El Mercurio
Fue un sinceramiento el del presidente de los empresarios esta semana, luego que la plana mayor del mundo económico privado se reuniera en coloquial ambiente con los flamantes ministros del Interior y de Hacienda.
Su preocupación -expresó Alberto Salas -, además de todo lo ya conocido en cuanto a las reformas tributaria y laboral, son las incertidumbres que plantea el compromiso del Gobierno con una Nueva Constitución, a cuya discusión "con participación ciudadana" la Presidenta puso fecha de partida: septiembre. Y si bien el procedimiento que le daría origen se ha "tragado" el debate, por la pasión que le ponen los partidarios de hacerlo a través de una asamblea constituyente -fórmula aparentemente, y solo aparentemente, descartada-, son los contenidos de aquella nueva Constitución los que comienzan a hacer ruido. Partiendo por el derecho de propiedad, asunto que no estaba en tabla ni en discusión desde los años sesenta.
Y si el presidente de la CPC sinceraba, como decíamos, su inquietud, al comenzar la semana, fue a mediados que el Banco Central vino a insistir en las mismas aprensiones. Su presidente, Rodrigo Vergara , explicó la caída en sus proyecciones de crecimiento y para la inversión -a 0,7%- en la desconfianza del sector privado, "cuya recuperación está tomando más tiempo de lo esperado". Más precisamente, argumentó que "reformas de la magnitud que se discuten hoy producen un cierto grado de incertidumbre". Y todavía más concreto: "Si hay incertidumbre sobre el derecho a la propiedad, evidentemente eso puede hacer que se posterguen inversiones y que se reduzca el crecimiento mientras esa discusión no se zanje".
Al terminar la semana salían al ruedo más voces hablando de la incertidumbre por la Constitución, como la del ex presidente del Banco Central, el DC Carlos Massad.
Cuánto de fantasmas, alharaca o realidad hay detrás de esos temores, es lo que fui a conversar con un constitucionalista de tomo y lomo, autor de varios textos sobre historia y análisis constitucionales. José Luis Cea es profesor de las facultades de Derecho de la UC y de la U; presidente de la Academia de Ciencias Sociales del Instituto de Chile; miembro del comité asesor del Consejo del Banco Central. Y si bien su posición opuesta a hacer una Constitución a partir de una "hoja en blanco" es conocida, sabido es también que el profesor Cea no es de los que militan en el inmovilismo y, por el contrario, apoya los cambios y las actualizaciones a las cartas políticas.
-¿Por qué cree usted, profesor Cea, que los empresarios han manifestado preocupación por el derecho de propiedad? ¿Hay sustento para ello?
-Siendo bien sincero, me llamó la atención. Pero quiero decir algo más: que esto se está haciendo muy tarde. Es decir las cosas, al fin, por su nombre, cuando todo está ya muy avanzado. Ellos se dan cuenta, por su actividad, de que el régimen económico que existe en Chile está fundado sobre una serie de derechos que caracterizan el estatuto del dominio, y eso se ve amenazado. Nunca antes se había apuntado tan directamente a la propiedad. Entonces, algunos empresarios estarán sacando la cuenta de la cantidad de piezas que se pueden mover en este puzzle. Lo que no creo, sin embargo, es que muchos hayan descubierto todas las claves de la fórmula con la que el programa de la Nueva Mayoría llega al derecho de propiedad.
Porque no se espera que una nueva Carta Fundamental pudiere hablar de "expropiaciones" o "estatizaciones" en estos tiempos; pero sí que ponga todos los dados a favor de permitirlas. Es lo que el profesor Cea detectó y me explicó.
Antes de entrar al fondo, me invita a compartir algunas observaciones personales que lo preocupan y lo sorprenden.
Lo impacta lo que califica como una "profunda crisis moral" que se ha ido generalizando y dramatizando en el país. Lo describe como una "pérdida de valores de la sociedad, una falta de discernimiento entre el bien y el mal, entre lo justo e injusto, entre la autoridad y la no autoridad". Lo que se refleja en el pillaje, en el vandalismo, en el femicidio, en la violencia contra los niños, el consumo de drogas...
-¡Cómo se puede discutir un cambio constitucional en este contexto! El ordenamiento jurídico reposa sobre ciertos valores como la buena fe, la honradez, la transparencia, la disciplina, la dedicación, el esfuerzo, la autoridad, los deberes y no solo los derechos. Por eso yo digo: qué sacamos con dictar una nueva Constitución si no nos preocupamos de que este asunto tiene un carácter ético.
Su segunda observación es para reconocer el éxito que han tenido los promotores de una nueva Constitución en el Gobierno, en cuanto a socializar la idea. "Sin reflexión se acepta" que lo que actualmente existe es ilegítimo a partir de su origen en la dictadura.
"De nada sirven las 34 reformas que se le han hecho -la última muy profunda en el gobierno de Lagos- durante los 35 años de vigencia que lleva. La gente no sabe lo que es una Constitución, pero cambiarla es algo que suena bien, y por ahí entran una serie de ilusiones".
Y una tercera observación, que es también una sorpresa, es que el tema constitucional esté convertido en best seller . Él mismo está sacando una nueva edición de uno de sus libros. Pero en los últimos días han salido ocho, de distintos autores, con grandes desacuerdos entre ellos.
