El Mercurio
Veinticinco constitucionalistas de nueve Facultades de Derecho se reunieron en enero pasado para iniciar un debate sobre un eventual cambio a la Carta de 1980. La idea de modificarla -o incluso reemplazarla- cobró fuerza durante la última campaña presidencial, entre algunas de las fuerzas que apoyaban a la entonces candidata a La Moneda Michelle Bachelet.
Los académicos -que se autodenominan Grupo de los 25 y, a la vez, se declaran herederos de una tradición "liberal y conservadora"- buscan generar una postura común frente al tema constitucional . Precisamente en ese marco, se aprestan a lanzar, bajo el sello Thomson Reuters/LegalPublishing, su primer trabajo: "¿Nueva Constitución o Reforma? Nuestra Propuesta: Evolución Constitucional". El texto reúne trabajos de diecinueve de los profesores y fue coordinado por José Francisco García, de Libertad y Desarrollo.
En cuatro capítulos, los investigadores revistan aspectos clave que van desde materias doctrinarias -como la discusión sobre el supuesto carácter "neoliberal" de la Constitución- hasta puntos específicos, entre ellos la opción de moderar el fuerte presidencialismo del sistema político.
Límite para quienes "detentan el poder"
En la primera parte ("Constitución y cambio constitucional"), el profesor Miguel Ángel Fernández sale al paso de los cuestionamientos a la Carta de 1980 y la cataloga como "pieza angular de cuatro décadas de enorme desarrollo y éxito". Hace ver, además, que es fácil mostrar a las constituciones como "camisas de fuerza", cuando en realidad son un "límite" para "quienes detentan, coyunturalmente el poder".
La profesora Ángela Vivanco se cuenta entre los especialistas que prepararon el segundo capítulo ("Bases de la institucionalidad"). Uno de los tópicos que aborda se relaciona con la idea de despenalizar en algunos casos la interrupción del embarazo. Previene concretamente que "despojar al embrión de la calidad de persona" puede abrir espacios "en que pueden legalizarse el aborto y otros atentados contra la vida". Y en esa línea, sugiere cambiar la Constitución, pero para estatuir que las personas existen desde el momento de la concepción.
En la tercera parte ("Derechos, deberes y garantías"), el ex embajador Arturo Fermandois descarta que la Constitución tenga una "formulación neoliberal" en el tratamiento de ciertos derechos esenciales, como libertad, propiedad, trabajo o salud. En el mismo acápite hace ver, en todo caso, que la consagración de garantías de este tipo "poco han influido en los aumentos de los índices de bienestar".
También en el capítulo III, el ex ministro Teodoro Ribera dice que el desarrollo económico de las últimas décadas es el que ha permitido "disminuir" la pobreza y la marginalidad". Prosperidad, cuyos fundamentos él sitúa en la Constitución.
"Presidencialismo equilibrado"
En el cuarto apartado ("Forma de Estado y de Gobierno. Separación y control de poderes"), uno de los aspectos tratados es el del marcado carácter presidencialista del sistema político chileno. En ese contexto, el profesor José Francisco García advierte que "las críticas a nuestro particular modelo presidencial (híper-presidencial; cesarista, etc.) son robustas y requieren de ser ponderadas". En esa línea, propone "avanzar hacia un presidencialismo equilibrado".
Una de las vías que sugiere es mejorar el "equilibrio Presidente-Congreso, especialmente en materia legislativa y de control de este último por parte del Congreso". Entre los cambios concretos que postula, se cuentan facilitar el uso de las interpelaciones parlamentarias al Ejecutivo y revisar la potestad de veto presidencial.
También considera pertinente moderar las facultades que tiene el Ejecutivo para manejar la agenda del Congreso, a través del mecanismo de las urgencias. Ello, por la vía de "establecer un sistema mixto", donde esa prerrogativa se comparta con la rama del Legislativo donde se discute el proyecto correspondiente.
