Pulso
25 constitucionalistas de nueve facultades de derecho trabajaron en un libro que se dará a conocer en las próximas semanas, adelantándose al debate por cambio a la carta magna.
El "Grupo de los 24" fue un grupo de juristas formado en 1978 para crear un proyecto alternativo de Constitución para el país, en contraste al anteproyecto de la carta magna de 1980, redactada por la Comisión Ortúzar. Por estos días un nuevo equipo denominado "Grupo de los 25", integrado por expertos de centroderecha, miembros de nueve facultades de derecho, afina un libro para fijar postura frente a la discusión constitucional.
Desde enero de este año han trabajado un camino propio al cambio constitucional que impulsará Michelle Bachelet en 2015. Coordinados por José Francisco García de Libertad y Desarrollo, el libro se basa en 19 trabajos que revisan cuatro ejes principales de Constitución, destacando la necesidad de "avanzar hacia un presidencialismo equilibrado".
Frente al capítulo I: "Constitución y cambio constitucional", los expertos descartan una asamblea constituyente como mecanismo, pero sí promueven un acuerdo en torno a reformas constitucionales, pese a reconocer que la actual carta fundamental ha sido la "piedra angular" de todos estos años con buenos resultados.
Se propone, por ejemplo, avanzar "en moderar el hiper presidencialismo", teniendo como base propuestas de los programas de Gobierno de Andrés Allamand y Evelyn Matthei para empoderar al Congreso (ver listado), también profundizando la descentralización e instalando un "estatuto general de autonomías constitucionales" que se extienda más allá del Banco Central, sino que a Superintendencias, Universidades, el INE, Servel, Consejo para la Transparencia y el SII, entre otros. También se plantea que la ciudadanía pueda recurrir al Tribunal Constitucional en la fase de control preventivo de las leyes.
En el segundo capítulo sobre: "Bases de la Institucionalidad" se plantea introducir, como inciso 2° del artículo 1° de la Constitución que "son personas los individuos de la especie humana, desde la concepción, y sin distingo de raza, sexo, estirpe o condición". La redacción actual sólo señala que las personas "nacen libres e iguales en dignidad y en derechos".
Y se hace una salvedad. En el actual artículo 19 n°1 de la Constitución se refiere a las "personas" como titulares del resguardo al derecho a la vida e integridad psíquica y física del individuo, pero según los autores paulatinamente se ha "deconstruido" el concepto de persona estableciendo como requisito que tomen conciencia de su propia existencia, algo que no correría, por ejemplo, para los que están por nacer.
De ahí que la propuesta impulsada por Ángela Vivanco (UC) sea eliminar el inciso 2 de dicho artículo y no relativizar este sólo a los que nazcan vivos. Es más, a su juicio despojar al embrión de la calidad de persona puede abrir el espacio a más "atentados" contra el derecho a la vida y dar más espacio a la legalización del aborto.
Frente al tercer capítulo denominado: "Derechos, deberes y garantías", contiene el trabajo de cinco profesores. Algunos destacan la importancia de realizar perfeccionamientos en materia de dichos derechos, pero sobre la base de que el actual artículo ha cumplido su objetivo. En esa línea, se destaca el rol jugado por el Banco Central autónomo, garantizando derechos como el de propiedad, iniciativa económica y entregado un marco adecuado a la actuación del Estado empresario.
El libro cierra con el capítulo IV: "Forma de Estado y de Gobierno. Separación y control de poderes", que incluye el análisis de ocho trabajos. Gran parte de este apartado se centra en el régimen presidencialista chileno y José Francisco García de LyD afirma que se debe "ponderar" y "avanzar hacia un presidencialismo equilibrado".
Así, se propone "entregar más facultades de control del Congreso hacia el Poder Ejecutivo, facilitando el uso de las interpelaciones de los parlamentarios a autoridades del Poder Ejecutivo", revisar el estatuto de los Decretos con Fuerza de Ley (DFL), "aumentar las potestades de nombramiento del Senado de algunas altas autoridades estatales (...) Por ejemplo, en todas las Superintendencias y misma regla podría operar respecto de los embajadores".
Esto, siguiendo el modelo en que el Presidente de turno propone nombres y el Senado ratifica. Y respecto a las tramitaciones mismas de las leyes, se propone un "sistema mixto de urgencias". Todo apuntando a hacer contrapeso a las facultades de la Presidencia.
