde va a parar. Eso es un llamado urgente a que ellos asuman la función a la que la Constitución los está convocando.
Respecto al reajuste de precios, que genera la judicialización, el fallo del TC plantea que lo que se cuestiona es la racionalidad con que se aplica esta adecuación de tarifas...
Aplicar racionalidad y proporcionalidad, significa un juicio de ponderación en cada caso concreto. Si una persona ha usado su plan de salud una vez al año y le suben el 400% el precio del plan ¿hay una racionalidad? Es difícil establecer a los jueces parámetros objetivos. Si la legislación diera criterios más aterrizados a las cosas, probablemente, podrían quedar solucionadas a nivel de las partes y se reduciría la judicialización.
¿Por eso se debiera establecerse un panel de expertos que regule precios?
La definición de eso es de los órganos colegisladores y soy respetuosa de eso.
Existen abogados que llaman a que los usuarios congelen la tarifa del contrato de salud, lo que es calificado por las isapres como una "industria". ¿Qué piensa?
El abogado no puede estar captando clientes, no puede estar haciendo propaganda porque la justicia no es un mercado. La verdad es que es que allí hay un severo reproche hacia quienes están aprovechandose de esta situación que, muchas veces, podría haber sido resuelta mediante una vía de negociación directa de las partes.
¿Los afiliados que acuden a las cortes se sienten desprotegidos?
Creo que no. Incluso el Estado tiene corporaciones de asistencia judicial. El Estado tiene responsabilidad de brindar apoyo y defensa jurídica a quien no puedan procurársela por no contar con los recursos. Pero veo que hay muchos abogados que tienen una suerte de aprovechamiento de esta situación, ofertando la presentación de un conflicto.
En su visión personal, qué elementos debiera tener un proyecto de ley que reforme al sector isapres.
En lo personal, sin desconocer que los factores de sexo y edad de una persona son elementos objetivos, espero que se llegue a una solución que compatibilice la realidad de paticulares que han decidido colaborar en el financiamiento de las prestaciones de salud, con criterios que tienen que ver con solidaridad y de justicia.