"Si eso es en la academia, qué se puede esperar que pase en las asambleas y cabildos como los que propone la Presidenta".
-¿Cuál es la clave que según usted existe en el programa de gobierno para apuntar al derecho de propiedad?
-Esa clave consiste en desmontar lo que los ideólogos de una nueva Constitución llaman poderes contramayoritarios o poderes de veto. En primer lugar está el Tribunal Constitucional, y luego, y muy relacionados, los quórums de las leyes orgánicas constitucionales y las de quórum calificado. En esta categoría podría entrar el sistema binominal, pero eso ya se suprimió.
Al eliminar el control previo del Tribunal Constitucional sobre las leyes -especialmente las orgánicas constitucionales-, se interviene a fondo el orden jurídico que conocemos y se impone el imperio de la ley sobre la Constitución.
El profesor Cea explica este cambio con pasión.
-Se quiere resucitar el concepto de la ley como se entendía en la Revolución Francesa. Una ley sin controles preventivos, en que la mayoría manda, en que lo que dispone la ley es lo que hay que hacer. Después, ex post , se podría discutir. Eso pasa si al Tribunal Constitucional se le quitan los controles "previos" y se los transforma en ex post , a menos que se opte definitivamente por abolirlo.
"En ese cuadro, el derecho de propiedad queda entregado al arbitrio de una ley promulgada por una mayoría".
Por supuesto que no es solo el derecho de propiedad el que queda en entredicho. También el control de los medios de comunicación, el derecho a la vida y la libertad de expresión, por citar otros.
"No es necesario, entonces, que una nueva Constitución cambie las normas sobre expropiación. No cambian los criterios en cuanto a volver a las nacionalizaciones de Allende. Eso no está en el programa. Pero está la majestad dieciochesca de la ley, que es la voluntad de la mayoría que hace lo que quiere".
-Diga lo que diga la nueva Constitución, entonces, ¿todo puede ser cambiado en el Congreso, incluso los derechos fundamentales y, volviendo a los empresarios, las normas económicas?
-Sí, porque la Constitución como la conocemos es una garantía para el empresario y la inversión. En adelante, cualquier inversión -como la minera, o la agrícola, por ejemplo-, extranjera o nacional, puede quedar sujeta a lo que diga la mayoría legislativa. El punto es que se desconstitucionaliza el ordenamiento jurídico, la Constitución cae en importancia. Se transforma en una declaración lírica, en un poema. Esa es la pillería que está detrás de bajar los quórums. Y así, no hay necesidad de hablar de expropiaciones ni poner climas de terror. Basta con tener la mayoría en el Congreso.
-Según el programa de la Nueva Mayoría, la propiedad privada debe contemplar la idea de que la propiedad obliga y que su uso debe servir al mismo tiempo al bien común. ¿Cómo ve este enunciado?
-Me pregunto qué significa todo eso. ¿Qué significará que la propiedad obliga? Lo determinará el legislador. ¿Y que tiene que servir al bien común? También. Todas esas son cláusulas abiertas de contenido indeterminado, que el legislador llena según su real saber y entender, imponiéndose la mayoría del momento, sin la preocupación de que un Tribunal Constitucional diga "pare, eso la Constitución no lo permite".
Aprovecha el profesor Cea de recordar, y quiere que lo consignemos, lo volátil que puede ser el término mayoría, si se piensa que el cambio constitucional lo quiere hacer un gobierno elegido en circunstancias que menos de la mitad de los ciudadanos concurrieron a votar... "fue una primera minoría".
Otro frente que la nueva constitución abordará, según el programa, y preocupa -por el momento, a nivel de entendidos-, es el cambio de un Estado Subsidiario -que es el que hoy se consagra- por un Estado Social, o "Prioritario", como prefiere llamarlo Cea. De la mano de este último vienen los llamados "DESC", derechos económicos, sociales y culturales.
-El derecho a la educación, al trabajo, a la vivienda, a la salud son derechos éticos en toda sociedad democrática. Otra cosa es convertirlos en derechos exigibles al Estado, que tendría el deber de satisfacerlos.
El efecto que este cambio tendría sobre el ordenamiento jurídico-económico es evidente.
-La palabra "subsidiario" no está nombrada en la Constitución actual, pero se deduce cuando el Estado está al servicio de la persona humana. Y el Estado Social de Derecho es un Estado Prioritario, desde el momento en que es la prioridad por sobre la iniciativa privada; un punto que debe de haber alertado a quienes asesoran a los empresarios.
-¿Estos temas se conversan en el Comité de Asesoría del Banco Central?
-No. De hecho, el tema constitucional no lo hemos tocado nunca (Cea pertenece desde hace un año a este grupo consultor de tres, junto a Gustavo Favre y Santiago Meersohn).
-Y para terminar, ¿cómo ve usted la "geografía" de los ideólogos constitucionales?
-Si miramos hacia las figuras constitucionales del momento, hay que partir por las de La Moneda, que son fundamentalmente dos de mucha gravitación: Fernando Atria y Pedro Güell. Tomás Jordán es un joven que trabaja con ellos. Luego están los integrantes de los grupos constitucionales de cada partido, entre los que se puede destacar a Patricio Zapata, DC, un hombre sobresaliente. En RN está Gastón Gómez, y en la UDI, Arturo Fermandois, un hombre muy estudioso.
