La Tercera

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La pérdida del escaño parlamentario o edilicio por infracciones electorales y el límite a la reelección son algunas de las medidas anunciadas por la Presidenta, propuestas por el consejo anticorrupción, que requieren de cambios a la Constitución para ser implementadas.

De hecho, ambas medidas ya cuentan con reformas constitucionales en proceso de discusión en el Congreso. Sin embargo, también hay otras propuestas que necesitarían de un eventual ajuste a la Carta Fundamental para evitar litigios de constitucionalidad.

Entre estos puntos discutibles, figura la franja radial obligatoria, la autonomía del Servicio Electoral y la restricción de ex autoridades para desempeñarse en el sector privado. "Algunas materias van a requerir reforma constitucional. Por ejemplo, el límite a la reelección, la pérdida el escaño con motivo de responsabilidad penal, conferir autonomía al Servel, la institución del Defensor Ciudadano.

Y en último lugar, es probable que se necesite reforma para mejorar el artículo 8 de la Constitución que reconoce el principio probidad", dijo Francisco Zuñiga, constitucionalista ligado al PS. "Considerando que hoy sólo tenemos lineamientos generales, hay que considerar dos cosas. Primero, algunas propuestas requieren reforma constitucional para ser implementadas.

Distinto es el caso de algunas propuestas, de reforma legal, que pudieran ser objetadas como inconstitucionales por infringir garantías constitucionales, por ejemplo, la franja radial gratuita -si no tuviera compensación o fuese muy baja- o restricciones intensas en materia de puerta giratoria que afecten la libertad de trabajo", dijo José Francisco García, constitucionalista de Libertad y Desarrollo.

El jurista DC Patricio Zapata también coincidió que la pérdida del escaño y las reelecciones son temas de la Carta Fundamental, pero hay otras materias, a su juicio, como la autonomía del Servel que no necesariamente lo requieren. "Ha existido una tentación de incorporar en la Constitución a los órganos autónomos, pero el Consejo para la Transparencia es autónomo y no está en la Constitución", explicó.