La Tercera
La Presidente de la República ha anunciado que en septiembre de este año se dará inicio a lo que ha denominado "un proceso constituyente". Esta noticia ha tomado por relativa sorpresa –nadie puede afirmar que el tema constitucional no está en la agenda de discusión política desde hace un buen tiempo- a la opinión pública, y en particular, a los miembros del consejo asesor que propuso medidas contra los conflictos de interés, tráfico de influencias y la corrupción. Llama la atención el carácter presidencial del mismo. Ello, debido al hecho que el informe fue mantenido en reserva desde su entrega, y liberado a la ciudadanía conjuntamente con el anuncio sobre el proceso constituyente. La sorpresa de algunos ha ido acompañada también de desconcierto, toda vez que las conclusiones del consejo asesor han pasado a un segundo plano.
Pero lo que pareciera generar más focos de debate se refiere al sentido y alcance del citado proceso. No parece razonable exigir detalles pormenorizados de un mero anuncio presidencial realizado en una cadena nacional. Lo que produce verdadera incertidumbre son las interpretaciones perfectamente opuestas de un mismo comunicado. Así, para algunos el anuncio de un "proceso", en vez de una "asamblea", pone lápida al mecanismo de asamblea constituyente; en tanto para otros, la omisión de esta expresión dejaría intacta el deseo por esta preferencia.
Sin perjuicio de lo anterior, es claro que el debate sobre la composición de dichos cabildos, sus procedimientos, el modo de recolección de opiniones, su tabulación y procesamiento de datos, entre otros, se tomará la agenda deliberativa mucho antes de septiembre, sin que tengamos claridad respecto de las consecuencias de este ante-proceso constituyente.
Es aquí donde los partidos políticos y sus representantes en el Congreso, deben jugar –paradójicamente- un papel clave. Dado que su mandato democrático emana de sufragios libres, plurales e informados, constituyen la manifestación más genuina de la opinión ciudadana expresada en las únicas encuestas válidas: las elecciones, y ese mandato va mucho más allá de un mal momento de popularidad. Junto con lo anterior, el Parlamento es el único capaz de sopesar, moderar y articular las diferentes, y a veces contradictorias, demandas de los grupos organizados que únicamente buscan maximizar unilateralmente su interés.
La vocación al bien común, que deben tener los partidos políticos y finalmente el Estado, contribuye al bienestar de todos y cada uno, y no al interés de los mejor organizados, o de los que levanten más fuerte la voz. La democracia es también de los ciudadanos silenciosos no movilizados ni capturados por grupos de interés o facciones, y la única oportunidad de ser verdaderamente escuchados en términos de igualdad es precisamente en las elecciones. De ahí que el Congreso Nacional –éste o el futuro, elegido mediante un nuevo sistema electoral- no puede abdicar ni minimizar su rol esencial e ineludible en el proceso constituyente, sea cual sea su denominación.
